Gustavo Sosa Núñez
Cada vez es más evidente el impacto que el cambio climático está teniendo en el planeta. Se ha documentado el acelerado derretimiento de los glaciares, las temperaturas inusualmente altas en invierno en el cono sur, los incendios forestales en diversas latitudes que arrasan con pueblos enteros y contaminan el aire de urbes, las lluvias excesivas – cada vez menos atípicas – que causan inundaciones severas, la creciente y constante sequía de territorios previamente fértiles, así como la acidificación y el aumento de la temperatura de los océanos, entre otras afectaciones ambientales con implicaciones sociales y económicas.
La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio de Estados Unidos (NASA, por sus siglas en inglés) señala que julio del presente año ha sido el mes más caliente del que se tenga registro desde 1880, y que gases de efecto invernadero –esencialmente dióxido de carbono y metano– están incrementando consistentemente su presencia en la atmósfera. Asimismo, se ha reducido el hielo del ártico y aumentado el nivel de mar, además de que se proyecta una ralentización de la circulación de corrientes oceánicas –lo que impactará aún más en la modificación del clima–. Todo esto se acompaña de un aumento de 1.1°C en la temperatura global desde la era preindustrial (NASA, 2023).
Esta preocupante situación continuará si no hay una reorientación del status quo. El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) ha expresado que, de continuar el ritmo actual de emisiones, se alcanzará un aumento de temperatura de 1.5°C entre los años 2030 y 2052, y para 2100 el incremento puede ser de 3°C (IPCC, 2018). Con esto, y desde hace tiempo, la información científica ha incidido en la conformación de reuniones y acuerdos políticos internacionales, destinados a mitigar y adaptarse al cambio climático, estableciendo compromisos nacionales.
Sin embargo, el nivel de compromiso no es el mismo entre todos los actores y las acciones pueden tergiversarse para satisfacer intereses particulares. Como ejemplo está la próxima Conferencia de las Partes, la COP 28, a celebrarse a finales del presente año, que tiene como anfitrión a los Emiratos Árabes Unidos y que designó al jefe de una compañía petrolera para dirigir tanto las negociaciones como el diálogo sobre el clima. Esto sucede mientras António Guterres, secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), comenta que ha llegado la era de la “ebullición global”.
En esta tesitura, los gobiernos se comprometen a hacer frente a esta amenaza a la existencia humana mientras preservan los patrones de producción y consumo que han ocasionado la situación actual. Se ha reconocido la necesidad de transitar a la generación y el uso de energías renovables, pero continúa la promoción de la exploración y extracción de combustibles fósiles en distintas latitudes e intensidades. La premisa es que la transición sea gradual, lo que, en consecuencia, ralentiza las acciones que deben tomarse urgentemente. En
este punto es importante considerar la dependencia que las sociedades tienen a los derivados del petróleo, cuya producción, manejo y posible sustitución merece consideraciones importantes que usualmente pasan desapercibidas en las apreciaciones respecto a la transición energética.
Por su parte, las sociedades están polarizándose en torno a este tema. El activismo ambiental tiene distintos matices dependiendo de la agenda y la ubicación geográfica; en algunos casos, sus exigencias se acompañan de desobediencia civil. En sentido contrario, surge una creciente tendencia a negar el problema, la cual se fortalece ante la posibilidad real de tener que modificar estilos de vida.
Ante esta paulatina polarización societal –con compromisos gubernamentales ralentizados y ralentizadores– ¿Qué se puede o se debe hacer? El discurso público tiene distintos matices ubicados entre esperanza y fatalismo, donde la postura que llegue a permear puede coadyuvar a definir no solo el rumbo sino también el alcance de las propuestas y acciones.
Se ha mencionado al desarrollo sostenible como el concepto central para realizar el viraje necesario según el cambio planeado, que se basa en el crecimiento económico. También existen alternativas a ese desarrollo, algunas son promovidas como economía circular y economía de la dona (doughnuts economics). Otras son puestas en práctica como política pública, como el “Buen Vivir” en Bolivia y Ecuador.
Hay otras propuestas que están en fase teórica, pero que despiertan interés entre quienes exploran opciones radicales para girar el rumbo. Un ejemplo es el “decrecimiento”, propuesta que está recibiendo empuje para aparecer en el panorama de opciones. De hecho, la Unión Europea ya está financiando investigación científica sobre el tema. Además, surgen otras conceptualizaciones que pueden cobrar fuerza a futuro, como el post-crecimiento y el metabolismo circular, aunque no dejan de ser vistas como utópicas en un contexto capitalista que rige el planeta.
¿Esto implica que la opción más viable es la preservación del status quo? Hay quien observa la defensa del medio ambiente y el combate al cambio climático como oportunidades de negocio en un marco político y económico cuya vigencia puede estar en entredicho conforme se incrementen y encrudezcan los impactos del cambio climático.
Esta es una historia que se contará en tiempo real. Será interesante conocer el camino que se tome.
Referencias:
- IPCC. (2018). Global Warming of 1.5°C. IPCC-WMO-UNEP. Disponible en: https://www.ipcc.ch/sr15/ [Acceso: 29 de agosto de 2023].
- NASA. (2023). Global Climate Change. Vital Signs of the Planet. Disponible en: https://climate.nasa.gov/ [Acceso: 29 de agosto de 2023].
Gustavo Sosa Núñez es Profesor-Investigador en el Instituto Mora. Doctor en Ciencia Política y Maestro en Relaciones Internacionales por la Universidad de East Anglia. Realizó una estancia posdoctoral en la FCPyS de la UNAM. Miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores, nivel II. Sus intereses de investigación refieren a la política de cambio climático y calidad del aire en México, y a escala regional e internacional.
