Google Play y Apple Store concentran, fuera de China, más de 95% del mercado de distribución de aplicaciones. Si yo diseño una aplicación, no venderla en alguna de esas dos plataformas es un fracaso casi seguro: ¿quién sabrá que existo? Y estos dos gigantes conocen bien su poder monopólico porque, además, ellos no compiten entre sí. Dentro de las condiciones que les imponen a los desarrolladores, está la obligación a que todo pago se realice de forma exclusiva mediante los procesadores de Google y Apple, cobrándoles, adicionalmente, una comisión de entre 15% y 30% por cada aplicación, o bien un pago periódico en caso de una suscripción.
La Comisión Europea, Gran Bretaña y Holanda ya están investigando a Google Play; en India, Estados Unidos , Europa, Japón y Australia, también a Apple Store . Mientras tanto, en México, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), que preside Brenda Hernández, ha peleado ferozmente contra el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) para tener las atribuciones de los mercados digitales. Tanto que, en marzo de 2020, publicó un documento llamado Estrategia Digital Cofece , en el que manifiesta su preocupación por “la realización de prácticas anticompetitivas por grandes jugadores globales de tecnología” y termina haciendo un compromiso con México (así le llama): “La Cofece pondrá todo su esfuerzo para asegurar el desempeño eficiente de los mercados digitales por medio de la competencia y libre concurrencia”. Más aún, en julio de 2020, agregó a su estructura una nueva Dirección General de Mercados Digitales.
Con todo esto que le comento, uno pensaría que este organismo ha decidido entrarle al tema de los mercados digitales seriamente: pues fíjese usted que no. Hace unos meses se presentó una denuncia contra Google y Apple, precisamente por las prácticas que le comento, y la autoridad investigadora de la Cofece, a cargo de José Manuel Haro, requirió al denunciante para que le presente, en 15 días hábiles, más de 100 complejos temas con información y documentos, bajo advertencia de tener por no presentada la denuncia en caso de no cumplir. Le pide, entre otras cuestiones, que: “describa el marco normativo de los mercados de distribución de apps y procesamiento de pagos de bienes digitales en México, los ordenamientos jurídicos que han promovido, regulado y normado estas actividades en México de 2017 a la fecha”; “señale si existen lineamientos técnicos emitidos por alguna autoridad competente que deben cumplir los Agentes económicos que participan en el mercado de distribución de apps y el procesamiento de pagos”; “detalle cómo se integra la estructura corporativa de Apple y Google en México (controladora, filiales, subsidiarias, etc.”). Solo faltó solicitar al denunciante que redactara de una vez el proyecto de resolución: ridículo. Pero esto no es nuevo; ya en 2019, la Cofece desechó por “notoriamente improcedente” una denuncia contra Amazon en la que se acusaba a la empresa de obligar a los vendedores a no ofrecer mejores condiciones en otros canales distintos.
Y aunque ahora el tema está en la cancha del IFT, merecemos una explicación de por qué la Cofece busca acaparar atribuciones y no ejercerlas. ¿Para qué crearon un área específica de mercados digitales? ¿Para pedirle a los denunciantes que les hagan su trabajo, o para abrumarlos y que terminen por desistirse? Así, mientras en el mundo se investiga este y otros asuntos digitales, en México la Cofece le pregunta al denunciante qué regulación debe aplicar. El golpe, para variar, es contra los consumidores.
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