Nos amanecimos al inicio del 2023 con el anuncio de un cambio en la estrategia hacia la migración que aspira a llegar a Estados Unidos. El plan de Washington es ofrecer hasta 30 mil visas mensuales para que ciudadanos de Cuba, Haití y Nicaragua se sumen al formato de solicitar visas para emigrar al país del norte desde sus propios países, como ya lo hacen los venezolanos. La idea es inhibir la migración por una ruta terrestre que implica cruzar fronteras y buscar entrar sin documentos por territorio mexicano a ese país. El mecanismo puede resultar útil para quien cubra todos los requisitos que exige este programa, como tener un conocido que radique en Estados Unidos y que acepte hacerse responsable de quien quiere migrar, pagar el costo del trámite y eventualmente, de ser aceptada su solicitud, llegar por vía aérea. Este es el plan de la administración de Biden para contener la migración que ellos consideran desbordada y que les ha causado sinnúmero de problemas a los demócratas frente a los gobiernos republicanos de Texas y Florida. Hasta ahí podemos decir que se trata de una decisión política de un país como Estados Unidos que decide así regular el flujo migratorio hacia su territorio. El problema es que, para completar este nuevo esquema de migración cuyo objetivo es entrar a territorio estadunidense, México es el el país que hace el trabajo sucio.
Y es que a la par del anuncio desde la Casa Blanca, en México se notificó por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores en voz del Canciller Marcelo Ebrard, que nuestro país recibirá hasta 30 mil personas por mes que no hayan sido aceptadas como solicitantes de asilo en aquel país. Se trata de nacionales a los que Estado Unidos rechaza pero que al mismo tiempo se le complica enviar deportadas a sus países, y, por tanto, México acepta recibirles en la idea de que inicien tramites de refugio y se establezcan aquí.
Esta decisión que podría considerarse incluso humanitaria se tomó completamente a espaldas de cualquier sector social que acompañe el proceso migratorio en México, sean las agrupaciones que apoyan a los migrantes en tránsito, quienes asesoran su regularización jurídica y quienes orientan y se solidarizan con quienes emprenden una nueva vida en un país que no eligieron como destino. Además, la autoridad mexicana no ha dado información detallada y precisa sobre qué ofreció México y a qué se comprometió al aceptar recibir este flujo que Estados Unidos rechaza por su propia conveniencia. Este nuevo flujo se sumará al número de personas migrantes que de por si ha ido llegando al país de manera creciente los últimos años, entre los que un número importante se encuentra literalmente atrapado en ciudades de las fronteras sur y norte de nuestro país. Debe quedar claro que hasta ahora el esquema de ofrecer albergues y atender a la población en tránsito ha sido tarea sobre todo de asociaciones civiles y religiosas que se ubican a lo largo del territorio nacional, por lo que lo mínimo, hasta por cortesía, sería enterarles a ellos de la situación que se avecina.
Para México como país, es un reto enorme recibir lo que serán más de medio millón de personas en un solo año, sobre todo si se mantiene la política de impedirles transitar a lo largo del territorio nacional como personas libres, si no se les dan documentos expeditos que les permitan eventualmente buscar trabajo, agilizar la reunificación familiar por la que tantos claman, y, si ni siquiera se les reconocen sus documentos oficiales de su país de origen que acreditan su condición jurídica y por tanto, su capacidad para realizar trámitestan básicos como abrir cuentas bancarias o rentar una vivienda. Todos estos puntos son parte de exigencias que existes desde hace mucho tiempo para intentar que la situación de quienes migran sea, aunque sea un poco menos vulnerable.
No suena nada prometedor que el gobierno mexicano bajo la responsabilidad de la Cancillería se haya comprometido a un esquema que puede tener un impacto enorme en la composición demográfica nacional de una manera muy evidente, sin al mismo tiempo, proponer un plan para explicar, educar, sensibilizar a la población mexicana que tiene derecho a estar enterada para entender la dimensión de este tipo de decisiones que se asumen a nombre de todos, pero que se mantienen en la opacidad.
Además, si México ha aceptado de manera oficial ser el país que recibirá a quien Estados Unidos rechaza, lo mínimo que podemos hacer es actualizar nuestro marco jurídico en temas migratorios que implica, de entrada, derogar el articulo 33 que prohíbe a la población extranjera radicada en México emitir opiniones políticas, participar y ejercer derechos políticos porque ese impedimento no solo está fuera de tiempo histórico, sino que es contrario a absolutamente todos los acuerdos internacionales en derechos humanos que México ha firmado y que no puede seguir siendo la manera en que nuestro país habla de hospitalidad hacia los migrantes al mismo tiempo que les exige cerrar la boca y les prohíbe siquiera opinar.
Es tiempo de que la política hacia las personas extranjeras que radican en México de un giro que acote todo posible recoveco que da lugar a la xenofobia y que, sobre todo, socialice la información en el tema, informe sobre los alcances y por encima de todo, nos diga, ¿cuál es el plan frente al tema? para poder, si esa es la intención, apoyarlo.
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Profesora e investigadora del Instituto Mora
@migrantologos
@leticheliu
