Durante las últimas décadas la política criminal en distintos países del mundo se ha caracterizado por su enfoque coercitivo reflejado en retóricas y prácticas gubernamentales que priorizan el uso de la fuerza, la “mano dura” y la “tolerancia cero” para atender la inseguridad. Desde las ciencias sociales, se ha llamado a este tipo de estrategias como populismo punitivo, el cual se presenta por los gobiernos ante la ciudadanía como una fórmula mágica que, a través de la expansión y el endurecimiento del derecho penal, resolverá de manera definitiva la delincuencia en sus distintos niveles. Sin embargo, la importancia que le dan las autoridades a la cuestión criminal en la agenda pública no implica una intención real de resolverla, sino un beneficio político y, en la mayoría de las veces, meramente electoral.
Los casos son diversos, desde aquellos que se manifiestan en actos mediáticos y a corto plazo, hasta aquellos más drásticos y duraderos. Un claro ejemplo de estos últimos es el de El Salvador. Recientemente, el presidente de dicho país, Nayib Bukele, decretó un estado de excepción, el cual fue aprobado el 27 de marzo por el congreso salvadoreño y complementado con medidas adicionales por dicha instancia pocos días después. Esto ha implicado la suspensión de ciertos derechos fundamentales, como son la defensa jurídica, el no ser informado por los motivos de la detención, el arresto por periodos indefinidos previo al juicio, la posibilidad de procesar a personas sin su presencia en el enjuiciamiento, las condenas de hasta 10 años de prisión a menores de 16 años de edad, así como el encarcelamiento para quien reciba algún beneficio (directo o indirecto) de cualquier tipo de relación con las pandillas. No conforme con lo anterior, a principios del mes de abril, el congreso de aquel país aprobó reformas al Código Penal que dictan la reclusión de las personas que reproduzcan contenidos creados por las pandillas. Como lo señala Amnistía Internacional (2022), estos cambios a la ley abren la puerta a la censura y a la criminalización de las personas que realizan investigaciones periodísticas sobre la violencia del país.
De acuerdo con las cifras dadas a conocer por el propio presidente, a un mes de haber iniciado el estado de excepción se habían detenido a por lo menos 12 mil personas. Muchas de estas detenciones han sido señaladas por las familias de aquellas y por organizaciones civiles como arbitrarias y violatorias a los derechos humanos. A través de las redes sociales se han dado a conocer distintos videos que muestran la brutalidad de las fuerzas del orden en su actuar durante dicho proceso, algunos de ellos, incluso han sido publicados por las propias instituciones de seguridad. Aunado a lo anterior, el gobierno salvadoreño ha utilizado los medios de comunicación para estigmatizar y violentar los derechos de las personas privadas de la libertad, como lo hizo el titular del poder ejecutivo, quien sugirió en su cuenta de Twitter que las personas detenidas no recibirían sus alimentos ni aire fresco; pero también para atacar a las personas y organizaciones que han criticado a las acciones de su gobierno en materia de seguridad.
Una de las características emblemáticas del populismo penal es que crea la narrativa de una supuesta existencia de un enemigo de la población. Es decir, alguien “ajeno” a la comunidad que se presenta como un peligro potencial, lo cual permite la aplicación de medidas de excepción sobre aquel y, por tanto, se sanciona a sujetos por acciones que no necesariamente han ocurrido. En El Salvador, dicho relato se encarna en los “pandilleros”, así como en otros países han sido los “terroristas”, los “migrantes” o los “narcotraficantes”.
El resultado a esta estrategia ya puede intuirse si se toma el ejemplo de México. A pesar de que en nuestro país se ha dejado de lado el discurso belicista y punitivo, es claro que la política criminal sigue estando fundamentada en el despliegue de cientos de miles de elementos policiales y militares, así como en el endurecimiento del derecho penal, como lo fue a inicios de la llamada “guerra contra el narcotráfico”, la cual representó el punto de inflexión en el crecimiento de la violencia en todo el país, expresada en homicidios dolos, así como en el secuestro, la extorsión y la desaparición de personas,. Es decir, a más de 15 años de haberse emprendido la supuesta batalla contra el crimen organizado, ni este, ni otros delitos han disminuido.
El populismo punitivo, es también llamado como la “política criminal del oportunismo” (Nava, 2021), puesto que se sabe, tanto por políticos y especialistas, que esta no tiene la capacidad para atender el fenómeno que dice atacar. Sin embargo, eso no impide su impulso por parte de los gobiernos, ya sean de derecha o de izquierda, ya que, de igual manera es ampliamente conocido por los gobernantes que, la mayoría de la población suele respaldar dicho tipo de estrategias y, por tanto, pueden influir de manera positiva en su legitimación. Pero más graves aun, es que con estas políticas se fortalecen las relaciones de poder autoritarias y las violaciones a los derechos humanos, que son justificadas por los actores políticos, así como por ciertos sectores de la sociedad civil. Lamentablemente, ambas partes encuentran su inusual reconciliación a través de la implementación de medidas ineficaces y contraproducentes, pero sumamente populares, como son los estados de excepción.
Referencias
Amnistía Internacional. (2022). El Salvador: El estado de excepción ha creado una tormenta perfecta de violaciones de derechos humanos.
Nava, A. (2021). Populismo punitivo. Crítica del discurso penal moderno. México: INACIPE.
Alan Salvador Hernández Morales
Es maestro en Sociología Política por el Instituto Mora, especialista en Opinión Pública por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y licenciado en Sociología por la Universidad Autónoma Metropolitana. Se ha desempeñado profesionalmente en instituciones académicas, en organizaciones de la sociedad civil y en la administración pública.
@Alan_SalvaH
