Las grabaciones de las conversaciones telefónicas entre el fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero , y Juan Ramos López , fiscal Especial de Delitos Federales, son ilegales. La intervención de las comunicaciones es un delito y su difusión viola la privacidad de ambos funcionarios públicos; eso es muy grave y no debemos normalizarlo. Sin embargo, dichos audios revelan situaciones de interés público que no podemos pasar por alto, a pesar del ilegal origen de la información. En ellos se discute la situación judicial de A lejandra Cuevas Morán , la hija de la expareja de Federico Gertz, hermano del fiscal general, una mujer que fue aprehendida —incluso contando con un amparo— por su supuesta participación en el homicidio de Federico; una mujer que lleva más de 500 días en la cárcel y cuyo oponente no es el ciudadano Alejandro Gertz: es el fiscal general y toda la fiscalía general que litiga en su contra.
El asunto de Alejandra Cuevas está listado para discusión por el pleno de la Corte el 14 de marzo y su importancia ha trascendido la de un particular y la de una familia: Alejandra Cuevas encarna también la legalidad, la autonomía del Poder Judicial y su rechazo a la corrupción; este asunto muestra el grado de descomposición de las instituciones de nuestro país.
México tiene un fiscal general que litiga asuntos personales desde su investidura y que, además, lo hace utilizando recursos humanos y materiales de la FGR; un fiscal que obtuvo ilícitamente el proyecto de sentencia antes del momento procesal correspondiente, logrando así una ventaja frente a la otra parte. Después de escuchar los audios sabemos también que el fiscal general de México está enojado, muy enojado porque “esa pendeja” va a salir de la cárcel si el proyecto de sentencia , cuyo sentido no le gustó, es votado a favor por los otros ministros de la Corte; al fiscal no parece importarle la justicia: su objetivo es que “esta vieja” no salga de la cárcel. Pero el fiscal general de México aún está esperanzado porque tiene “tres o cuatro ministros que nomás no se la van a dejar pasar” (a Pérez Dayán); también le da paz que, supuestamente, el presidente de la Corte le haya dicho que “si hay un solo ministro que pida más tiempo para estudiarlo” se detienen.
Los audios demuestran también que México tiene un fiscal que no conoce el sistema judicial, que dice hablar con el ministro presidente de la Suprema Corte sobre cómo manipular la votación de su asunto. Un fiscal que intentó decirle cómo redactar el proyecto de sentencia al ministro Pérez Dayán . Qué miedo que la fiscalía general de un país se conduzca de esta manera, pero da más miedo que no pase nada.
Estas grabaciones han puesto los reflectores en la Suprema Corte y dejan a ese máximo tribunal en una situación muy frágil. Deben mandar un mensaje firme de que a la Corte no la manipula nadie y de que no se puede usar al Estado en contra de un particular, como se ha hecho.
La Corte es la última instancia para Alejandra, pero también para el país. Arturo Zaldívar , las ministras y ministros de la Corte deben cerrar filas; no exagero cuando digo que el futuro de México está en sus manos, y que este es ya un caso paradigmático de confianza o desconfianza en el país.
Obviamente, lo ideal sería que Alejandro Gertz renuncie o lo destituyan, que AMLO condene lo ocurrido y que este sea el fin del siniestro personaje. Ojalá sea así, y este sea el Waterloo de Gertz y no termine siendo el Waterloo de Zaldívar, de la Corte y de México.
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