Viernes 19 de mayo, un gran escándalo luego de la publicación del decreto que ordena la ocupación temporal de 127 kilómetros de vías férreas de Ferrosur, propiedad de Grupo México, de Germán Larrea (“Decreto”). ¿Expropiación u ocupación? Es lo mismo, decían todos, mientras mostraban las imágenes de marinos uniformados en las instalaciones. Entre la falta de precisión jurídica y el morbo político, leímos de todo en medios y redes sociales: que los militares expropiaron la empresa, que Larrea es un malo de malolandia, que qué bueno es tener un gobierno que acabe con los ricos, que esto ahuyentará las inversiones, etc.
Al mismo tiempo, el Presidente reforzaba en su conferencia diaria que Ferrosur quiere un dineral por ese tramo, que no lo vale, que no es expropiación, que así son todos los conservadores, que no lo vamos a permitir, que se acabó la corrupción. Se sembró el miedo y la palabra expropiación usó harta tinta; mientras tanto, en lo político y financiero se acomodaban las cosas tras bambalinas, incluyendo la venta de Banamex que, paralelamente, tenía como último postor a Larrea. Todo un gran suceso de manipulación.
Días después, la nomenclatura mediática súbitamente cambió y de “expropiación” pasamos a “terminación de la concesión”, sin explicaciones, y el tema se desinfló sin saber bien qué estaba pasando. “Uso autoritario del lenguaje que busca confundir a la sociedad para eludir la rendición de cuentas”, diría el analista Luis Antonio Espino. Y tiene razón.
Todo resuelto, todo tranquilo. Un comunicado de cinco párrafos en el que Grupo México confirma que suscribió un acuerdo con el gobierno por el que, a cambio de los 127 kilómetros de vías, 1) Ferrosur recibirá una extensión de los términos originales de su concesión hasta la conclusión de la vigencia original en 2048 (¿por qué esto sería necesario?), y una ampliación por ocho años más (¿por qué esto sería valioso cuando la concesión tiene aún 25 años de vida? ¿cuáles serán las condiciones de dicha prórroga?); 2) mantendrá sus derechos de paso (¿cómo se determinó la tarifa?); 3) el gobierno será responsable de la seguridad y los costos de mantenimiento de la vía (¿cómo justificará estos gastos, cuando en realidad su ferrocarril aún ni opera?), y 4) Larrea se desistirá de su litigio contra el Tren Maya (¿por qué?).
Listo, se acabó, vamos todos a tomar café y hablemos de otra cosa. Eso quieren, pero este asunto debe ser revisado a profundidad por respeto a la sociedad y a la legalidad. El Decreto no tiene ni pies ni cabeza: declara de utilidad pública algo que ya es de utilidad pública; la expropiación y la ocupación temporal son figuras relacionadas con la propiedad privada, y las vías férreas son bienes de la Nación; fue firmado por la Secretaría de Marina, que no tiene competencia, pues debió hacerlo la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes (SICT), entre otras barbaridades.
La Ley de Expropiación establece que con la ocupación temporal debe existir una indemnización que Larrea valuó en 9 mil 500 millones de pesos, pero no habrá dinero de por medio, sino el intercambio que le menciono, que no sólo no es legalmente procedente, sino que puede acarrear responsabilidades a los funcionarios involucrados, así que seguramente esto terminará en una renuncia parcial de la concesión (vía modificación) y la abrogación del Decreto.
La respuesta, que quizás nunca conoceremos, está en una realidad más compleja y perversa; tampoco sabremos qué ganó y qué perdió Larrea en esta carambola de tres bandas. Lo que sí sabemos es que el Decreto fue un instrumento de extorsión sin lógica jurídica, que hemos sido manipulados una vez más y que en México la ley no es la ley.
Abogada, presidenta de Observatel y comentarista de Radio Educación
Twitter: @soyirenelevy