Por: Gustavo Mauricio Bastién Olvera
Imaginemos que es el domingo 6 de junio de 2021, día de las elecciones intermedias en México y todas las fotos que vemos de nuestros contactos en redes sociales son con el ya clásico pulgar derecho levantado, con tinta negra, indicando que la persona ha emitido su voto. De igual forma, muchos de ellos seguramente ya han compartido su certificado de vacunación o sus múltiples pruebas PCR de COVID-19, durante el casi año y medio que lleva la pandemia.
Hasta aquí, todo podría parecer normal, y que los usuarios comparten su devoción por el cumplimiento de un deber cívico o bien su alegría por saberse negativos al mortal virus. Pero, qué significa esto para un grupo criminal que se encuentra del otro lado de la pantalla analizando estas imágenes: simplemente es oro molido. En especial para aquellos que se dedican al tráfico de órganos, uno de los tipos penales considerandos dentro del delito de trata de personas. Lo anterior, es tan solo un ejemplo de cómo las plataformas digitales pueden ser una herramienta para vulnerar nuestra privacidad.
De acuerdo con el último informe de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, el espacio digital se ha convertido en un lugar en el que se pueden llevar a cabo las tres etapas relacionadas al delito de la trata de personas con fines de explotación sexual, a saber: i) la identificación y reclutamiento de las víctimas; ii) la difusión de la prestación de servicios sexuales, y iii) realizar la propia explotación de la víctima (http://bit.ly/ONUTDP)
Para la primera etapa, destacan estrategias de búsqueda e identificación de víctimas como las mencionadas más arriba utilizando redes sociales, pero también se han identificado otro tipo de técnicas como la creación de páginas web específicas que anuncian oportunidades laborales o anuncios de supuestas oportunidades en páginas de anuncios clasificados. Lo que se vuelve una tarea compleja para las autoridades en buscar e inhabilitar estos sitios.
Respecto a la oferta de servicios sexuales, de igual forma se tiene la utilización de páginas web creadas en específico para ese propósito, así como mensajes publicados en avisos de ocasión. Por lo que es loable el esfuerzo que hacen medios, como este diario, El Universal, que desde 2011 se comprometió a no publicar anuncios de este tipo por poder estar vinculados a posibles tratantes.
Respecto al tercer tema, se vuelve todavía más preocupante como internet puede ser el espacio para la explotación no solo sexual sino también un lugar en el que las víctimas son obligadas a cometer delitos. Por un lado, existen diversas páginas en las que los tratantes pueden obligar a sus víctimas a realizar actos sexuales a través de streaming y conectarse de forma directa con los consumidores. Mientras que por el otro las víctimas pueden ser obligadas a cometer delitos de robo de identidad o fraude, o bien a tramitar tarjetas de crédito o préstamos financieros en línea para aprovechamiento de sus victimarios.
Estos tres aspectos tienen algo en común, que pueden ser cometidos cada uno desde diversos países, por lo que la cooperación internacional y asistencia jurídica entre las instituciones de procuración de justicia es un aspecto clave.
Pero no todo es negativo respecto al uso de la tecnología, de hecho, la Organización para la Cooperación y Seguridad en Europa realizó un estudio en el que analiza diversas plataformas que brindan ayuda a víctimas (http://bit.ly/OSCE21). Asimismo, se están implementando iniciativas por parte del sector privado, como la de Project Shadow, bajo el liderazgo de Scotiabank en Canadá, que busca identificar patrones de comportamiento vinculados al lavado de activos relacionados al tráfico de menores en línea (http://bit.ly/ProjectShadow1). Otro ejemplo, ahora por parte del sector público, es el de cómo la de la Policía Cibernética de la Ciudad de México brinda asesoría y capacitación para evitar ser víctima de este tipo de delitos en línea (http://bit.ly/PCCDMX).
En conclusión, se observa que el mundo digital presenta amenazas, pero también oportunidades para combatir la trata de personas, en sus diversas modalidades. Pero para entenderlas es pertinente crear una conciencia de alfabetización digital, a través de asociaciones público-privadas-comunitarias, que involucren a las principales empresas tecnológicas.