La violencia criminal y el despojo de tierras y propiedades son los motivos principales que obligan a las personas a abandonar el lugar donde residen. En México, un país que siempre ha sido violento y donde se han dado casos de desplazamiento forzado de manera histórica, sin embargo, este fenómeno se recrudeció de manera masiva, visible y recurrente a raíz de la declaración de guerra y la implementación de la estrategia para combatir los cárteles de las drogas que decidió y ejecutó Felipe Calderón Hinojosa cuando estuvo en la presidencia. Desde entonces (2006) y hasta la fecha, el espiral de violencia no se ha detenido y el desplazamiento sigue siendo una de las expresiones de la incapacidad gubernamental de control de los grupos criminales pero sobre todo, de la complicidad que guardan esos grupos con autoridades y élites locales en los municipios y estados donde hay gente que tiene que mudarse de manera inminente y sigilosa para evitar seguir siendo víctima de extorsiones, amenazas, cobro de cuotas, saqueos o incluso, desaparición de seres queridos, secuestros o asesinatos.
Desde hace más de 15 años este fenómeno es visible para quienes observan de cerca los efectos de la violencia que, ahora sabemos, el mismo gobierno alentó y de lo cual se benefició, tal como consta en los cargos por los que se condenó como culpable al entonces encargado, ni más ni menos, que de la Seguridad Pública del país, Genaro García Luna, el hombre de confianza de Felipe Calderón Hinojosa, quien en realidad estaba directamente coludido con las redes criminales en lugar de buscar disminuirlas. Desde entonces, el Desplazamiento Forzado Interno, que se define por el hecho de que las personas dejan sus hogares para reubicarse en otro lugar dentro del mismo territorio nacional y, por tanto, bajo la responsabilidad de protección legal y apoyo del gobierno federal, ha generado numerosas víctimas que rozan ya las 400 mil personas desplazadas en nuestro país. A pesar de la gravedad de este proceso y de la recurrencia de casos, sobre todo en ciertos estados del país como Guerrero, Michoacán, Zacatecas al día de hoy, y anteriormente en estados como Chihuahua, Tamaulipas y Coahuila que ocuparon el primer lugar de desplazados directamente vinculados a la violencia provocada por el “crimen autorizado” como llaman Samuel Schmidt y Carlos Spector al contubernio crimen-autoridades que ha permitido, ya sin ningún lugar a duda, preservar esta situación. Irónicamente, ni la gravedad, el dolor y las consecuencias devastadoras que tiene el desplazamiento no sólo para las víctimas directas sino para toda la comunidad donde ocurren estos hecho, han sido motivo suficiente para que en México se apruebe una ley sobre el tema, porque si bien se votó a favor de una Ley General para Prevenir, Atender y Reparara Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno (29 de septiembre 2020); no obstante, y desde entonces, dicha Ley no se ha aprobado en el Senado para que entre en vigor de inmediato, debido a que la Comisión de Derechos Humanos, de Gobernación y de Estudios Legislativos del propio Senado, han pospuesto su aprobación bajo el argumento de que para hacerlo, previamente van a generar foros de debate y deliberación, a los que no han convocado a casi 3 años de la aprobación de dicha Ley por amplia mayoría en la Cámara de Diputados.
Un hecho importante que hay que hacer notar del Desplazamiento Forzado Interno es que se trata de un crimen que no impacta a todos por igual y en realidad, como ocurre con otros tantos crímenes que la estrategia de la “Guerra contra las Drogas”, es que provocó desde su inicio (2006), que las principales víctimas provienen de sectores pobres, de comunidades aisladas y sin visibilidad pública y abierta a la sociedad en su conjunto, con lo que sus casos suelen sumarse a tantas otras víctimas y quedar en la numeralia que los desvanece y, de cierta forma, los abandona a su suerte porque no hay forma de demandar protección y, mucho menos, restitución por los daños sufridos cuando ni siquiera el estado mexicano reconoce legalmente la existencia del Desplazamiento Forzado Interno cuya ley por aprobarse se encuentra esperando en el escritorio de algún senador o senadora.
Hasta ahora el Desplazamiento Forzado Interno se ha definido como consecuencia de la violencia, que sin duda lo es; pero, la narrativa ha cambiado radicalmente para entender que, si ya no queda duda de que fue desde el propio gobierno bajo la responsabilidad de Felipe Calderón Hinojosa donde se instrumentó el contubernio criminal que provocó la situación de violencia generalizada que continúa en distintas zonas del país, entonces, provocar violentamente desplazamiento también fue parte de esa estrategia. El miedo, diría el politólogo Norbert Lechner, también es una vía de control político y tal parece que ese también ha sido el objetivo que ha tenido el Desplazamiento Forzado Interno en tantas comunidades que lo han experimentado. Tal vez más duro que esto es que hay sectores de la sociedad mexicana que dicen desconocer esta situación, la omiten, la minimizan o simplemente, se niegan a aceptar que eso es parte de la herencia criminal que generó el mismísimo poder presidencial de aquellos años del Calderonato que desde un penal en Nueva York, quedó exhibido.
Leticia Calderón Chelius es Doctora en Ciencias Sociales por FLACSO-México. Es Profesora e investigadora del Instituto Mora especializada en el estudio de los procesos migratorios y de las relaciones México-Estados Unidos. Presidenta del Patronato de la asociación Sin Fronteras I.A.P.
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