La CELAC: una oportunidad para hacerle frente al cibercrimen en las Américas

Se ha comentado mucho sobre diversos aspectos protocolarios y de forma que ocurrieron durante la reunión de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), celebrada el pasado 18 de septiembre, pero se ha comentado poco sobre los aspectos sustantivos que emanaron de la Declaración de la Ciudad de México, documento adoptado durante dicha reunióni. Por ello, a continuación, se presenta un breve análisis de uno de sus 43 puntos, relativo al uso pacífico de las tecnologías de la información y comunicaciones para evitar que se fomenten actos subversivos o conflictos entre Estados. En otras palabras, estamos ante los primeros pasos para hablar sobre Derecho Digital Internacional en las Américas.

Este tema, a diferencia de los otros que se mencionan en la Declaración vinculados a la paz y seguridad regional, como el desarme nuclear o el terrorismo, resulta ser un tema de vanguardia e innovador que escasamente ha sido discutido en otros foros regionales y que requiere una atención especial en América Latina y el Caribe. Para dimensionar este problema, se pueden mencionar algunos ejemplos: el uso de redes sociales por parte del crimen organizado en México para reclutar sicariosii; creación y uso de cuentas falsas para diseminar noticias contra actores políticos en El Salvadoriii, Ecuadoriv y Brasilv; discursos de odio en contra de migrantes en Chilevi y Colombiavii; y diversos ciberataques a instituciones como la Lotería Nacional de Méxicoviii y al Ministerio de Obras Públicas de Argentina.

Tampoco es un hecho menor que tanto Rusia como China sean países observadores de la CELAC y que sean precisamente estos países a los que se les han acusado en diversas ocasiones por cometer ataques cibernéticos en contra de otros países como Estonia o en contra de compañías como Google. Habrá que analizar si a la larga es un tema que puede influir en su participación en este foro.

Otro aspecto para tomar en cuenta derivado de este tema será el posicionamiento de los países de la CELAC en torno a dos instrumentos internacionales que se están negociando en el marco de la Organización de Naciones Unidas. El primero, el del Tratado contra el Cibercrimen, que se enfoca en la lucha contra la utilización de las tecnologías de la información y las comunicaciones con fines delictivos, y el segundo las regulaciones que buscan la Promoción del Comportamiento Responsable de los Estados en el Ciberespacio en el Contexto de la Seguridad Internacional.

El Tratado contra el Cibercrimen, si bien en un primer momento podría verse como un acuerdo necesario, preocupa que algunos estados puedan utilizar atribuciones de seguridad para vigilar y coartar la libertad online de activistas políticos con el pretexto de implementar lo que pueda estipular. Un posible acuerdo jurídicamente vinculante podría significar una mayor regulación de contenido digital y acceso a datos sin consentimiento por parte de los usuarios.

Por otro lado, durante los trabajos para diseñar las regulaciones para el Comportamiento Responsable de los Estados, se ha reconocido que los ataques han aumentado en alcance, escala, gravedad y complejidad. Es así, que ahora se tienen que agentes del gobierno pueden atacar a corporaciones privadas encargadas de servicios públicos, que no necesariamente cuentan con el respaldo defensivo por parte de sus países, lo que convierte a estos ataques en guerras asimétricas digitales.

Considerando los puntos anteriores, se vuelve necesario que los países de la CELAC pongan en práctica lo aprobada en su Declaración, y que cuenten con Estrategias Nacionales de Ciberseguridad, así como la institucionalidad requerida para operarlas. Hasta el momento, de acuerdo con el último reporte de Ciberseguridadix publicado por el Banco Interamericano de Desarrollo y la Organización de Estados Americanos, solamente 12 países tienen una estrategia, 6 están desarrollando una y 14 no tienen nada. Falta mucho camino por recorrer y resulta necesario que los gobiernos llamen a la mesa de trabajo a la academia, al sector privado y las organizaciones no gubernamentales con el objetivo de contar con políticas públicas con un enfoque de corresponsabilidad compartida.

La CELAC: una oportunidad para hacerle frente al cibercrimen en las Américas

Gustavo Mauricio Bastién Olvera es Coordinador de Grupo en el proyecto Foretell del Centro de Seguridad y Tecnología Emergente de la Universidad de Georgetown y profesor en el Centro de Investigación y Docencia Económicas. De igual forma se desempeña como consultor de la Iniciativa Global contra el Crimine Organizado Transnacional. Anteriormente, trabajó en la sede del Banco Interamericano de Desarrollo en Washington D.C. Ha sido profesor de licenciatura y posgrado en el Instituto Mora, la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto de Formación Profesional de la Fiscalía de la Ciudad de México y la Universidad de la Policía Nacional de Honduras. Es maestro en Derecho Internacional Público por la Universidad de Leiden y licenciado en Relaciones Internacionales por la UNAM.