Más allá del resultado que arroje la denuncia “anónima” a la que dio curso la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), así como otras que vendrán en cascada contra el exministro Arturo Zaldívar y varios de sus colaboradores, lo cierto es que el tema se ha colado de último momento en la campaña electoral.
Para pintar a Zaldívar no se requiere mucho, basta recordar algunos de los episodios durante su presidencia: la resolución del asunto contra la ley eléctrica, en la que aplicó una extraña magia matemática y manipuló el conteo de votos y con ello evitó la inconstitucionalidad de uno de los proyectos favoritos del sexenio de AMLO; difundió una “nota aclaratoria” que hizo pasar como si fuera emitida por la Corte sobre el tema de los derechos de las audiencias, advirtiendo que no revivían, lo que nunca se votó en sesión; su reformulación de la pregunta sobre la consulta del juicio a los expresidentes; su silencio cómplice ante el favor de AMLO que pretendía ampliar inconstitucionalmente su mandato como presidente de la Corte… ¿A quién sorprende entonces que este personaje tenga decenas de denuncias por manipulación y coacción?
Su salida adelantada de la SCJN cumplió, ahora lo sabemos, una doble función: permitir a AMLO nombrar una ministra a modo, pero también escudarse tras la falda de Claudia Sheinbaum ante las inminentes denuncias después del sorpresivo triunfo de Norma Piña como presidenta de la Corte y no de Gutiérrez Ortiz Mena, como era su deseo.
El tema no viene solo. Arrastra también la iniciativa de reforma de los artículos 129, fracción XIII, y 148 de la Ley de Amparo que está por votarse en el Congreso para eliminar cualquier posibilidad de suspensión general de normas consideradas inconstitucionales en los juicios de amparo.
Lo grave es que actualmente se trata de una excepción que otorga una cierta discrecionalidad al juzgador para dar efectos generales a suspensiones que, de no concederse a todos, se causaría mayor afectación al interés general. Esto responde a la evolución de la figura del amparo de la mano de los derechos fundamentales. Eliminarla es regresiva e inconstitucional, pero más allá de eso, causará problemas concretos a mucha gente.
Pero el manejo mediático y político que se vaya a dar a las denuncias contra Zaldívar en estos próximos días podría jugar de búmeran si no se sabe manejar por la oposición, y a favor de Morena si logran victimizar al mago.
El problema, verá, es que estamos frente a dos fuerzas desequilibradas: por un lado, una oposición desarticulada y con algunas figuras narcisistas e individualistas que hacen más por colocar sus propias piezas, en lugar de pensar en un verdadero proyecto de país. Fuerzas que no suman, sino que restan, porque empujan en sentidos distintos, mientras en el extremo oficialista tenemos un grupo más amalgamado, con el poder de ser gobierno, y el impulso de aferrarse al poder como única posibilidad de supervivencia, ya no sólo política, sino sobre todo para esquivar juicios de responsabilidad y, eventualmente, la cárcel. Difícil equilibrio. Pero fue AMLO quien puso el tema en la agenda, diciendo que Zaldívar encargaba asuntos a los jueces. ¿Inocente? No, de la mayor perversidad, ahora lo tiene sub-yugado. ¡Ay, Arturo!, veremos si tu magia logra ahora dispersar esta tormenta.
EN LA SOBREMESA
Después de 15 días de intermitencias y fallas en la red de Altán, que dejaron sin servicios a miles de personas y comunidades desconectadas, ni su director, Carlos Lerma, ni Promtel, ni el Instituto Federal de Telecomunicaciones han dicho nada. ¿Qué hubiera pasado si lo mismo sucede con Telcel o AT&T?
