Este anuncio realizado por el presidente López Obrador , y que se ha mal llamado “rescate de Altán”, debe ser analizado de forma objetiva. Lo primero que hay que decir es que Altán y la Red Compartida no son lo mismo, es decir, el hecho de que esta empresa que ganó de la licitación del proyecto haya fracasado hasta el momento, no significa que esta política pública nacida con la reforma constitucional de 2013 sea mala; de hecho, tiene varias ventajas y debe ser juzgada dentro del entorno histórico del sector de telecomunicaciones en México.
Es mediocre e injusto criticar sin contextualizar. La reforma en telecomunicaciones de 2013 fue la reacción a un sector incrustado en un círculo vicioso en el que reguladores y empresas daban vueltas sobre lo mismo y, sin importar qué se hiciera, la regulación y la judicialización mantenía el statu quo . Fue un manotazo sobre la mesa que dio, al menos en papel, un giro de 180 grados; que luego la política se inclinara a no hacer los cambios radicales que se planearon y que se requerían, es otra historia, pero eso fue lo que se esbozó a nivel constitucional.
Lo segundo que tenemos que puntualizar es que esta crónica del fracaso de Altán se viene escribiendo desde hace al menos dos años. Pero este proyecto fue protegido con la creación de Promtel , un descentralizado diseñado específicamente para evitar el desastre que vemos. ¿Dónde han estado Promtel, el IFT, la SCT y por qué no prendieron las alarmas desde el primer síntoma? En el contrato que Promtel tiene firmado con Altán se establece un fideicomiso de mil millones de pesos; un fondo de reserva para la cobertura requerida, y una garantía de cumplimiento de 5 mil millones de pesos, entre otros candados. La pregunta es: ¿dónde está todo eso, por qué no sabemos nada y por qué llegamos hasta el punto en que AMLO anuncia un “rescate” sin que antes se hayan activado los mecanismos de escrutinio y rendición de cuentas? El Presidente debe conformar un grupo que revise detalladamente qué fue lo que pasó y fincar responsabilidades.
El tercer tema es que la inyección de 166.6 millones de dólares que anunció el Gobierno servirá quizás para evitar la quiebra de aquí a que termine el sexenio, pero no mucho más. No es un monto que, de suyo, vaya a permitir hacer las inversiones necesarias para darle viabilidad al proyecto, lo que me lleva al cuarto asunto: la necesidad de un plan realmente estratégico para la conectividad y la competencia, que incluya a CFE Telecom y a la industria, no para que Altán se salve, sino porque, en efecto, no se está yendo a ningún lado y el costo de oportunidad para el país está siendo altísimo. Así que, habría que preguntarnos si vale la pena este rescate o no, y claramente el gobierno no hizo el ejercicio de ponderar ambas opciones. El sector requiere urgentemente rumbo y, este rescate, así sin planeación y rodeado de funcionarios ineptos, sólo servirá para perder dos años más.
Por lo que hace a la nueva administración de Altán, no parece que el director propuesto por Hacienda, Carlos Lerma , tenga experiencia en telecomunicaciones. En todo caso, habría que enviar una señal de confianza a clientes e inversionistas y definir si él se hará cargo de Altán mientras sale del atolladero, o si llegó para quedarse y, de ser así, cuál será el grupo de asesores que lo acompañará.
Llevamos cuatro años de promesas incumplidas de conectar a todo México y este injustificado gasto servirá sólo para que el gobierno tenga un nuevo discurso: no habrá la conectividad prometida, pero sí nuevos culpables y nuevos temas. El espectáculo continuará, y el desastre en el sector también.
Twitter: @soyirenelevy
