Por Mateo Crossa
El Plan Sonora se ha anunciado con gran optimismo por cámaras empresariales y por la administración federal, como si se tratara de un esfuerzo de vanguardia a nivel global por promover crecimiento con sustentabilidad ambiental. La Cumbre de Líderes de América del Norte, la visita de 65 embajadores a Puerto Peñasco, la participación del gobernador Durazo en la Convención Internacional de la Industria Minera en Canadá, la reunión del gobierno estatal con las diversas cámaras empresariales del país y el triunfalista anuncio sobre la “nacionalización” del litio que hizo el presidente durante su visita en aquel estado, han sido todos acontecimientos en los que el Plan Sonora toma relevancia como iniciativa que supuestamente generará derrama tecnológica y bienestar económico-social para el país y el estado.
Sin embargo, a pesar de la gran bulla, hay muy poca información disponible sobre esta iniciativa, y la poca que existe apunta, no tanto a un escenario de bienestar y sostenibilidad sino a la renovada reconversión de esta entidad fronteriza en un enclave basado enteramente en la exportación de recursos minerales, energéticos y mano de obra barata. Las principales actividades sobre las cuales se está articulando el Plan Sonora no responden a las necesidades del mercado regional, estatal y mucho menos nacional, sino que estarán controladas por corporaciones trasnacionales y volcadas enteramente a la proveeduría del mercado estadounidense. Entre ellas destaca la exportación de litio, la exportación de gas natural, la maquila y exportación de microprocesadores y la exportación de agua.
En lo que se refiere al litio, a muchos entusiasmó que la administración federal haya creado la empresa estatal LitioMX e impulsado la reforma a la Ley Minera en la que se declarada este mineral como patrimonio de la nación. Sin embargo, tal y como claramente lo expone el reciente informe de la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería (REMA), los cambios quirúrgicos que le hicieron a la Ley Minera, lejos de “nacionalizar” el litio, abren la puerta para el impulso de un modelo extractivo publico-privado que, amparado por el T-MEC, beneficiará a las grandes corporaciones mineras canadienses, estadounidenses y mexicanas (vale recordar que Grupo México de Larrea ha sido particularmente apapachado como pocos en el estado de Sonora por el actual gobernador Alfonso Durazo, a pesar de su negligencia y responsabilidad en el caso de los 65 mineros en Pasta de Conchos).
En este escenario, LitioMx funcionará únicamente como holding encargado de administrar las concesiones y la participación privada (además de encabezar las negociaciones para expulsar a la empresa china Gangfeng por representar una amenaza para EUA). Por tanto, el discurso celebratorio que dio el presidente Obrador el 18 de febrero pasado en Sonora al comparar esta supuesta “nacionalización” del litio con la expropiación petrolera, sólo esconde al control que tendrá el gran interés minero privado sobre esta región y las profundas consecuencias destructivas que producirá la explotación de este mineral a nivel social y ambiental.
Junto con el Litio, Sonora se colocará en el mapa mundial como una estratégica plataforma de exportación de gas natural traído desde Texas. EUA es el país que está viendo mayor bonanza con la guerra en Ucrania ya que el abastecimiento del gas a Europa y a algunos países asiáticos que provenía de Rusia, ahora está siendo sustituido por el gas extraído por fracking en Texas (EUA es el mayor productor de gas natural del mundo). Una gran red de gasoductos privados que van desde la frontera contigua al vasto campo de gas de esquisto en Eagle-Ford (Texas) desembocará en costas sonorenses cercanas a Guaymas donde se ha construido un complejo de licuefacción de gas para enviar gas licuado vía marítima a las costas asiáticas. Este proyecto que forma parte del Plan Sonora (y que de ecológico y verde tiene nada) convertirá a Sonora en un anexo subordinado enteramente a los barones del gas de Texas.
Pero si esto no fuera suficiente para mostrar la falsedad detrás del discurso celebratorio en torno al Plan Sonora, habrá que voltear a ver la reiterada intensión que ha mostrado el gobernador de Sonora por atraer inversiones extranjeras en materia de fabricación de semiconductores. Mientras que los medios empresariales insisten en mencionar que Sonora se puede convertir en un potencial manufacturero de microchips, la realidad es que el estado (y el país) sólo tiene la posibilidad de insertarse de forma subordinada a las cadenas de suministro de los semiconductores mediante etapas de empaque que requieren elevadas cantidades de trabajadores/as recibiendo bajos salarios. De llegar la manufactura de chips a Sonora, ésta será maquila en la que se pueda intensificar y extender las jornadas de trabajo para exprimir la vida productiva de la población trabajadora al máximo, como de por si ocurre en todas las maquilas del país.
Finalmente, otra actividad estratégica del Plan Sonora ha sido anunciada como la enorme planta desalinizadora que llevará agua de Puerto Peñasco a Arizona para abastecer el suroccidente estadounidense que se encuentra en una situación de presión hídrica cada vez más grave por los bajos niveles de agua del Rio Colorado. Para solucionar esta emergencia hídrica en EUA, se considera la creación de una gran desalinizadora en Sonora para abastecer, no a la población sonorense que por décadas se ha visto enfrentada a problemas de mala distribución de agua, sino al consumo en EUA. Esta planta producirá agua para diez ciudades Hermosillo, pero ni una gota de ella se quedará en el estado.
Por lo anterior, las grandes empresas tendrán mucho que celebrar con el Plan Sonora, pero no la población sonorense y mexicana. Esta iniciativa no sólo está muy lejos de incentivar una transformación sustentable, sino que sumerge al estado en una condición de enclave económico controlado por el interés privado de las grandes corporaciones, en detrimento del bienestar ambiental y social en el estado.
__________
Profesor investigador del Instituto Mora. Doctor en Estudios Latinoamericanos y en Estudios del Desarrollo. Sus líneas de investigación giran en torno a la economía política, desarrollo y dependencia en América Latina, con énfasis en la reestructuración productiva internacional y el mundo del trabajo.