Por: Rebecka Villanueva Ulfgard
Mucho se ha escrito sobre las expectativas en torno a los megaproyectos de infraestructura de la actual administración federal en México y su potencial para facilitar el acceso a los mercados internacionales, así como su papel en las cadenas de suministro regionales y globales. No obstante, esta estrategia representa una apuesta política cuyos resultados son inciertos aún. Por tanto, cabe preguntarse, ¿qué tipo de transformación se está gestando en realidad? La visión del presidente López Obrador está orientada hacia un desarrollo impulsado por la infraestructura que busca integrar los Polos de Desarrollo para el Bienestar (PODEBIS) dentro de las cadenas de valor de manera que promuevan la diversificación económica, la modernización industrial, la integración de productos básicos en las cadenas de suministro globales y el nearshoring. Esto tiene similitudes con iniciativas como el Corredor Económico China-Pakistán, Visión Indonesia 2045 y Visión Saudita 2030. Mediante una serie de acciones del ejecutivo, se observa una nueva distribución institucionalizada de riesgos y recompensas entre los Estados e inversionistas, en la que la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y la Secretaría de Marina (SEMAR) desempeñan roles cruciales. Por ejemplo, mediante reformas fiscales que favorecen al capital extranjero, el Estado proporciona una red de seguridad para los inversionistas, protegiendo sus ganancias frente a los riesgos asociados a la demanda de los activos de infraestructura y a aquellos de orden político, incluida por cierto la regulación climática. De esta manera, los riesgos de mercado asociados con los megaproyectos de infraestructura se trasladan a las cuentas del Estado, mientras que este “nuevo paradigma” se desentiende de varios temas
sociales como el medioambiental. Creo que esta fórmula representa una visión típica neoliberal del siglo XX, donde el crecimiento y desarrollo son meras variables exógenas.
En la actual transformación de México, donde el Estado adquiere un papel más activo en los mercados como participante, propietario de capital, agente empresarial y regulador de la estrategia industrial, este enfoque de capitalismo de Estado mediado por las Fuerzas Armadas se caracteriza por una limitada rendición de cuentas y obstáculos para el acceso a la información. Por decreto, el presidente ha clasificado los megaproyectos de infraestructura de su administración como “asuntos de seguridad nacional”. La inclusión de las Fuerzas Armadas en la agenda económica es distintiva de la administración de López Obrador, generando nuevas oportunidades de ingresos para el Estado mexicano. Sin embargo, otorgar a las Fuerzas Armadas un papel más allá de sus funciones tradicionales y considerarlas como el principal socio para el desarrollo, plantea interrogantes sobre la sostenibilidad de este arreglo, especialmente en lo que respecta a las dimensiones sociales y ambientales. Es conocido que los procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental y las consultas previas han sido deficientes o inexistentes en los megaproyectos de esta administración.
La pregunta subyacente es ¿hasta qué punto deberían involucrarse la SEDENA y la SEMAR como actores económicos y cuáles son los límites? La realidad muestra que las Fuerzas Armadas actúan como ejecutoras de los megaproyectos de infraestructura en la visión personal del presidente López Obrador. En sus conferencias matutinas, el presidente ofrece explicaciones a posteriori, con limitadas oportunidades para realizar preguntas críticas. Indudablemente, los efectos de la militarización del desarrollo de infraestructura eventualmente se entrelazarán con temas como el cambio climático, la crisis migratoria y el
crimen organizado, entre algunos temas urgentes. Queda por ver si será posible anticipar cómo el presidente espera que la SEDENA y la SEMAR aborden estos desafíos complejos.
Las empresas transnacionales ven a México bajo la lente del nearshoring. Se destacan dos problemas críticos: la insuficiencia de infraestructura para la generación de energía limpia y la carencia de capital humano. La ambigua política energética no ha proporcionado el impulso necesario para la construcción de nuevas líneas de transmisión y distribución eléctrica, ni para la generación de energía limpia. La promesa de los PODEBIS podría no satisfacer la demanda de energía limpia de las empresas que fabrican productos que tal vez no cumplan con los estándares ambientales, limitando así su potencial de exportación a los mercados internacionales. Asimismo, la necesidad de mano de obra calificada para aumentar el valor agregado no se solucionará de inmediato. Para que México se beneficie plenamente del auge del nearshoring, es necesario un avance cualitativo en la inversión en educación, ciencia y tecnología. No sólo se trata de construir instalaciones industriales y asegurar el suministro de energía verde para la producción de semiconductores, sino también de aumentar las inversiones en infraestructura social para quienes trabajarán en las nuevas fábricas, incluyendo vivienda, transporte, centros comerciales y recreación.
La visión de transformar los estados del sur de México podría parecer un círculo virtuoso, pero hay serias preocupaciones respecto a su sostenibilidad social y ambiental, especialmente en la ejecución, donde se eluden las salvaguardas ambientales y se dejan de lado a secretarias estatales especializadas, a empresas con experiencia y a expertos civiles. Si los recientes acontecimientos indican un retroceso ambiental y democrático, y si esto a largo plazo podría representar un problema para los inversores extranjeros (especialmente para los de países
miembros de la UE), es una cuestión abierta que merece una profunda reflexión para los intereses de este país.
Rebecka Villanueva Ulfgard, Investigadora-Profesora en Estudios Internacionales, Instituto Mora (rulfgard@institutomora.edu.mx)
