La esperanza era real para muchos. Morena modificaría la decepcionante Ley General de Comunicación Social de Peña Nieto, conocida como Ley Chayote, una regulación expedida por orden de la Suprema Corte a través de la emblemática sentencia que dio la razón a la organización Artículo 19 en 2017, cuando se ordenó al Congreso reparar una omisión, es decir, la Corte definió que el hecho de no legislar, cuando la Constitución ordenaba hacerlo desde 2014 a través de la reforma al artículo 134, violaba derechos humanos. La instrucción fue emitir la regulación garantizando que el gasto en comunicación social cumpliera con los criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, que respetara los topes presupuestales, límites y condiciones de ejercicio de los presupuestos de egresos respectivos. Pero el producto resultó cucho y, aunque sí se expidió la ley, esta no contiene los mecanismos para responder lo ordenado en la Constitución, es más de lo mismo.
La decepción de la sociedad organizada fue brutal, después de varios años de litigio y de lucha, la respuesta del gobierno de Peña Nieto y de esa legislatura fue atole con el dedo. Con el triunfo de AMLO y Morena en las elecciones de 2018, se veía cerca la posibilidad de modificar ese bodrio de ley. Los “progres” habían llegado al poder y tenían el quórum suficiente en el Congreso para cambiar el rumbo. Además, Olga Sánchez Cordero, la otrora ministra —también “progre”— de la Suprema Corte, era senadora y después ocuparía justo el cargo clave: la Secretaría de Gobernación, instancia administradora de este tema según la propia Ley Chayote, ¿qué podía salir mal?
La tentación ganó. La decisión discrecional del gasto en publicidad oficial, que da una enorme capacidad de negociación y control sobre los medios, resultó igual de seductora para los morenistas que para los “conservadores”. Se cerraron las puertas a la sociedad civil: la de presidencia y Jesús Ramírez Cuevas, coordinador de comunicación social de AMLO, quien solicitó desde la casa de campaña en verano de 2018 al colectivo #MediosLibres un proyecto de ley con los criterios que no habían sido incluidos por la Ley Chayote, para luego desentenderse del tema. Aún peor, los lineamientos que él emitió en abril de 2019 tampoco contienen los mecanismos de asignación para evitar la discrecionalidad.
Con los diputados, la puerta de Mario Delgado nunca se abrió, ni la llamada tomó para considerar el asunto. Olga también ignoró las peticiones, lo que sorprendió, pero sobre todo lastimó; cuesta trabajo pensar que se trata de la misma Olga: la ministra que votó contra la Ley Televisa y demostró sensibilidad social en varias de sus resoluciones, y la Olga de Segob que respaldaba, por ejemplo, la reelección de Jaime Bonilla en Baja California.
Entonces, ante la evidente falta de voluntad política para modificar la ley, Artículo 19 volvió a ampararse argumentando omisión parcial, es decir, sí se legisló, pero se hizo mal y el texto no cumple con lo ordenado. Al respecto, la Primera Sala de la Corte acaba de darle la razón otra vez a la organización e instruyó al Congreso a “subsanar las deficiencias de la Ley General de Comunicación Social antes de que finalice el siguiente periodo ordinario de sesiones correspondiente al año 2021.” Es una estupenda noticia, pero no servirá de nada sin voluntad política. Las dudas están sobre la mesa: ¿qué posición se tomará desde la nueva Secretaría de Gobernación? ¿Qué hará Jesús Ramírez desde presidencia? ¿Cuál de las dos Olgas operará este asunto?
Presidenta de Observatel, comentarista de Radio Educación. Twitter: @soyirenelevy
