Estamos frente a un momento crucial en el Poder Judicial Federal. Como le decía en mi columna anterior, ‘El Waterloo de Gertz’, después del escándalo de las conversaciones entre el Fiscal y su subprocurador Juan Ramos, la Corte se juega no sólo su credibilidad, sino también la del Estado mexicano, porque la de los otros dos poderes la perdimos hace tiempo. A la complejidad política intrínseca de los litigios que están por resolverse, hay que sumar, además, la carrera por la sucesión de la presidencia de la Corte que, aunque será hasta finales de 2022, las fichas ya se han empezado a mover.
En el tema de los derechos de las audiencias, tales como la distinción entre opinión e información, está a prueba el poder de los radiodifusores. Se trata de una reforma de 2017 en la que, por fast track, se eliminaron varios derechos, así como la facultad del IFT de dictar lineamientos de defensa de las audiencias. Al respecto, existen dos amparos resueltos a favor de las audiencias y una acción de inconstitucionalidad pendiente de resolución: el amparo de la AMDA de la Segunda Sala, resuelto contra la autorregulación en la emisión de códigos de ética de los radiodifusores, y el de la Primera Sala, cuya sentencia en detalle se dio a conocer el viernes, que es más amplio que el de la AMDA y se pronuncia por proteger el principio de progresividad de los derechos fundamentales, es decir, que resulta inconstitucional derogar derechos que ya se habían otorgado.
El tema es que la Primera Sala cambió de opinión con relación a los efectos de la sentencia a fin de que sólo tuvieran consecuencias para la organización que se amparó y no en el sentido de ordenar al Congreso la invalidez de la reforma de 2017, lo que para efectos prácticos sienta un mal precedente porque no hay manera en este caso de que la reforma se le deje de aplicar a una sola persona (ver el voto de la ministra Ríos-Farjat). Pero la razón de este revés tiene cierto sentido: dar paso a que el Pleno de la Corte resuelva la acción de inconstitucionalidad. No hay que olvidar que ya la mayoría de los ministros se han pronunciado en relación con varios de los temas de esta reforma y sus argumentos sí los vinculan, de tal suerte que lo que consideraron que es inconstitucional, ya no podrían decir que siempre no lo es. El ponente de la acción es el ministro Alberto Pérez Dayán y él propone invalidar toda la reforma por violaciones al procedimiento legislativo, y vaya que las hubo. Aprobar este proyecto sería lo mejor, porque este asunto lleva ya mucho tiempo y, como le digo, los ministros de las dos salas ya se han pronunciado por la inconstitucionalidad de fondo de lo más importante de la reforma, así que rechazar el proyecto de Pérez Dayán tendría en realidad el efecto de ganar tiempo y, sobre todo, el favor de los radiodifusores para fines sucesorios de la presidencia de la Corte.
En el caso de Alejandra Cuevas, que por fortuna se resolverá ya la próxima semana, también está presente el fantasma sucesorio de Zaldívar. Al ser rechazado el proyecto del ministro Pérez Dayán, le tocaba al ministro Javier Laynez elaborar el nuevo, pero se forzó el turno y fue el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena el designado, así que ya tiene usted claro quién es el “delfín” de Arturo Zaldívar para sucederlo. De cualquier forma, en el caso de Alejandra Cuevas, lo verdaderamente relevante es que se siente de una vez por todas un precedente que de manera inmediata y para siempre libere a Alejandra, a su familia y a México del lastre que nos ha dejado este asunto.
Presidenta de Observatel y comentarista de Radio Educación
Twitter @soyirenelevy
