El reacomodo en la fuerza política local que los capitalinos otorgaron a Morena y a sus partidos aliados, tras las elecciones del 6 de junio, generó diversas reacciones en las redes sociales. Una de las más desatinadas, pero interesantes, fue protagonizada por internautas que hicieron uso del humor y del clasismo para intentar explicar, mediante una serie de mapas, el triunfo del bloque PAN-PRI-PRD sobre nueve de las 16 alcaldías de la Ciudad de México. Parte de su premisa era que sus votantes, asentados en el poniente de la capital, integraban a la clase más acomodada, mientras que la población del oriente, dependiente del Estado y de sus programas sociales, había tenido preferencia por una izquierda interesada en perpetuar la pobreza de sus habitantes. Así, dichos mapas no sólo reflejaban la diferenciación político-ideológica de la ciudad, sino su segmentación social, cultural y económica.
Más allá de si esta división electoral –basada en absurdas categorías de clase– fue producto de la burla y de un mal intento por recrear los términos con que Charles Dickens diferenciaba al Londres y París de fines del siglo XVIII o la forma en que se dividió a la Alemania occidental y oriental entre 1949 y 1989, es un hecho que los internautas recuperaron problemas vinculados a una vieja realidad señalada con mucha claridad en el siglo XIX. El primero de ellos es la desigualdad social que ha ido incrementándose con los años, pero que pierde seriedad cuando se explica en términos de quienes pagan impuestos o reciben subsidios. El segundo es la segregación espacial de la ciudad que implica analizar cómo se ha ido configurando el espacio urbano y cómo restringe el desarrollo humano. Un último punto son los cambios, aunque matizados, en las preferencias electorales de los capitalinos.
Sobre esto último, lejos de atribuir la transformación a una campaña de desprestigio, a una sobreestimación en la intención del voto o a la agenda política de la coalición opositora, me parece importante no perder de vista el supuesto voto de castigo que la clase media ejerció contra el partido del presidente, el apoyo que recibió de la clase trabajadora y, sobre todo, el rumbo que este antagonismo podría dar al proyecto de la 4t y a cualquiera que aspire a obtener el triunfo en las elecciones del 2024. Por ello, cabe preguntarse si es posible que un gobierno administre y vele por el bienestar de todos quienes integran a una nación, si hay alguna vía para ganarse el apoyo popular en tiempos de crisis o de elecciones y qué factores pueden contribuir a su caída.
Sin duda son preguntas de larga data cuyo origen podríamos rastrear en las discusiones del derecho natural aristotélico. Por ahora, las ideas de los filósofos políticos del derecho natural del siglo XVII, como Samuel Pufendorf (1632-1694) y Christian Wolff (1679-1754), me parecen más oportunas para intentar abrir un debate en torno a estas interrogantes. Pufendorf y Wolff no sólo criticaron la noción de un soberano absoluto, sino que dieron al principio del “bien común” –es decir, la satisfacción de las necesidades económicas o materiales del cuerpo social– un sentido racional y utilitario, resaltando su papel para evitar todo aquello contrario al bienestar. En ese sentido, referían la importancia de establecer un contrato entre una figura superior política y los súbditos. La primera debía regular la armonía y proporcionarles paz y seguridad. A cambio, los individuos contraían una serie de obligaciones ante la autoridad y todos los miembros de la comunidad, sin que ello significara la pérdida de sus derechos que no podían ser ignorados por ningún gobernante. Así, no sólo les correspondía el principio de sociabilidad, bajo el cual cada persona se comprometía a participar cuanto pudiera en el mantenimiento de una sociedad pacífica, sino que podían delegar el poder y ponerle límites.
Aunque son más de tres siglos los que nos separan de estos filósofos –abiertos defensores de las monarquías–, sus ideas acerca de la coexistencia armónica entre los individuos, de su deber para promover el bienestar del Estado, del poder del pueblo para revocar el mandato de un gobernante, así como de la responsabilidad de este para garantizar la felicidad de sus gobernados, no han perdido vigencia. Los resultados de las pasadas elecciones demuestran que el triunfo de la alianza PAN-PRI-PRD todavía está lejos de ser contundente en todo el país. Sin embargo, hay factores que ponen en riesgo la permanencia de MORENA en el poder. Primero, el distanciamiento que el presidente ha tenido en relación con las causas progresistas. Segundo, la cantidad de alcaldías que se perdieron en la Ciudad de México, lo cual evidencia que un alto porcentaje de la clase media, asentada en nichos y colonias muy específicas de la capital, ya no se siente representada por las políticas del partido, a pesar de haber contribuido a su triunfo en 2018. Y, tercero, la resistencia del gobierno a cobrar más impuestos a los ricos y redistribuirlos entre su población más vulnerable. Así, aun cuando la clase trabajadora, diseminada en mayor o menor medida en toda la ciudad, le refrendó su apoyo ante una política social más cercana a sus necesidades, este sector no sólo no ha sido beneficiado como se esperaba, sino que se le ha asignado un porcentaje mínimo del PIB para cubrir gastos provocados por la crisis.
En ese contexto, el reto de la actual administración consiste en avanzar hacia la construcción de un Estado de bienestar que aumente el gasto social, garantice la seguridad social y los servicios de salud, abrace las causas progresistas necesarias para su desarrollo y esté dispuesto a escuchar y negociar las demandas de todos los sectores. En cuanto a la ciudadanía se refiere, nuestro papel debe dirigirse a exigir proyectos políticos verdaderamente centrados en mejorar la calidad de vida y la felicidad, sin que ello signifique desligarnos de nuestra obligación de contribuir con lo que nos corresponde, y de acuerdo a nuestras posibilidades, al fortalecimiento y prosperidad del Estado.
