Por: Jonathan López García
Como una construcción social, la memoria colectiva elabora visiones del pasado desde las necesidades de un presente sobre el que tiene impacto político. Los actores organizados en torno a grupos e instituciones son capaces de ejercer una agencia para producir versiones del pasado con el objetivo de colocar sus interpretaciones en el espacio público. Como fenómeno político, la memoria ha llegado a ocupar un lugar privilegiado en las sociedades occidentales al grado de convertirse en un conjunto de políticas públicas. Si bien, las instituciones del Estado tienen recursos privilegiados para imponer visiones del pasado sobre la sociedad, en gran medida las políticas públicas de la memoria corresponden a una demanda sostenida por colectivos organizados que reivindican el esclarecimiento de las graves violaciones cometidas en el pasado reciente, así como el reconocimiento de la responsabilidad estatal y las correspondientes sanciones judiciales sobre los perpetradores.
Los contextos sociopolíticos son determinantes para la producción de memorias colectivas o su inhibición. En torno a las políticas públicas de la memoria en México, la revisión de la violencia estatal del pasado reciente ha estado marcada por la ausencia de un punto de quiebre claro con el régimen de partido hegemónico. En este sentido, a pesar de la existencia de una transición democrático-procedimental, es conveniente pensar mejor en términos de una descomposición del régimen autoritario, cuyas consecuencias son patentes hasta nuestros días.
En un escenario caracterizado por la falta de rendición de cuentas y la revisión del pasado, muchos de los actores que participaron dentro del aparato de violencia estatal permanecieron en posiciones claves y las instituciones de seguridad e inteligencia nunca fueron sometidas a una depuración de elementos, ni mucho menos a una reforma. Así, la impunidad de la violencia ejercida contra las múltiples disidencias abrió el camino para nuevas formas de violencia de carácter criminal, cuya magnitud ha desatado una crisis de derechos humanos.
Ante la violencia de Estado en México, que se conoce —por una convención que requiere su discusión— como guerra sucia, cabe preguntarse entonces: ¿qué condiciones sociopolíticas han limitado la implementación efectiva de políticas públicas de la memoria en el nuevo siglo? Pueden considerarse tres factores acumulativos fundamentales que se han sedimentado como las capas de impunidad en nuestro país: 1) una alternancia política con una débil transición prolongada (2000-2006) ; 2) la irrupción de una violencia criminal estrechamente vinculada a una estrategia de seguridad que ha generado una crisis humanitaria (2006-2018); y 3) la revisión acotada de la violencia del pasado reciente y la negación de la continuidad de distintas violencias en el presente (2018-2023).
No obstante, en este último periodo, es insoslayable el impulso de una agenda de memoria y verdad que no formaba parte del programa con el que el actual gobierno ganó en las urnas. Sin embargo, gracias a colectivos organizados de sobrevivientes y familiares de víctimas, la demanda por la verdad y la justicia ha llegado a ser tomada en cuenta por áreas específicas de la administración López Obrador, así como por el propio titular del Ejecutivo federal. En el proceso de configuración de una política de verdad, memoria y reparación debe destacarse el papel desempeñado por la Dirección General de Estrategias para la Atención de Derechos Humanos, dentro de la Subsecretaría de Gobernación encabezada hasta hace poco por Alejandro Encinas.
Es necesario recordar brevemente los intentos previos de esclarecimiento del pasado, la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (2001-2006) y la Comisión de la Verdad del Estado de Guerrero (2012-2014). En dichas experiencias emergió una contradicción que no es posible perder de vista, pues a pesar de haber sido mecanismos oficiales —empujados por su puesto, por un reclamo social—, distintas áreas del Estado pretendieron acotar el acceso al derecho a la verdad. Tanto en el caso de la FEMOSPP como en el de la Comverdad, existió una demanda no atendida para crear una Comisión de la Verdad a nivel nacional para esclarecer las graves violaciones cometidas en el pasado reciente en México, pero, sobre todo, para establecer el paradero de las personas que sufrieron desaparición forzada a manos de agentes estatales. Igualmente, en ambos momentos se observó la reticencia manifiesta de instituciones del Estado para brindar su cooperación, como las Fuerzas Armadas, el Poder Judicial y las agencias civiles de inteligencia.
Volviendo al apremiante presente, la estrecha relación del actual gobierno con las Fuerzas Armadas le ha llevado al presidente a moderar un discurso más confrontativo y crítico hacia las instituciones castrenses por uno de reconciliación y reconocimiento. De esta manera, es válido cuestionarse si la voluntad política de esclarecer el pasado y aplicar la justicia se ve limitada ante la imposibilidad del Ejecutivo federal de antagonizar con un aliado estratégico. ¿No existe acaso una contradicción entre los compromisos asumidos con los colectivos de familiares y el respaldo incuestionable hacia el Ejército, al que exime de antemano en sus conferencias matutinas de cualquier responsabilidad, inclusive antes de recibir el informe final de la comisión que ordenó crear por decreto para conocer la verdad del pasado con el que su gobierno pretende romper?1
Jonathan López García es Maestro en Sociología Política y Licenciado en Historia por el Instituto de Investigaciones “Dr. José María Luis Mora”, egresado del Colegio de Estudios Latinoamericanos de la UNAM y Ayudante de Investigación SNI III de Conahcyt.
1) El texto es parte de los resultados de investigación de la tesis: “Las deudas del pasado y las urgencias del presente. Guerra sucia y políticas de la memoria en México (2001-2002)”. Disponible en: https://www.academia.edu/93824673/Las_deudas_del_pasado_y_las_urgencias_del_presente_Guerra_sucia_y_pol%C3%ADticas_p%C3%BAblicas_de_la_memoria_en_M%C3%A9xico_2001_a_2021_
Sobre la Fiscalía Especial creada en el sexenio de Vicente Fox para tramitar el pasado, véase también: “La FEMOSPP y la disputa por el pasado. Justicia transicional y políticas de la memoria en México”. Disponible en: https://www.academia.edu/66256878/La_FEMOSPP_y_la_disputa_por_el_pasado_Justicia_transicional_y_pol%C3%ADticas_de_la_memoria_en_M%C3%A9xico
