En 2015 y tras 8 rondas de negociaciones intergubernamentales nació la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), aprobada por la 70a. Asamblea General durante la Cumbre de Desarrollo Sostenible, que tuvo lugar del 25 al 27 de septiembre del 2015 en Nueva York. Agenda 2030 posiciona el concepto del desarrollo sostenible como el eje rector en la definición de las políticas públicas de los Estados que decidan sumarse a la consecución de los ODS, ya que la estrategia de implementación de la Agenda invita a hacerla transversal a los planes nacionales de desarrollo y la definición del presupuesto público. Asimismo, Agenda 2030 invita a acelerar el proceso de implementación a través del impulso de esquemas de cooperación internacional, y la generación de alianzas estratégicas con actores globales, tales como sociedad civil y empresas.
Al revisar los 17 ODS, es fácil identificar cómo es que cada uno de ellos busca dirigir la acción política, social y económica en favor de la garantía y provisión de uno o varios derechos humanos contenidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, por ejemplo, el ODS 2 “Hambre cero” busca garantizar el derecho humano a la alimentación (art. 25), el ODS 4 “Educación del calidad” salvaguarda el derecho a la educación (art.26), el ODS 5 “igualdad de género” protege que toda persona tiene todos los derechos y libertades sin distinción alguna de sexo (art. 2), el ODS 8 “trabajo decente y crecimiento económico” promueve el derecho al trabajo digno (art. 23) los ODS 7 “energías renovables”, 11 “Ciudades y comunidades sostenibles”, 12 “Producción y consumo responsable”, 13 “Acción por el clima”, 14 “Vida submarina”, y 15 “vida de ecosistemas terrestres”, cimientan las bases para la provisión y garantía del recientemente reconocido por la Asamblea General de las Naciones Unidas, derecho a una medio ambiente sano. Tomando en cuenta lo anterior, narrativamente Agenda 2030 representa un gran esfuerzo por coordinar toda la acción social en favor de un mundo más justo, resiliente, y digno. En el ámbito práctico, dicha acción colectiva no se está logrando.
Los compromisos para alcanzar las metas planteadas por los ODS entre los diferentes actores de la política global son muy desiguales. Con referencia a los Estados, en un estudio que realicé para la Conferencia Interamericana de Seguridad Social en 2019, pude identificar que en América Latina y el Caribe 10 países han creado sistemas de institucionalidad y monitoreo para la implementación de Agenda 2030 (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, México y Paraguay), 8 solo han encontrado coincidencias entre sus planes nacionales de desarrollo y los ODS (Bahamas, Belice, Ecuador, Guatemala, Honduras, Panamá, Santa Lucia y Uruguay), y el resto solo reporta algunas actividades de transversalización. Desde sociedad civil y empresas, podemos identificar un sin número de acciones en favor de la consecución de Agenda 2030, pero el esquema de acción se basa en estrategias voluntarias de adaptación, donde no existe una hoja de ruta de la implementación de los ODS, ni un sistema estandarizado de reporteo u monitoreo.
Lo anterior, contribuye a perpetuar dinámicas económicas y políticas que han desencadenado las grandes crisis que hoy aquejan al mundo. Pensemos por ejemplo en el derecho a la alimentación, para garantizar el pleno ejercicio de este derecho para todas las personas se debe romper con las características oligopólicas del actual sistema agroalimentario global, donde unas pocas empresas transnacionales agroindustriales dirigen la producción con base en las preferencias del mercado. Según datos de la Fundación Heinrich Böll, la producción actual de alimentos garantiza el acceso a una dieta de 4000 calorías diarias a cada una de las personas del mundo, sin embargo, no todos los alimentos están a disposición del consumo, algunos productos agrícolas son usados para otros fines como la producción de biocombustibles, maquillajes, forrajes, etc. De esta forma, el hambre parece ser un tema más de gestión de la producción y venta de insumos que de escasez. Naciones Unidas dio a conocer que al final del 2021, el número de personas que padecían hambre en el mundo alcanzaba los 828 millones de personas. Aunque las grandes empresas lanzan diversas actividades en favor de la consecución de los ODS, dichas actividades no están relacionadas con la transformación del sistema productivo, incluso no subsanan los impactos negativos de los métodos productivos ni el ámbito ambiental, ni en ámbito social.
A ocho años de llegar al tiempo límite para su consecución, parece evidente que los compromisos plasmados en la Agenda 2030 no se alcanzarán, sin embargo, su evaluación debe ir hacia la observación de las dinámicas que ha desencadenado, como por ejemplo, los compromisos de los Estados en la materia, la coordinación de acción entre los diferentes actores, la generación de institucionalidad para su implementación, monitoreo y reporte, y sobre todo, el reconocimiento de problemas comunes que requieren esfuerzos conjuntos.
Blanca Elena Gómez García
Tiene más de 10 años de experiencia en asuntos internacionales de investigación y conformación de proyectos. Ha sido analista política en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) e investigadora de tiempo completo para la Conferencia Interamericana de Seguridad Social (CISS). Actualmente, es Coordinadora de la Maestría en Cooperación Internacional para el Desarrollo en el Instituto Mora, y profesora en la Ibero y la UNAM.
@blancagomezint
