“Son unos gandallas”, me decía ayer un amigo a propósito del abuso de las plataformas digitales, “después de subir un montón de contenido que tuvo muchas visitas, te llega un mensaje de la empresa diciéndote que has ganado 6 dólares”. Y es que no existe prácticamente nada que los regule. ¿Quién los enfrenta? Pues Canadá acaba de hacerlo, y en junio pasado se aprobó la ley C-18 sobre las noticias en línea, después de una similar iniciativa en Australia.
Los anunciantes están migrando aceleradamente su publicidad a plataformas como Meta y los medios locales están quedándose sin dinero para pagar a sus articulistas, lo que está depredando la calidad del periodismo. La ley C-18 propone un régimen para regular las plataformas que actúan como intermediarios digitales dominantes en el ecosistema de medios de noticias. Así, empresas como Google o Meta ahora deberán negociar con los medios locales el pago de una compensación cuando los enlaces a sus textos y artículos sean puestos a disposición del público a través de sus plataformas. Con ello se busca promover negociaciones justas entre ambos actores a través de procesos que alcanzan incluso el arbitraje, en caso de no llegar a un arreglo.
Y aunque la ley entrará en vigor en diciembre, luego de que se cuente con la reglamentación que detalle su contenido, Google y Meta se adelantaron y han optado por el bloqueo de los enlaces que llevan a las noticias de medios canadienses, en lugar de acatar la ley y pagar. Sobre el tema, ambos gigantes se pronunciaron diciendo que lamentaban esta decisión del gobierno canadiense. Kent Walker, presidente de asuntos globales de Google, mencionó que ninguna de sus propuestas de modificación a la ley fue tomada en cuenta y que no hay certidumbre de que la regulación secundaria resolverá los problemas estructurales que se tienen en la ley; por ello, no esperaron a que entrara en vigor y bloquearon ya los contenidos de noticias locales. Walker afirma que la ley los obliga a pagar simplemente por mostrar los enlaces de las noticias (“impuesto a los enlaces” o “link tax”), algo que todo el mundo hace gratis; además, los expone a una responsabilidad financiera “simplemente por facilitar a los canadienses el acceso a las noticias de los medios de Canadá”, lo que, según Google, está valuado en 250 millones de dólares anuales. Como respuesta al bloqueo, el gobierno de Canadá y el de algunas provincias, en solidaridad, retiraron su publicidad de ambas plataformas.
“El mundo está observando”, dijo el ministro del patrimonio cultural canadiense, Pablo Rodríguez, principal promotor de esta ley: “mantener el estatus quo no es una opción”. Para el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, no es una cuestión de publicidad, sino un tema de democracia y, si los gigantes tecnológicos no lo entienden, dijo, “nosotros no vamos a retroceder”. Sin embargo, para el académico Michael Geist, se trata de una situación en la que todos pierden, especialmente los medios pequeños e independientes que no cuentan con las vías para difundir ampliamente su contenido.
Obviamente, la opinión sobre la ley C-18 está muy dividida e, incluso, politizada. Lo cierto es que el poder de los gigantes de la tecnología cada vez crece más en todos los ámbitos, sin que exista un verdadero contrapeso a nivel de reglamentación. La frontera entre la libertad de expresión y regulación puede ser, en efecto, delgada, pero me parece que se está abusando de esta fina línea para evitar contar con límites. Veremos si Canadá resiste las presiones.
Presidenta de Observatel y comentarista de Radio Educación
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