Por Leticia Calderón Chelius
Hay situaciones que dan una voltereta al guion previamente establecido. El escenario criminal que provocó el incendio en que murieron 40 personas en un centro de detención en Ciudad Juárez abrió la cloaca que nos obliga a revisar con lupa la política migratoria que ha desarrollado el gobierno de la 4T. La parte más evidente de esta política es la que tiene que ver con la estrategia frente al tránsito migratorio de los miles que han caminado el país los últimos años. De entrada, podemos decir que haber optado por la contención forzada ha llevado a situaciones extremas que van desde ciudades conmocionadas por la presencia de miles de personas, como ha ocurrido en Tapachula todos estos años, y ahora el limbo de espera de otros tantos en Ciudad Juárez. Sin lugar a duda y en última instancia, la decisión de detener la migración a como diera lugar estuvo determinada por la imposición de las políticas agresivas de parte de Estados Unidos (entre otras el título 42 decretado durante la pandemia de COVID), pero eso no justifica, bajo ninguna argumentación posible, que desde México se violen los derechos humanos de las personas migrantes. Como lo demostró la tragedia de Ciudad Juárez, hay una serie de prácticas ilegales que son absoluta responsabilidad de las autoridades mexicanas, como es la detención de las personas por el simple hecho de ser extranjeros (perfilamiento racial). Los tiempos de detención se prolongan, en general, más de 36 horas (incluso meses), lo que es completamente contrario al derecho que supuestamente protege a cualquier persona sin responsabilidad criminal en territorio mexicano. Además, los retenes para verificar la condición migratoria que hoy existen a lo largo del país también son completamente violatorios de la ley y en todo caso, solo deben ubicarse en las zonas fronterizas. Esto ha provocado que el país entero sea hoy un espacio de vigilancia para detectar presuntos migrantes, que a los ojos de un funcionario del INAMI “no parezcan mexicanos”. La irónico es que tenemos funcionarios cuyo trabajo es ser caza-migrantes cuando son personal capacitado para otras labores y en el extremo, esta estrategia incluso ha convertido a los empleados de las empresas de autobuses en brazos de la migra mexicana. Todas y cada una de estas prácticas cotidianas y recurrentes contra los extranjeros en México son violaciones a los derechos humanos y no se pueden justificar por las presiones que, ni quien lo dude, Estados Unidos imprime al gobierno mexicano.
Pero la migración en tránsito es sólo una faceta de la experiencia humana de la movilidad, por eso, una política migratoria no puede quedarse en únicamente revisar y corregir el perfil policíaco que se le ha dado sino, sobre todo, el de generar leyes, normas y reglamentos que faciliten lo más posible la vida a las personas que de por sí, al migrar en cualquiera de las diferentes formas, experimentan situaciones de estrés, angustia y nostalgia. ¿Por qué el Estado tiene que complicarles aún más la de por sí difícil situación de mudar de país de manera forzada? ¿Por qué el marco legal no está hecho para facilitar la parte burocrática y permitir así que las personas dediquen su tiempo y energía a retomar su vida en una nueva sociedad? Muchas veces el laberinto burocrático es aún más doloroso que la travesía migratoria misma.
Con esta lupa puesta en la política migratoria se abren un sinnúmero de temas para resolver la parte que corresponde al propio estado, por ejemplo, el de una de las experiencias
migratorias más estrujantes, la del retorno. A diferencia del lugar común, no se trata de extranjeros estableciéndose en un nuevo lugar, sino de connacionales volviendo a su propio país y, sin embargo, enfrentando gran cantidad de problemas burocráticos y emocionales que un marco legal que reconozca esta circunstancia haría ese proceso menos confuso y denigrante e incluso, podría ser una experiencia deslumbrante para quien al volver se reencuentra con su origen nacional para celebrarlo. Otro tema ya en proceso es la derogación del artículo 33 que es una herencia maldita que el país carga aún, como una pesada loza de un nacionalismo ramplón que impide, si nos apegamos fielmente al texto legal original, que las personas extranjeras radicadas en México ejerzan todo su potencial como miembros activos a plenitud de la nación que adoptaron como propia. Al derogar el 33 se eliminarán las restricciones al derecho a expresarse políticamente a quienes podrán vivir de manera más igualitaria y plena en la sociedad mexicana que ya es la suya.
Son tantas las facetas de la migración como personas migrantes existen. Sus necesidades y demandas deben ser consideradas en una política migratoria renovada desde su raíz donde lo primordial y básico es ajustarse a la ley vigente que hoy no se respeta, lo mismo que proponer cambios, ajustes y nuevas leyes acordes a los tiempos, partiendo siempre del mayor bienestar posible y nunca criminalizando a las personas por el sólo hecho de haber migrado.
Leticia Calderón Chelius es Doctora en Ciencias Sociales por FLACSO-México. Es Profesora e investigadora del Instituto Mora especializada en el estudio de los procesos migratorios y de las relaciones México-Estados Unidos. Presidenta del Patronato de la asociación Sin Fronteras I.A.P.
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