El 22 de junio de 2022 marcó un hito en la historia reciente de México. Ese día se abrieron las puertas del Campo Militar Número 1 (espacio en el que se cometieron múltiples violaciones a los derechos humanos contra opositores políticos) para dar inicio a las labores de la comisión presidencial para el esclarecimiento de los crímenes durante la llamada “guerra sucia”. El evento transcurrió con cierta normalidad hasta que tomó la palabra el Secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval. Si bien el secretario reconoció que hay víctimas de “acciones realizadas por el Estado mexicano”, también hizo una exposición detalla (a mi parecer, innecesaria) sobre las facultades y obligaciones del ejército, en un ánimo evidente de exponer una imagen positiva de las fuerzas armadas.

Por Cuitlahuac Alfonso Galaviz Miranda

El discurso comenzó a incomodar a víctimas que estuvieron presentes. Al minuto 44 con 44 segundos (según la grabación disponible en el canal de Youtube del presidente) se escuchó “¿Dónde están los desaparecidos, secretario? ¿Dónde están nuestros padres? ¡Eso es lo que queremos saber!”.

Sin embargo, ese no fue el punto más álgido del malestar. Éste sucedió cuando el secretario anunció que, con aval del presidente López Obrador, se autorizó “inscribir los nombres de militares fallecidos [durante las acciones de contrainsurgencia] en el Monumento a los caídos de las fuerzas armadas”.

La respuesta ante el anuncio fue inmediata. Carlos Pérez Ricart lo narra de la siguiente manera: “las declaraciones de Sandoval levantaron inmediatamente a asistentes de sus lugares; al segundo se escuchaban los primeros reclamos, gritos y consignas que después se volverían colectivo. Las cámaras oficiales del Gobierno apenas pudieron esconder las mantas y pancartas que salían de las mochilas de los familiares de las víctimas. Fue tanto el enojo que Sandoval tuvo que terminar el discurso abruptamente. Fue penoso”.

Es destacado que Pérez Ricart señale lo inapropiado del anuncio, ya que él es uno de los expertos comisionados para esclarecer los hechos en cuestión. Leer sus impresiones me parece positivo y recuerda que no hay motivos para dudar de la disposición de las y los integrantes de la comisión para llevar a buen puerto su encomienda.

La cuestión es que, más allá de las formalidades jurídicas, el acceso a la verdad y a la justicia siempre ha sido una cuestión de disputa. El discurso del secretario raya en la revictimización y es contrario a las políticas de derechos humanos (todo un tema tratándose de una institución como el Ejército mexicano). Claro que es indignante pensar en homenajear a los militares caídos durante las labores de contrainsurgencia. Una parte de la obtención de justicia es colocar los hechos en su justa dimensión y la violencia revolucionaria y la estatal no fueron equivalentes, ni cualitativa ni cuantitativamente. Quienes militaron en la oposición no violaron derechos humanos sistemáticamente; las fuerzas del orden sí lo hicieron.

Las declaraciones del secretario no ayudan a acabar con la impunidad que reina entre soldados, algunos de los cuales son —sin lugar a dudas—responsables de violaciones graves a los derechos humanos. Por fortuna, ya hay un corpus más o menos extenso de testimonios de víctimas del Estado mexicano durante la “guerra sucia”. Sirva un ejemplo para dejar claro el nivel de violencia y sadismo alcanzado: Bertha Alicia López fue detenida de manera ilegal en Torreón, Coahuila, el 9 de abril de 1979 junto a su pareja y su hija (quien tenía un año dos meses de edad). Bertha Alicia ha dado su testimonio por escrito, donde puede leerse que la niña tampoco se salvó de la violencia estatal:

Con toda intención dejé para el final lo que a continuación voy a declarar por parecerme lo más abominable y terrible de cuanto me hicieron: a mi hijita que tenía un año dos meses, la torturaron en mi presencia, maltratándola y aplicándole toques eléctricos en todo su cuerpecito; después de haberla torturado psicológicamente al verlos golpear a sus padres, recuerdo y me estremezco al hacerlo, cómo lloraba y gritaba “papá”, y mi dolor ante la impotencia para defenderla y consolarla. Son momentos terribles que quisiera borrar de mi memoria, pero también es preciso describirlo para tratar de que no se repita con otra persona (López, 2005, p. 39).

Como se ve, ni siquiera niños (totalmente inocentes) escaparon del terror estatal durante la época. Lo narrado anteriormente sucedió en el Campo Militar Número 1, el mismo sitio donde el secretario Luis Crecencio Sandoval habló de homenajear a militares caídos, quienes —según él— cumplieron con su deber.

Lo dicho por Sandoval no sólo es inapropiado por el contenido, sino también por el timing político. En términos de memoria, no es el tiempo de las fuerzas armadas; es el de las víctimas, quienes han tenido que esperar, durante décadas, para que sus justos reclamos sean escuchados. El Estado debe priorizar, para las víctimas, justicia y reparación del daño (en la medida de lo posible); para la sociedad, acceso a la verdad y reconocimiento público de los crímenes, sin matices ni puntos medios.

Establecer una comisión para la verdad y canalizarle recursos es un avance y, sin duda, hoy existe mayor apertura que con anteriores gobiernos. Sin embargo, también es evidente que estamos ante una lucha no ganada y aún en disputa; el discurso del secretario Sandoval nos lo recuerda con rudeza. La oportunidad está ahí, pero hay que hacerla posible.

Referencia:

López, Bertha Alicia (2005|1979): “Bertha Alicia López García de Zazueta, 9 de abril de 1979”. En David Cilia y Enrique González (compiladores), Testimonios de la Guerra Sucia. Ciudad de México: Editorial Tierra Roja y Situam, pp. 35-39.

1 Fuente:

2 Fuente:

Sobre el autor:

Militares, “guerra sucia” y comisión para la verdad
Militares, “guerra sucia” y comisión para la verdad

Candidato a doctor en Estudios del Desarrollo. Problemas y perspectivas latinoamericanas por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora. Maestro en Sociología Política por la misma institución y Licenciado en Historia por la Universidad de Sonora. Autor del libro Las movilizaciones estudiantiles de 1970-1973 en la Universidad de Sonora. Ensayo sobre las influencias de los sesenta globales en un contexto local (2021). También he publicado en Conjeturas Sociológicas, América Latina Hoy, Cuadernos Fronterizos, La Silla Rota, El Universal, entre otros medios. Soy miembro de la Red Mexicana de Estudios de los Movimientos Sociales, de la Red de Estudios sobre Conflictos Universitarios y Movimientos Estudiantiles y de la Sociedad Sonorense de Historia.

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