Gustavo Sosa Núñez
Inicia un año más y la acción para combatir el cambio climático continúa a un ritmo apaciguado. Las condiciones políticas actuales son nada prometedoras tomando en cuenta los “logros” que se han obtenido en la materia. Como muestra están los resultados de la Conferencia de las Partes 28 (COP28) que tuvo lugar hace poco menos de un mes, y en cuyas negociaciones quedó evidente la discrepancia entre la realidad política y la esperanza ciudadana para llevar a cabo acciones contundentes que permitan abordar fehacientemente la problemática.
En la COP28 se acordó una “transición de salida” de combustibles fósiles que sea “justa y ordenada”, pero que se encuentra lejos de ofrecer soluciones reales, debido en parte a las posturas divergentes en varios asuntos, como el dinero para apoyar al Sur global en daños y reparaciones, así como los mercados de carbono. Esto se dio en medio de la controversia ocasionada por quien fue designado para liderar las negociaciones climáticas pues, en su rol como director ejecutivo de la empresa nacional de petróleo del país anfitrión, tuvo el desacierto de negar que la ciencia apunte a la necesidad de dejar progresivamente el uso de combustibles fósiles para alcanzar la meta expuesta en el Acuerdo de París. Dicha declaración le ocasionó innumerables críticas que lo hicieron retractarse y argumentar que habían malinterpretado sus palabras.
Simultáneo a las negociaciones internacionales en las que los países encuentran diplomáticamente puntos en común o acercamiento, es importante considerar el contexto político y electoral al interior de los países, pues la transición energética que implica reducir o eliminar el uso de combustible fósiles puede traer beneficios globales, pero los costos son esencialmente locales. En esa tesitura, las afectaciones son caldo de cultivo para electores decepcionados con el rumbo de las cosas y que, en condiciones normales, piensan en la inmediatez de su situación y calidad de vida. Así, los votantes insatisfechos pueden incidir en la conformación de los gobiernos y, por ende, en el seguimiento a las políticas climáticas adoptadas a nivel global.
En consecuencia, se observa la creciente presencia del cambio climático en discursos políticos, cuyas perspectivas varían según plataformas electorales. Usualmente se asocia la protección del medio ambiente y el combate al cambio climático con posturas políticas de izquierda, acompañando a otros temas como las agendas de género y de la comunidad LGBTTQI+. Sin embargo, la izquierda latinoamericana se cuece aparte, pues frecuentemente tiene plataformas políticas con tintes extractivistas que contradicen el compromiso con el ambiente, la tierra y sus comunidades. Bolivia y Chile son ejemplos actuales de esta situación.
Desde la perspectiva de la derecha, se acepta que el cambio climático es un asunto apremiante y se exploran también opciones de negocio en el proceso de transición. Sin embargo, cada vez crece más el electorado descontento con las afectaciones que implican la transición energética y los cambios en el modo de vida, y está volteando a ver y considerar las propuestas y posturas de la extrema derecha, obligando a la derecha moderada a adoptar parte de ese discurso, lo que permite suponer que, eventualmente, el cambio climático tendrá presencia importante en la discusión pública y el discurso político, pero no precisamente para buscar atender el asunto, sino para normalizar la idea de que abordarlo como se plantea actualmente es un problema en sí mismo.
Los casos son varios y de diversa índole. Las administraciones de Trump y Bolsonaro, en Estados Unidos y Brasil, respectivamente, fueron de los primeros casos, y ya permea en otras latitudes. En Países Bajos, el Partido por la Libertad (PVV, por sus siglas en neerlandés) ganó el mayor porcentaje de votos en la elección de noviembre pasado, y busca desmantelar los avances en materia ambiental y climática que suponen el Pacto Verde Europeo. Vox en España y Alternativa para Alemania (AfD) son otros ejemplos que, si bien no son gobierno a nivel nacional, están aumentando su porcentaje de aceptación y votación a escala local. Esto permea a otras latitudes también, el caso más reciente es el nuevo gobierno en Argentina, en el que Milei es considerado como negacionista del cambio climático.
Así, posturas minimizando o ridiculizando al cambio climático y las acciones de mitigación y adaptación que se plantean, y que entendiblemente impactan en los hábitos de consumo y estilos de vida, tendrán un espacio creciente en el discurso político, poniendo en entredicho el esfuerzo de varios años de la comunidad científica internacional y buena parte de la ciudadanía y la sociedad civil organizada.
Ante esta situación, es posible considerar que la política de centro, en términos de combate al cambio climático, tenderá a desaparecer por la definición de posturas entre la izquierda y la derecha. Esta situación debe aprovecharse para examinar los vínculos entre democracia (incluyendo representación y participación), y el combate al cambio climático, pues éste es un tema que estará vigente durante varios años por venir, y 2024 es parte de ese proceso.