Honduras está empezando una nueva época. El pasado 27 de enero inició la presidencia de Xiomara Castro, quien llega al poder después de una alternancia que significó el fin de la hegemonía del Partido Nacional tras ocho años en el poder.
Honduras, además de la crisis sufrida en todo el mundo por la pandemia, ha sufrido una crisis ampliada con dos huracanes de categoría 4 a finales de 2020 (Eta e Iota) que afectaron al 40% de la población. Para México, Honduras es uno de sus socios principales en el Plan de Desarrollo Integral, a través del cual busca abordar las causas estructurales de la migración y así, entre otras cosas, reducir el número de hondureños solicitantes de refugio que el año pasado contabilizaron más de 36 mil de acuerdo con cifras de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados.
Lo anterior, se suma a una crisis de seguridad pública. Pese a que los homicidios han disminuido los últimos años, pasando de una tasa de homicidios por cada cien mil habitantes de 93 en 2011 a 38 en 2021, los niveles de violencia siguen siendo altos. Por ejemplo, solamente dos de cada diez víctimas denuncian los delitos y además Honduras pasó de ser una ruta de tránsito a un país de destino del narcotráfico. Es así, que a continuación se analizarán algunas propuestas que plantea Xiomara Castro en materia de seguridad en su plan de gobierno.
Su primer punto es el de formar una policía con una visión comunitaria y eficaz, cercana a la ciudadanía. Para lograrlo, propone reorientar recursos financieros, pero también es importante que esos recursos se utilicen de manera concreta para darle continuidad a los programas de formación integral de la Policía Nacional de Honduras que han sido apoyados por la comunidad internacional y que han graduado a más de seis mil nuevos elementos durante los últimos siete años.
En el aspecto institucional, plantea desaparecer la Policía Militar de Orden Público, una organización que hasta ahora ha cumplido tareas de patrullaje en las ciudades, pero a la que se le acusa de diversas violaciones de derechos humanos. No obstante, esta acción de desaparecer tiene que ir de la mano con el primer punto, para así contar con una policía fortalecida capaz de tomar bajo su liderazgo las tareas de seguridad ciudadana. Asimismo, el pilar institucional se podría ver fortalecido con la creación de un Secretariado Ejecutivo que se encargue de coordinar a las diversas agencias de seguridad, que vaya más allá de las decisiones políticas que se puedan tomar en el Consejo de Nacional de Defensa y Seguridad.
Otro aspecto relevante, será el de cómo enfrentar los delitos con mayor presencia en Honduras con la violencia doméstica y la extorsión. Para el primero, se requiere implementar un enfoque de género en tareas de prevención e investigación del delito, mientras que, para el segundo, vale la pena darle continuidad al trabajo interinstitucional que ha realizado la Fuerza Nacional Anti Maras y Pandillas, que ha logrado evitar el cobro de más de dos millones de dólares en extorsiones. Sin duda la disminución de estos delitos también va de la mano de un incremento en las capacidades que tenga el Ministerio Público para investigarlos y los juzgados para dictar sentencias y así evitar que crezca la impunidad.
Finalmente, Xiomara Castro plantea reforzar los acuerdos de cooperación en materia de seguridad, destacando los que tiene con Estados Unidos y México. Por un lado, Estados Unidos cuenta con una base militar en territorio hondureño (la base Soto Cano en Palmerola), que le permite realizar ejercicios conjuntos y mantener su influencia y vigilancia en la región centroamericana. Por el otro, México ha brindado apoyo para que Honduras cuente con Centros de Control de Confianza en sus agencias de seguridad.
En suma, son varios y diversos los temas que el nuevo gobierno de Honduras enfrenta, tanto a nivel de su seguridad pública como la seguridad nacional. Pero sin duda alguna estos nos los podrá enfrentar de seguir la crisis política, con un Congreso totalmente dividido incluso antes de que entrara en funciones Xiomara Castro, por lo que se vuelve inminente tener un Congreso capaz de operar y resolver pendientes legislativos no solamente en materia de seguridad sino también de salud, educación, entre otros.
Gustavo Mauricio Bastién Olvera es experto en temas de seguridad. Actualmente se desempeña coordinador de grupo en el programa Foretell del Centro de Seguridad y Tecnología Emergente de la Universidad de Georgetown. Ha sido profesor de la maestría de Cooperación Internacional del Instituto Mora, así como de la Universidad Nacional Autónoma de México, del Centro de Investigación y Docencia Económicas y la Universidad de la Policía Nacional de Honduras. Fue premio de la juventud 2015 de la Ciudad de México. Es licenciado en Relaciones Internacionales por la UNAM y maestro en Derecho Internacional Público por la Universidad de Leiden. Es miembro del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales.
Twitter: @Mau_Bastien
