La conversión de México en una economía maquiladora-exportadora desde la década de los años 80 fue acompañada de una política de ofensiva al trabajo marcada por la caída al abismo salarial (una pérdida del 80% del poder adquisitivo del salario) y el protagonismo de una estructura sindical propatronal (sindicatos charros, blancos y de protección) que por décadas ha controlado los contratos colectivos en el país y ha impedido a toda costa la organización democrática e independiente de la población trabajadora.
Los bajos salarios y la estructura sindical represiva hicieron la mancuerna que por décadas garantizó la “paz laboral” que requerían las grandes corporaciones para colocar sus inversiones en el país y convertir el territorio nacional en la enorme plataforma maquiladora exportadora.
Pero en los últimos años el sindicalismo propatronal comenzó a mostrar sus límites frente a los crecientes estallidos obreros que se han ido registrando en el país de forma progresiva; particularmente en la industria de exportación. La actividad maquiladora se ha visto interrumpida en diversas ocasiones a lo largo y ancho del territorio nacional (especialmente en la frontera norte) por el creciente descontento de grupos organizados de obreros que; contra viento y marea, han parado la producción en el piso de la fábrica demandando la mejoría de las condiciones de trabajo, reparto de utilidades, aumento salarial, freno al acoso laboral y sexual dentro de los espacios laborales, entre muchas otras exigencias. El momento cúspide de esta ola de movilizaciones fue la huelga de 50 mil obreros que se produjo a principio del 2019 en la ciudad fronteriza-maquilocéntrica de Matamoros, Tamaulipas, donde se demandaron aumentos salariales del 20%.
Esta gran huelga en la maquila –producida en la puerta de Estados Unidos– fue determinante para el viraje que vendría después en la política laboral y en la política comercial norteamericana. Donde la incorporación del Mecanismo de Respuesta Rápida en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC) fue significativa para reparar violaciones a los derechos de libertad sindical en México, así como la aprobación de la Reforma Laboral el 1 de mayo de 2019 en la cual se fijó un periodo de tres años como fecha límite para que todos los sindicatos del país pudieran registrar el proceso de legitimación de sus contratos colectivos mediante votación libre y secreta.
En su momento, estos dos acontecimientos se recibieron con gran celebración y algarabía, como si finalmente, después de tantos años de agresión contra la clase trabajadora en el país, las heridas se resanarían positivamente. Sin embargo, a cuatro años desde que se puso marcha la reforma laboral y tres años desde que se aprobó el TMEC, el escenario que muchos veían alentador se ve cada vez más nublado y ensombrecido.
De los 140 mil contratos colectivos registrados en el país, sólo 11% se legitimaron, el grueso de ellos controlados por sindicatos propatronales. Mientras tanto, el 89% restante desaparecerán al no haberse legitimado, lo cual deja a la mayor parte de la población del sector formal del país sin contratos colectivos.
Los pocos procesos democráticos que lograron revertir el dominio de sindicatos corporativos y conseguir la titularidad de sindicatos independientes son casos excepcionales que ya están siendo golpeados y acosados por las empresas y centrales sindicales subordinadas (el caso ejemplar de esto es el de VU Manufacturing en Piedras Negras donde la empresa ha decidido despedir al grueso de la población obrera antes que negociar con el sindicato democrático e independiente de la Liga Sindical Obrera Mexicana).
Si bien es todavía temprano para poder afirmar lo que pasará en los próximos años con el mundo sindical en el México, los hechos demuestran que el escenario que se vislumbraba por el optimismo parece haber tomado un giro poco alentador: las centrales sindicales propatronales mantuvieron el control de los contratos colectivos en las actividades económicas estratégicas para la economía mexicana, gran parte de ellas dedicadas a la maquila para la exportación. En este sentido, salvo por casos excepcionales de organización democrática emanada de las bases, la mancuerna entre el sindicalismo propatronal y las corporaciones trasnacionales se mantendrá indemne, y peor aún, ahora con “legitimidad”.
De esta forma, el proceso de legitimación de contratos colectivos –que parecía tener la intención de destapar la cloaca de años– terminó sellándola nuevamente al brindar al capital un nuevo ciclo de “paz laboral” para que, sin cambiar las condiciones laborales sustancialmente, el país siga siendo un espacio de enorme atracción para las grandes corporaciones transnacionales. La ola de inversiones extranjeras tan anunciada por el proceso de “nearshoring” llega a México con la garantía de un nuevo ciclo de ‘paz laboral’ asegurado por un corporativismo sindical oxigenado y ‘legitimado’ en los sectores exportadores del país.
Paralelamente, habrá una enorme población de millones de personas trabajadoras que quedarán sin contratos colectivos a pesar de formar parte del sector formal del mercado de trabajo, a los cuales se les suma una población aún más grande (la mitad de la población económicamente activa del país) que permanece en el sector informal y que nunca fue interpelada por la reforma laboral.
La democratización sindical en México no llegará por decreto, no llegará desde arriba y mucho menos desde fuera. Hoy como ayer, es la organización desde abajo, desde las bases trabajadoras, la única que ha demostrado tener la capacidad y fortaleza para hacer frente al proceso de precarización del trabajo.
Mateo Crossa
Profesor investigador del Instituto Mora. Doctor en Estudios Latinoamericanos y en Estudios del Desarrollo. Sus líneas de investigación giran en torno a la economía política, desarrollo y dependencia en América Latina, poniendo especial énfasis en la reestructuración productiva internacional y el mundo del trabajo.
