El viernes pasado, AMLO arremetió nuevamente contra el Inai durante su conferencia mañanera y dijo que para eso tenemos un poder independiente que puede dar cauce a la transparencia y rendición de cuentas: el Legislativo.
Más tarde, él mismo decía por Twitter: “Nos reunimos con senadoras y senadores que representan, con mucha dignidad, a nuestro querido pueblo e impulsan el movimiento de transformación de México”, y publicaba una foto en las escalinatas del Palacio Nacional con ellos: todos sonreían. Pocos minutos después, comenzaría la sesión legislativa gandalla que marcará un antes y después en el quehacer legislativo.
Como quien anuncia el inicio de la anarquía y el fin de un Estado de derecho que medio intentaba mantener en apariencias, inició una sesión legislativa sin precedentes por sucia, burda e ilegal, en la que, sin leer ni discutir, los senadores amlistas aprobaron 20 reformas en cinco horas. Iniciaron sin quórum, hubo dispensa de trámites a pesar de que ninguna iniciativa era urgente, no había sistema para pase de lista ni votación, y hubo otras violaciones al procedimiento legislativo.
Dentro de las modificaciones están la reforma constitucional para disminuir la edad para ser diputado de 21 a 18 años y para ser secretario de Estado de 30 a 25 años; la nueva Ley de Ciencias, entre cuyas aberraciones se encuentra la creación de un consejo directivo en el que participarán la Sedena y la Secretaría de Marina, pero no la UNAM, la UAM ni el IPN, y también desaparece al Conacyt; la Ley de Aeropuertos y la de Aviación Civil para dar control al ejército sobre el espacio aéreo y dar paso a su propia aerolínea de pasajeros; la Ley Minera, que representa una violación al T-MEC; la ley Federal de Derechos y la de Turismo, para otorgar 80% de lo recaudado en impuestos a turistas extranjeros para proyectos de Sedena; se extinguieron el Insabi y Financiera Rural; la Ley General de Bienes Nacionales, para centralizar las compras en la Secretaría de la Función Pública, y un largo etcétera.
Algo se rompió el viernes pasado: fue una demostración de fuerza de AMLO que dejó claro que ya no le importan tampoco las apariencias.
Ha transitado de “nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho”, a “el Legislativo también soy yo, y aquí está la fotografía”. Y, claro, ahora parece relativamente fácil y alentador decir que la Suprema Corte declarará todo esto inconstitucional, pero no es tan sencillo, por tres razones: 1) porque las reformas entrarán en vigor de inmediato y no es tan claro que la Corte vaya a suspenderlas; la regla es que las normas generales no pueden ser suspendidas; 2) el tiempo y la carga de trabajo juegan en contra de la Corte, y 3) se requieren ocho de 11 votos para la declaración de inconstitucionalidad y en la composición actual existe un frágil equilibrio: tres ministros ya son suyos (Zaldívar, Ortiz y Esquivel), así que con uno más que obtenga se rompe el sueño de la Corte superpoderosa.
Pero la gran pregunta que la oposición, la Corte, la sociedad civil, la industria y todos los ciudadanos nos debemos hacer es: ¿cómo vamos a interactuar con el actual régimen, cuando ha decidido jugar ya sin las reglas establecidas? Es como jugar un partido en el que un equipo cumple las reglas y el otro no. ¿Vamos a empezar todos a incumplir como él? Es lo que busca, quizás.
En todo caso, ¿cuánto tiempo falta para que AMLO decida abiertamente no acatar una resolución judicial? No mucho.
Para seguimiento del quehacer legislativo, le recomiendo, entre otras, estas cuentas en Twitter: @letroblesrosa @ErnestoGuerra_ @Juan_OrtizMX