Por: Gustavo Mauricio Bastién Olvera
Desde hace diez meses María se encuentra viviendo en la calle. Ella, una inmigrante hondureña que llegó a México fue secuestrada por un grupo que operaba un centro nocturno, le quitaron sus papeles y la obligaron a trabajar todas las noches, pero a raíz de la pandemia el lugar tuvo que cerrar operaciones y desalojo a las mujeres que explotaba y vivían en los cuartos de la azotea del bar. Ahora, habiendo sido víctima de trata, se encuentra en una situación más vulnerable de la que cuando cruzó la frontera por el río Suchiate.
Este es tan solo un ejemplo de cómo la pandemia ha puesto en una situación de vulnerabilidad a las víctimas de un delito con múltiples aristas: la trata de personas. Un delito que, de acuerdo con cifras de Naciones Unidas, en América Latina y el Caribe concentra el 70% de sus víctimas en explotación sexual y el resto en trabajo forzado y otros propósitos como tráfico de órganos. Lamentablemente, el impacto del COVID-19 también se refleja en otros ámbitos como lo son el del aumento de la conectividad o la suspensión y disminución de actividades por parte de servicios esenciales para las víctimas. De acuerdo con el proveedor de servicios de internet y ciberseguridad, Cloudfare, desde marzo se empezaron a notar incrementos en el uso de internet, vinculados a los diversos niveles de contingencia que se implementaban. Por ejemplo, en México se observan un pico, que posteriormente se convierte en la nueva normalidad, a partir del 20 de marzo, cuando se declara la fase 2 de la pandemia. Lo anterior, facilitó que algunos delitos, que antes se cometían de manera presencial, ahora pasaran al mundo digital, y la trata de personas no ha sido la excepción. Ha incrementado el número de sitios web, tanto en la red profunda como en el internet abierto, dedicados a transmisiones en vivo por parte de modelos que se ha descubierto son víctimas de trata.
No obstante, esa carrera con la tecnología en época de pandemia y la digitalización de los servicios, también ha tenido sus consecuencias positivas, siendo aprovechada por las autoridades para mejorar su capacidad de respuesta. Por ejemplo, para atender casos de diversas indoles, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México implementa el programa Ministerio Publico Virtual 2.0 en el que los usuarios pueden realizar el trámite de una denuncia por internet.
Otra consecuencia de la pandemia ha sido que las agencias encargas de hacer cumplir la ley han tenido que cumplir y se espera que sigan desempeñando, actividades que no solamente están enfocadas a mantener la seguridad, sino también a controlar la pandemia. Como se adelantó en El Universal, el ejército y la marina custodiarán y aplicarán la vacuna contra COVID-19. Asimismo, las actividades del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México han sido suspendidas debido a las nuevas medidas publicadas por la Ciudad de México el 4 de diciembre de 2020. Tanto la ampliación de responsabilidades como la suspensión de servicios generan la ecuación perfecta para tener como resultado retrasos en la atención de este delito.
Para analizar estos y otros temas, es que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) lanzó el pasado 3 de diciembre la serie de Diálogos Técnicos Virtuales sobre Trata de Personas en América Latina y el Caribe, en los que se abordarán los temas de las respuestas institucionales gubernamentales, los esfuerzos del sector privado, la protección a víctimas, el vínculo de la trata con la migración, los mecanismos de cooperación internacional, así como el mundo digital y las ventajas y desventajas del uso de la tecnología para atender el crimen. Todo esto bajo una perspectiva transversal, que se aborda bajo el enfoque de las 4Ps, que en inglés se refieren a prevención, protección, judicialización (prosecution) y alianzas (partnerships).
Este tipo de iniciativas contribuyen al conocimiento de mejores prácticas internacionales y a saber qué ha funcionado y qué se puede mejorar, así como a la generación de alianzas estratégicas entre actores que de otra forma difícilmente se conectarían entre sí. Destaca que, durante el lanzamiento y primer Diálogo, expusieron ante más de 150 asistentes, sus logros y desafíos representantes de países como Bahamas, Brasil, Chile, Colombia, Guatemala, Honduras y México; de agencias internacionales como la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y la Organización Internacional del Trabajo, y representantes del sector privado como la Organización Internacional de los Empleadores, Uber y Tech Against Trafficking. Para al final, buscar humanizar un delito, que, como bien lo menciona Nathalie Alvarado, Coordinadora de Seguridad Ciudadana y Justicia del BID, se trata de personas.
En las siguientes entregas de esta serie, se abordará cada una de las 4Ps y cómo los diversos actores cumplen roles diferenciados, pero al mismo tiempo complementarios para que, desde sus diversas trincheras, se termine con este delito que afecta a hombres, mujeres y niños y no conoce fronteras.
Semblanza:
Gustavo Mauricio Bastién Olvera es experto en temas de seguridad. Actualmente se desempeña en la mesa directiva del programa Foretell del Centro de Seguridad y Tecnología Emergente de la Universidad de Georgetown. Ha sido profesor de la maestría de Cooperación Internacional del Instituto Mora, así como de la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad de la Policía Nacional de Honduras. Fue premio de la juventud 2015 de la Ciudad de México. Es licenciado en Relaciones Internacionales por la UNAM y maestro en Derecho Internacional Público por la Universidad de Leiden.
Twitter: @Mau_Bastien
