Uno de los varios temas que requiere reflexión y rediseño regulatorio profundo es nuestro sistema de comunicación política. Se trata de un asunto que ha sufrido diversas modificaciones, parches que se han ido zurciendo a lo largo del tiempo, de conformidad con las filias y fobias de las diferentes administraciones. En todo caso, el Poder Judicial ha jugado un papel crucial en este tema, pues ha sido a través de sus sentencias que hemos podido templar un poco algunos extremos, aunque no siempre como querríamos pues los jueces también tienen un margen de maniobra acotado en lo jurídico y en lo político.
En esta entrega le voy a comentar dos temas importantes sobre el particular. El primero tiene que ver con la resolución de la Corte de la controversia constitucional 73/2020 presentada por el INE contra el Decreto del presidente Andrés Manuel López Obrador de abril de 2020, que disminuyó los tiempos fiscales de radio y televisión. Recordará usted este asunto en un momento: un impuesto que es pagado en “tiempo aire” por los radiodifusores y que nació en 1968, originalmente fue fijado en 12.5% del tiempo diario de sus transmisiones, después con Vicente Fox pasó a 18 y 35 minutos diarios para radio y TV, respectivamente, y con AMLO a 11 y 21 minutos. Esta decisión afectó a varios actores, entre ellos al INE, que tiene asignado por mandato constitucional un porcentaje de 12% sobre los tiempos totales que por cualquier modalidad tenga el Estado.
En su sesión del 2 de junio, la Suprema Corte validó el recorte que regaló AMLO a los radiodifusores resolviendo contra el INE. Aún hay que esperar a conocer el engrose de la sentencia para saber los detalles, pero resulta importante subrayar que estos tiempos no son del Ejecutivo, sino del Estado y, por otro lado, el hecho de que no sean empleados adecuadamente no significa que no resulten potencialmente útiles, con lo que la renuncia injustificada de AMLO es en menoscabo de las vías de comunicación e información del Estado.
El otro asunto tiene que ver con la Ley General de Comunicación Social , de mayo de 2018, mejor conocida como “Ley Chayote”, que fue controvertida por la organización Artículo 19 en un amparo que terminó con una resolución de la primera sala de la SCJN en la que dan la razón a la organización y ordenan al Congreso de la Unión modificar la ley, adecuándola a los criterios establecidos en la propia Constitución y en favor de diversos derechos fundamentales, a fin de regular la publicidad oficial y sus reglas de operación bajo criterios de transparencia. Pero el Congreso ha estado postergando este tema y el Poder Judicial ha sido bastante obsequioso con tal desacato. Finalmente, el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa otorgó al Congreso una -última- prórroga de 30 días hábiles que contará a partir del 1 de septiembre. Hasta ahora, esta ha sido una triste historia de omisiones, dilaciones y complicidades que se agravará si el resultado de las reformas a la “Ley Chayote” termina siendo lo mismo, o incluso peor de lo que actualmente tenemos. Hay que estar muy pendientes.
EN LA SOBREMESA
En el tema del rescate financiero de Altán, la empresa que tiene a su cargo la operación de la Red Compartida, el IFT autorizó la semana pasada diversas modificaciones como parte de su reestructura, entre ellas la inyección de alrededor de 161 millones de dólares por la Banca Mexicana de Desarrollo, con lo que alcanzará 61% de las acciones. Mientras el rescate avanza, seguimos sin saber por qué no funcionó la empresa y si es viable a futuro.
Presidenta de Observatel y comentarista de Radio Educación. Este artículo refleja su posición personal
Twitter: @soyirenelevy
