Por Héctor Zarauz López
En semanas recientes se efectuaron, de manera anticipada y sorpresiva, las elecciones internas del Sindicato Nacional de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), a fin de renovar las dirigencias locales de las 36 secciones que lo componen, avizorándose la del Ejecutivo Nacional y de asociaciones de jubilados pertenecientes a este gremio. En este proceso, en el cual privó casi la secrecía, se manifestaron de nuevo algunas de las viejas prácticas de control, y otras nuevas, a fin de garantizar que en la dirigencia permanezca su líder, Ricardo Aldana Prieto.
I.
Desde su fundación, hacia 1935, el STPRM fue un aliado incondicional del gobierno, salvo un par de “incidentes” como fueron el ingreso de las fuerzas armadas a la refinería de Azcapotzalco en 1946, al inicio del gobierno de Miguel Alemán, para terminar con un intento de huelga, o el estridente pasaje del encarcelamiento de Joaquín Hernández Galicia, “la Quina”, hombre fuerte del Sindicato, a cargo del gobierno de Carlos Salinas de Gortari, en enero de 1989.
En todo ese tiempo el STPRM fue un activo fiel del sistema, como lo probaría el apoyo irrestricto a los candidatos del PRI a la presidencia de la república, la integración a la CTM, la suma incondicional a las políticas estatales, entre otras acciones. A cambio de ello las dirigencias petroleras gozaron de cierta independencia para actuar hacia dentro del sindicato sin supervisión de instancias federales, manteniendo además una relación de cierta “holgura” con la CTM. Otras canonjías de los petroleros fueron la obtención de Contratos Colectivos muy benéficos, cuotas de poder en los ámbitos municipales y puestos de elección popular, estableciéndose así una relación de conveniencia corporativa.
Con el declive de la industria petrolera, al fin del sexenio de José López Portillo, y el ascenso de los gobiernos neoliberales, fueran de cuño priísta o panista, se darían virajes importantes en la relación entre Sindicato y Gobierno, sobre todo a partir del ya citado “quinazo”. Desde entonces imperó una mayor subordinación a las directrices gubernamentales. Ello significó que el poder de negociación del STPRM se fue diluyendo poco a poco al punto de llegar a la abyección de aprobar, incondicionalmente, la llamada Reforma Energética de 2013 impulsada por el entonces presidente Enrique Peña Nieto, la cual, como es sabido, contravenía los principios más elementales del nacionalismo petrolero y los fundamentos de la empresa nacional.
II.
En el marco electoral del 2018, se darían nuevos y radicales cambios, la votación abrumadora en favor de Andrés Manuel López Obrador y su proyecto de Cuarta Transformación (4T) implicaba, para el STPRM, el ascenso de un adversario político y la renovación del discurso y acciones nacionalistas en materia energética. Ante este escenario surgirían una disyuntiva para el sindicato: adaptarse a los nuevos tiempos y metamorfosearse, una vez más, o la confrontación; mientras que para el nuevo gobierno el dilema sería integrar a los petroleros o democratizar sus estructuras sindicales.
En la práctica se desarrolló una relación distante sin darse una ruptura, como quedó probado a través de varios eventos en el curso del sexenio: así en enero del 2019, en el marco de la crisis del huachicol, el gobierno federal hizo la contratación de choferes y pipas para el traslado de combustible sin tomar en cuenta al sindicato, en octubre de 2019 se daría la renuncia del líder y hombre fuerte, Carlos Romero Deschamps (en medio de escándalos de corrupción) cuya jubilación se concretaría en marzo del 2021. Más aún en el 2022 ante el proceso de renovación de la dirigencia nacional y de las 36 secciones, se indujo desde la secretaría del Trabajo un ejercicio inédito al obligar, a quienes quisieran dirigir al sindicato, a postular públicamente sus planes de trabajo en las conferencias matutinas de la propia presidencia de la república, asimismo se obligó al sindicato a que las votaciones internas fueran a través del voto secreto. El ejercicio resultó parcialmente fallido pues, no obstante, la apertura del proceso de selección sindical, las bases terminaron por ratificar mayormente a las viejas estructuras. En ello fue determinante las añejas prácticas caciquiles que habrían inhibido la independencia de los trabajadores, la falta de praxis y formación política, al tiempo que los infundios y la intimidación, hicieron otro tanto.
III.
Dos años después el panorama cambió de nuevo generando varias incógnitas. El proceso electoral del 2024 y la previsible continuidad de la 4T en el poder, propiciaron un nuevo intento mimético del STPRM. Expertos camaleones, los líderes petroleros intentaron acercamientos al gobierno, primero involucrándose en la contienda interna de Morena en la elección de candidato a la presidencia de la República mediante apoyos soterrados a la precandidatura del secretario de gobernación Adán Augusto López Hernández. Al perder esta apuesta, se dio el respaldo manifiesto a la candidatura de Claudia Sheinbaum, tal y como fue patente durante la campaña política y reiterado en desplegado de felicitación del STPRM después de la abrumadora victoria de la candidata morenista.
Más recientemente, el 15 de julio, se efectuó de manera repentina la elección de las secretarías generales de las 36 secciones del Sindicato y se ha anunciado la renovación de la dirigencia nacional, que llevaría a Ricardo Aldana a otros seis años al frente del sindicato. Tales acciones se realizan violentando el Estatuto del propio STPRM, cuyo artículo 272 señala que las elecciones deben realizarse cuando mucho 90 días antes del inicio de funciones de la nueva dirigencia, es decir que las elecciones deberían efectuarse, cuando muy pronto, a partir del 1 de octubre. No obstante, el proceso se anticipó con la intención aparente de inhibir la organización de opositores, según denunciaron grupos como el Movimiento Nacional de la Transformación Petrolera. Los resultados obviamente otorgaron la victoria a los candidatos afines a Aldana Prieto en las 36 secciones.
Hasta el momento la Secretaría del Trabajo no se ha manifestado ante este albazo. Cabe preguntarse si la 4T, en el contexto de coyuntura electoral, optó por un acuerdo o si bien se ha privilegiado la consecución de algunas conquistas laborales, dejando para mejor ocasión un ajuste con este sindicato otrora adversario.
En tal caso pareciera que la estrategia laboral de la 4T se habría centrado en la obtención de aumentos históricos al salario mínimo, regularización de trabajadoras domésticas, controles a la subcontratación o outsourcing, regulación de periodos vacacionales para trabajadoras y trabajadores, etcétera, que no son poca cosa, sobre todo después de décadas de deterioro laboral, pero que pareciera dejar pendiente la democratización de la vida sindical, que si bien esta depende en primerísima instancia de los propios petroleros, también es cierto que el Estado no puede ser ajeno a ello.
En los próximos meses, acaso años, se verá si el nuevo gobierno es capaz de propiciar nuevas relaciones laborales, o si se impone el axioma de la política como arte de elegir entre inconvenientes. En tal caso la democratización sindical sería todavía una asignatura pendiente.
Sobre el autor:
Héctor Zarauz López es sociólogo e historiador por la UNAM, profesor e investigador de tiempo completo del Instituto Mora. Sus trabajos e investigaciones se han centrado en la historia regional, económica y social, del siglo XX en México. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores.
