Ni foros, ni eventos, ni cursos, ni charlas, lo que únicamente parece funcionar en este sexenio para cambiar el curso de las cosas es el litigio estratégico. “Funcionar” a fin de lograr que, aunque sea de manera reactiva y aceptando un inevitable nivel de daño, prevalezca cierto estado de derecho. En esa lógica, Observatel A.C., que dirige Michel Hernández, ha presentado algunos amparos que tienen como objetivo “corregir” el curso jurídico de ciertas acciones u omisiones, tales como el asunto del Panaut, que pretende recabar nuestros datos biométricos, o el relativo a la falta de nombramientos de comisionados del Instituto Federal de Telecomunicaciones y la Comisión Federal de Competencia Económica, del que le hablaré en esta entrega.
Estos organismos autónomos cuentan con un pleno de siete comisionados cada uno, pero actualmente sólo tienen cuatro debido a que el presidente Andrés Manuel López Obrador no ha realizado los nombramientos como corresponde. El procedimiento de designación indica que el Comité de Evaluación, compuesto por el Banco de México y el Inegi -antes también lo integraba el INEE, que desapareció en 2019- a través de una selección de perfiles y un examen de conocimientos, envía al Presidente una lista con las mejores calificaciones; él elige un nombre por cada vacante y el Senado lo ratifica, por mayoría de dos terceras partes, o lo rechaza; en este último caso, el Presidente debe volver a proponer otro nombre de la misma lista.
¿Por qué es importante que estos organismos estén completos? Porque hay ciertos temas que requieren de una mayoría de al menos cinco comisionados para que puedan ser votados, pero también porque esta omisión rompe con el orden constitucional, y altera y daña a las instituciones. Inclusive, el propio Senado se ve afectado, porque le impide el ejercicio de sus facultades. Ahora bien, ¿qué hacer para que AMLO cumpla con su obligación y nombre comisionados? La Cofece ya interpuso una controversia ante la SCJN y Observatel un amparo; dentro de este proceso, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal respondió, en su informe justificado, que las convocatorias y las listas de candidatos propuestas por el comité carecen de validez, porque éste no se encuentra debidamente integrado ya que, cuando el INEE desapareció, debió sumarse en su lugar a la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente de la SEP, lo que no ocurrió y, por ello, el Ejecutivo no reconoce lo realizado por dicho comité. Eso dicen. Lo curioso es que AMLO, sus asesores jurídicos, o ambos, no pensaban lo mismo antes, ya que nombró a una comisionada de Cofece en 2020 e hizo dos propuestas para el IFT que fueron rechazadas en marzo de 2021 por el Senado, sin que hasta la fecha haya realizado nuevas propuestas.
Lo que sostiene la Consejería es un sinsentido jurídico, porque para sustituir al INEE en el Comité de Evaluación se requeriría reformar la Constitución pero, más allá de eso, resulta muy preocupante la incongruencia: un día nombro de las listas y al siguiente desconozco su validez; y peor aún, justificar de esta forma la falta de cumplimiento de una obligación. Si esa es la posición que mantendrá AMLO a partir de ahora para congelar a ambos organismos, lo que sí es consistente con su desprecio por los autónomos, entonces será el Poder Judicial el que tenga la última palabra, para variar. Y mientras este amparo continúa su trámite, aquí otro capítulo más del desprecio al Estado de derecho de esta administración, asidua creadora de productos jurídicos burdamente inconstitucionales porque, como me dijo un amigo a propósito de este tema, “se animan a todo impúdicamente”.
Presidenta de Observatel y comentarista de Radio Educación
Twitter: @soyirenelevy
