SHCP

Busque usted en internet “precio del espectro radioeléctrico en México” y encontrará las palabras “alto”, “caro”, “muy caro”, “más caro”. Cada año, la lucha de los operadores y del regulador es la misma: hacer entender a la Secretaría de Hacienda y al Congreso de la Unión que un costo alto del espectro lleva a menor recaudación directa e indirecta y, peor aún, es un elemento que incrementa la brecha digital. El año pasado, el IFT licitó 41 bloques en las bandas de 800 MHz, AWS, PCS y 2.5 GHz y 38 quedaron desiertos. En 2020, Telefónica renunció a la mayor parte del espectro que tenía en México y se convirtió en un comercializador más, con lo que perdimos a un operador que competía en la cancha de América Móvil y AT&T.

Hace unos días, la Secretaría de Hacienda presentó el paquete económico 2023 al Congreso, y la buena noticia es que decidió no ajustar al alza el monto de los derechos del espectro, es decir, se quedarían como fueron previstos para 2022, lo que, considerando que la inflación está siendo especialmente alta durante este año, es un buen avance. La política recaudatoria del sector requiere una revisión integral para armonizar los costos de las diferentes bandas y establecer incentivos donde se requieren a fin de contar con una política justa y con miras a aumentar la conectividad y la competencia. Este año será otro sin contar con esta profunda reforma, pero sí es importante destacar que, a diferencia de otros años, Hacienda ha mostrado la sensibilidad que antes no se veía. Esperemos que el Congreso fluya con esta plausible propuesta.

COFECE

, le contaba sobre el poco entusiasmo mostrado por la Cofece para investigar prácticas comerciales nocivas relacionadas con mercados digitales. Ahí tiene usted el caso de una denuncia contra Google y Apple en la que hizo al promovente más de cien requerimientos de información. Frente a este escenario, el denunciante se desistió e hizo la denuncia ante el IFT, considerando que no es claro qué organismo es competente. ¿Y qué cree usted que pasó? Sorpresivamente, por las mismas conductas de la denuncia.

Raro, ¿no? La Cofece no sabía ni qué marco regulatorio aplicar, pues hasta eso le preguntó al denunciante, y resulta que días después, sin que le respondieran el requerimiento de información, inicia la investigación de oficio. No le busque: la razón es el estúpido celo competencial con el IFT que se lleva entre las patas a los usuarios. El problema ahora es que será el Tribunal quien decida quién es competente, lo que retrasará su avance. Evidente, pero sobre todo triste, la mala fe de la Cofece en este asunto. Sus erráticas acciones no pueden dejar de despertar dudas sobre su probidad o, peor aún, sus intereses. Todo esto con cargo a la cuenta del prestigio institucional.

EN LA SOBREMESA

El IFT nombró la semana pasada a los 15 integrantes de su Consejo Consultivo (CC): 1) lejanamente paritario, tiene 10 hombres y cinco mujeres; 2) no hay nadie de sociedad civil, y 3) incluyeron, equivocadamente en mi opinión, a Mario Fromow, un excomisionado que recientemente salió del Instituto. El CC debe ser un contrapeso del IFT y un excomisionado tiene un claro conflicto: primero, su capacidad de análisis y crítica se verá acotada, al menos, por todos aquellos asuntos en los que él estuvo involucrado y, segundo, su compromiso moral con la institución y sus excolegas probablemente lo limite mucho más. Creo que esa no es la filosofía del Consejo y su nombramiento lo desnaturaliza.

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Presidenta de Observatel, comentarista de Radio Educación. Este artículo refleja su posición personal
Twitter: @soyirenelevy