Temas como muerte y morbilidad materna, parto humanizado y respetado, lactancia materna, violencia obstétrica han emergido en los últimos años en México, generando una serie de denuncias de diversos actores y en algunas ocasiones respuestas de las instituciones de salud. También hemos visto un cuestionamiento a la creciente medicalización del embarazo y un aumento alarmante de cesáreas aparentemente innecesarias. Lo que también ha quedado claro es que muchos procesos reproductivos y entre ellos, el embarazo, el parto y el posparto son de bajo riesgo y deberían ser tratados con esa lógica por los diferentes agentes de la salud en nuestro país.
El 7 de marzo de 2022 la Secretaría de Salud publicó el documento Entornos habilitantes para una experiencia positiva durante la atención integral de la salud materna y perinatal. Lineamientos técnicos para la implementación y operación de salas de labor-parto-recuperación en las redes de servicios. Ya desde el título se pueden observar ciertos rasgos novedosos en el documento.
En el contexto antes señalado, llama la atención que no se conozcan mucho más estos lineamientos de reciente creación. Se trata de un documento surgido desde un órgano rector de la salud pública en México y en relación con los derechos sexuales y reproductivos. Por ello en esta columna me concentro en exponer su relevancia. De poco sirve un documento, por más novedoso, si no se le conoce y se le visibiliza.
Antes que nada, se trata de un texto con una visión integral del embarazo, del parto y del puerperio, en donde se busca que las mujeres y personas gestantes, así como el o la recién nacida, se encuentren en el centro de la experiencia, bajo el marco de los derechos sexuales y reproductivos. En este sentido, es un texto programático, que busca guiar las percepciones que el personal de salud y el resto de los actores involucrados tiene con respecto a la atención del embarazo, parto y puerperio. Siguiendo a Agudo Sanchíz (2015) podríamos aprehenderlo como una herramienta argumentativa y orientadora de acciones.
El proyecto prioritario, de carácter rector, realizado desde el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva de la Secretaría de Salud, busca “incidir en algunas de las principales barreras y obstáculos que se han identificado” (p. 21) particularmente en la atención del embarazo, del trabajo de parto y del parto de bajo riesgo, es decir, asume que no todo embarazo y parto son de riesgo y por lo tanto no deberían ser medicalizados. Algunas características que se detectan como áreas para mejorar son las condiciones físicas y de equipamiento, la disponibilidad de recursos humanos específicos y la práctica clínica no actualizada o adecuada. Para ello, se han explorado alternativas de infraestructura que han demostrado tener mayores posibilidades de implementar estos elementos de mejora, como son las salas LPR (salas de Labor-Parto-Recuperación) integradas. Es decir, no solamente se trataría de un tema de enseñanza, de capacitación y de cambio en las percepciones de los diferentes actores del sistema de salud sino también de pensar en que el entorno, la infraestructura, el espacio en donde se llevan a cabo las prácticas, tiene un peso importante en el cambio de visión. Señala el documento en su página 10: “En cuanto a la resolución del evento obstétrico centrado en la persona, podemos afirmar que el entorno condiciona lo que ocurre en éste, de modo que el espacio puede ser utilizado como herramienta para permitir o bloquear diferentes procesos y experiencias del ser humano. Tomando como referencia lo anterior, el parto queda condicionado por el ambiente que lo rodea, siendo éste un motor o freno del propio proceso.” La importancia de pensar en las salas LPR bajo este modelo es que se encuentran pensadas de manera integral con los servicios de salud si las cosas llegan a complicarse.
También se acude a la idea de equipos multiprofesionales y trabajo interdisciplinario, es decir diversos tipos de “personal de salud calificado” pero no restringiendo al mundo de los médicos gineco-obstetras y con ello a una mayor medicalización y hospitalización del proceso, como parece haberse interpretado la recomendación de la OMS. Asimismo, se resalta la incorporación de una visión de atención y de práctica clínica basada en evidencias científicas, recomendaciones y buenas prácticas, así como una constante actualización y revisión de las mismas.
El modelo de las salas LPR apuesta a la modificación de otras prácticas, muchas de ellas ampliamente demandadas y documentadas por los movimientos de parto humanizado en México o por parteras activistas y por académicas. Así, señala el documento que se da una “incorporación de recomendaciones que se han visto limitadas por la infraestructura y los procesos de atención y, que no se han modificado al ritmo de la generación de evidencia, entre las que destacan: el acompañamiento por la persona de elección, la deambulación y elección de la posición durante el trabajo de parto y parto, la privacidad e intimidad, la ingesta de líquidos durante el trabajo de parto, los métodos no farmacológicos para el alivio del dolor” (p. 30).
La apuesta es hacer transformaciones profundas que no necesariamente impliquen crear infraestructuras paralelas, costosas, sino reconfigurar lo existente cuando sea posible y crear lo necesario cuando así se requiera. Con ello, otorgarle un peso específico a la relación costo-beneficio, elemento clave en los presupuestos públicos hoy en día.
Hay una serie de principios rectores en el documento que me gustaría mencionar para terminar. Estos principios guiarán las adecuaciones al entorno fisco, así como las políticas y procedimientos que lo integran: derechos humanos, dignidad humana y no discriminación, perspectiva de género, enfoque intercultural, atención centrada en la persona, atención basada en evidencia, equipos multiprofesionales y trabajo interdisciplinario, formación y educación continua.
Ojalá que la implementación de estos lineamientos no tarde y que pronto podamos ver una integración de partos humanizados dentro de la infraestructura misma del sistema de salud.
Alicia Márquez Murrieta
Doctora en Sociología por el CEMS-EHESS de París. Miembro del SNI. Investigadora del Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora y miembro asociado del CEMS-EHESS, París. Una de sus principales líneas de investigación es analizar la relación entre problema público y acontecimiento en la temática de la "violencia obstétrica".
