Muy molesta estaba la presidenta Claudia Sheinbaum con el Instituto Federal de Telecomunicaciones por el supuesto otorgamiento de concesiones de último minuto, es decir, justo antes de que se publicara la reforma constitucional de simplificación orgánica que establece el régimen de desaparición de los órganos autónomos, incluido el IFT. “Esto se va a revertir”, dijo, “es un albazo”.
Todos nos preguntábamos a qué concesiones se refería. Vaya, ni los propios comisionados lo sabían. Ya después nos aclararon, ella y José Merino, en la conferencia mañanera del día siguiente (27 de diciembre), que no, que no se trataba de concesiones, sino de la licitación número 12 que dio a conocer el IFT mediante un comunicado del 19 de diciembre. En esta licitación, que iniciaría el 27 de enero de 2025, se pondría a disposición del mercado una buena cantidad de espectro, incluyendo el de la jugosa banda de 600 MHz, y de la históricamente polémica banda de 2.5 Ghz.
Para Merino, director de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, esta licitación no debió haber sido definida ni publicada por el IFT, y confirmó que deberá frenarse. Al respecto, consideró que deben revisarse los siguientes puntos:
1. La licitación debe ocurrir con la configuración final del nuevo regulador.
2. No cumple a cabalidad con algunos objetivos de cobertura social.
3. El cobro del espectro.
Más allá de estar de acuerdo o no con el momento que eligió el IFT para publicar la licitación, de la parte técnica de su diseño, o bien de la falta de apetito del mercado para comprar más espectro, cuando más bien lo están regresando por caro, sorprende y lastima la forma, y sobre todo la virulencia con la que se manejó el tema desde la Presidencia.
Sorprende porque se trata de un proceso que lleva meses (más de un año) y que ha sido público, tanto que incluso Promtel, el organismo promotor de inversiones sectorizado a la SICT, no sólo participó en los comentarios de la consulta, sino que estuvo a favor. Así que, albazo no fue. Sorprende también que no se hayan buscado canales directos de comunicación para resolver el tema, no tengo duda de que así habría sido; coincido en que es una licitación muy importante y debió involucrarse a los nuevos actores políticos.
Este episodio lastima por la falta de precisión y de rigor técnico de la Presidenta: confundir el otorgamiento de concesiones con la publicación de una licitación no es cosa menor. También lastima la amenaza de revertir procesos que no gusten a la Presidencia, pese a ser legales, con lo que el temor de que se revisen otros actos de los autónomos ha quedado sembrado: más incertidumbre e inseguridad jurídica, a pesar de que la propia reforma constitucional establece que los actos emitidos por los órganos serán válidos. Este proceso de diseño, como le dije, había iniciado hace mucho, e incluso ya habían pagado al consultor. ¿Con qué justificación lo pudo haber congelado el IFT? ¿Y la responsabilidad?
Forma es fondo, y esta decisión de Sheinbaum de salir a medios a decir que se revertirá la licitación por las buenas o por las malas —ya involucró a Ernestina Godoy— me parece, como dicen en el futbol americano, “rudeza innecesaria”. Por lo pronto, con este episodio el IFT perdió toda autoridad: la ventanilla ahora será la Presidencia, y esta licitación está muerta, pues, aunque siguiera adelante, ¿quién querría participar en estas condiciones? Me cuesta trabajo pensar que no encontraron otros canales menos corrosivos para detener el proceso. Irán apareciendo poco a poco las piezas de este rompecabezas.
Abogada, presidenta de Observatel y comentarista de Radio Educación
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