Durante la llamada década pérdida de los años 80 (que algunos más astutos y realistas prefirieron llamar ‘década podrida’), el poder adquisitivo de los salarios en México se desplomó 80%. Esa caída al abismo salarial fue uno de los precedentes más importantes para que el país se convirtiera en un enorme enclave maquilador totalmente subsumido al abastecimiento del mercado estadounidense, al grado que hoy se anuncia con bombo y platillo que México es “el principal socio comercial de EUA”. Mediante una política de privatización de empresas estatales, despojo-expulsión de millones de familias campesinas de sus tierras y una política de sindicalismo pro-patronal, el gobierno mexicano garantizó la ‘paz laboral’ que el capital trasnacional ha necesitado para colocar sus inversiones en el país y convertirlo en una enorme plataforma maquiladora de exportación. Paz laboral en el México de las últimas tres décadas significa paz para el capital y guerra contra el trabajo.
En 2018, con la nueva administración federal se anunció con algarabía que ese modelo maquilador-exportador basado en los bajos salarios llegaría a su fin, entre otras cosas por una política laboral marcada por el aumento de salario mínimo y el fin del sindicalismo pro-patronal. Sin embargo, a pocos meses de concluir la administración actual, el escenario del mundo del trabajo no luce tan benevolente para la población trabajadora.
Según datos de CUCEA de la Universidad de Guadalajara, en 2024 la canasta básica registró un costo de 11,539 pesos mensuales, lo cual significa que se requiere 1.5 salarios mínimos para alcanzar la canasta de consumo básica en México. En un país donde 32 millones de personas se encuentran ocupadas en la informalidad —condiciones de profunda inseguridad y rezago laboral— el crecimiento al salario mínimo resulta tener pocas repercusiones reales, lo cual se refleja en el hecho de que, entre 2018 y 2023, el número de personas que gana un salario mínimo o menos pasó de 9 millones a 20 millones respectivamente (o sea de 16% a 33% de la población ocupada total de México). Esto significa que AL MENOS un tercio de la población trabajadora de México (hay millones más) recibe un ingreso que sólo alcanza a cubrir 65% de la canasta básica, lo cual indica que el aumento al salario mínimo sólo veló la condición de pauperidad estructural que está en los cimientos del mercado laboral de México. O sea que hay un enorme ejercito de millones de personas que sólo vieron el salario mínimo alejarse o rebasar su ingreso, sin que este último aumentara.
Se anunció por diversos medios que el aumento de salario también impactó positivamente al sector de la industria de exportación en la que laboran más de tres millones de personas. Esta apreciación se basa en el aumento de salario nominal promedio que en efecto se elevó de 10 mil a 15 pesos mensuales entre 2019 y 2023. Sin embargo, esta cifra es engañosa en tanto no toma en cuenta los efectos de la inflación, que ha sido por demás agresiva en los últimos tres años. Si deflactamos las cifras (quitar los efectos de la inflación) habremos de observar que el salario sólo aumentó a 11,200 en 2023, lo cual significa un promedio anual de aumento real de salario de solo 2.2% en la industria de exportación. Por tanto, si bien no se presencial una caída de valor real del salario en la industria de exportación, tampoco podemos celebrar un aumento real del poder adquisitivo salarial. El modelo exportador sigue sosteniéndose con base en los bajos salarios y la extensiva e intensiva precariedad laboral.
Mientras tanto, las aspiraciones por cambiar de modelo de justicia laboral en México dejan muchos deseos en el camino. Una disuelta Junta de Conciliación y Arbitraje que tenía a su cargo más de un millón de expedientes sin resolver; un naciente Centro Federal de Conciliación y Registro Federal que no tiene presupuesto y ni si quiera es capaz de cumplir los derechos laborales de sus propios trabajadores; un proceso de legitimación que sólo parece haberle otorgado a los sindicatos pro-patronales la legitimidad que no habían tenido en décadas; un contado y muy reducido número de nuevos sindicatos combativos que se enfrentan día con día al acosos del sindicalismo corporativo, a la omisión de las autoridades laborales y en algunos casos a conflictos internos que sólo afectan a las bases trabajadoras.
Aun así, el primero de mayo pasado el presidente reunió a un grupo selecto de dirigentes sindicales, entre ellos representantes de sindicatos corporativos y charros, para decirles elocuentemente “Misión Cumplida”. Frente al panorama poco benévolo en términos salariales y sindicales que se vive en el país, habría que preguntarse si esa contundente afirmación se la decía a los trabajadores o a los empresarios.
Mateo Crossa Niell
Profesor investigador del Instituto Mora. Doctor en Estudios Latinoamericanos y en Estudios del Desarrollo. Sus líneas de investigación giran en torno a la economía política, desarrollo y dependencia en América Latina, poniendo especial énfasis en la reestructuración productiva internacional y el mundo del trabajo.
