Denise Chávez, de 37 años, pasó nueve años y medio en prisión en Baja California por un delito que no cometió. Fue violada y sufrió tortura sexual por parte de elementos de la Policía Estatal Preventiva y de la entonces Procuraduría de Baja California. Salió libre apenas hace unas semanas, el 20 de septiembre. “Es que mi caso no avanzó nada hasta que lo tomó la Defensoría Pública (del Poder Judicial Federal) hace apenas unos meses, incluso mi familia pagó abogados particulares antes, pero nada pasó, no tengo más que agradecimiento para la defensoría, se portaron increíble, sin ellos seguiría en la cárcel”.
La defensa jurídica adecuada es un derecho humano que el Estado tiene la obligación de garantizar y que cobra medular importancia entre la población de menores recursos. Es precisamente el Poder Judicial Federal (PJF) quien garantiza este derecho a través del Instituto Federal de Defensoría Pública que actualmente lleva la representación gratuita en más de 32 mil 500 asuntos y más de 41 mil 340 asesorías jurídicas en 147 lenguas diferentes, en 138 localidades del país.
Pero el presidente López Obrador no está de acuerdo con Denise ni con su hija de 17 años que pasó la mitad de su vida sin su mamá: “No hay nada que haya hecho el Poder Judicial en 36 años de política neoliberal, bueno hasta la fecha, nada en 40 años en beneficio del pueblo, no es posible, todo lo que han hecho ha sido en favor de las minorías, legalizar la corrupción, legitimar el robo, nada, pero nada, nada, hay que ser objetivos”, dijo López Obrador en su mañanera del 17 de octubre pasado.
Lo que quizás Denise no sabe cuando agradece tanto a la Defensoría, es que el presidente detesta los límites y odia los contrapesos, la crítica y el desacuerdo: odia a la sociedad civil, a la oposición, a la academia, a los medios de comunicación y mucho, mucho más al Poder Judicial. Por eso en Morena están por votar un recorte presupuestal de más de 32% al PJF que podría concretarse en la Cámara de Diputados esta misma semana.
¿De cuánto estamos hablando? Mire usted, todo el PJF solicitó recursos que representan 0.9% del gasto neto total del Presupuesto de Egresos de la Federación y sólo 0.26% del PIB, cifra muy por debajo del promedio en Latinoamérica que es de 0.56%. En México sólo tenemos cinco jueces por cada 100 mil habitantes, mientras que el estándar internacional es de 65 por cada 100 mil. Mal y estará peor si aprueban el recorte.
Denise Chávez me dijo que ella quiere justicia: “para mí esto no se ha terminado, el gobierno de Baja California debe reparar el daño que me causó a mí y a mi familia, merezco una reparación integral, quiero que castiguen a los policías que me torturaron y que me violaron y que vayan a la cárcel, quiero una disculpa pública y necesito apoyo médico y psicológico, perdí 10 años de mi vida. Pero me da miedo seguir luchando porque estas personas están libres y corro un riesgo. Me ofrecieron custodia para cuidarme, pero cómo voy a aceptar que me custodien de entre los mismos que me violaron”.
Según el Inegi, 27% de los hogares en México tuvo al menos una víctima del delito en 2022. La seguridad, la policía, el ministerio público, las procuradurías y fiscalías forman parte del poder ejecutivo, y a nivel federal, pues López Obrador es el responsable (la fiscalía no es autónoma en los hechos). Así que hay algo aquí que no hace sentido, mientras Denise quiere que aumenten los recursos a la Defensoría que nos defiende gratuitamente de las barbaridades de la policía y de las autoridades en general, López Obrador quiere recortarla y hasta desaparecerla.
Abogada, presidenta de Observatel y comentarista de Radio Educación
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