Por: Mateo Crossa
La crisis hídrica que se vive en el país, en la que 32 por ciento de los hogares presentan condiciones de inseguridad de acceso al agua, es enfrentada desde la administración federal con discursos y narraciones que apelan a la austeridad individual o, en el mejor de los casos, al mejoramiento de infraestructura, sin un ápice de cuestionamiento a la política de privatización hídrica que ha favorecido a las grandes corporaciones trasnacionales que operan en México sin restricción alguna durante las últimas tres décadas.
Dentro de la vorágine de políticas económicas de venta del país que se aprobaron en los años previos a la firma del TLCAN, destaca la Ley de Aguas Nacionales de 1992 que abrió paso a un nuevo régimen de concesiones que convirtió a México en un paraíso para la explotación ilimitada del agua superficial y subterránea por parte de las empresas globales. Bajo el amparo de esta legislación en materia hídrica, el territorio nacional habría de convertirse en un gran corredor de actividades exportadoras intensas en el uso de agua; es decir, en un enclave maquilador y agroexportador basado en el extractivismo hídrico.
Desde los años en que se negoció y firmo el TLCAN, hasta el día de hoy, el discurso empresarial y oficial enaltece el lugar de México como un gran socio comercial estadounidense y como una gran potencia exportadora. Con orgullo anuncia que México es hoy uno de los principales agroexportadores del mundo, el mayor productor de aguacate, uno de los principales productores de frutos rojos (‘berries’) y el mayor proveedor de cerveza para el mercado estadounidense. En esta misma tónica es demasiado común escuchar, con bombo y platillo, que México ocupa los primeros lugares en la producción global de minerales, o bien que es una potencia exportadora del ramo automotriz.
Lo que omiten decir es que todas estas actividades exportadoras no sólo están controladas totalmente por las grandes corporaciones (aquí no sólo se incluye a los extranjeros sino también dupla Slim-Larrea predilecta del gobierno en turno), sino que operan bajo la protección de una política de concesión del agua que les abre la puerta de par en par para el uso privada e ilimitado de este líquido. Si se requieren 180 litros de agua para producir un litro de cerveza, 200 litros de agua para producir un kilo de aguacate y 70 litros de agua para producir un litro de Coca-Cola, valdría preguntarse ¿a quién va dirigida la política de austeridad hídrica? Tal y como lo han demostrado muchas investigaciones, la crisis hídrica en el país es resultado de la hiper-desigualdad en la distribución del agua y la concentración millonaria de las concesiones para un puñado de grandes empresas.
En lugar de restringir las concesiones, limitar el uso del agua a las grandes corporaciones y revertir los cimientos de la ley de agua de 1992 para democratizar las decisiones sobre el uso social de este líquido vital para la vida, la política económica del Estado sigue empecinada en hacer de este país un paraíso para las inversiones extranjeras a través de políticas que, entre otras cosas, mantengan la mercantilización del agua para el uso e interés empresarial y lucrativo.
En este escenario de entrega del suelo y subsuelo hídrico al interés privado del lucro, no sorprende que la violencia y el terror sistemático impuesto contra la protesta social, los defensores del agua y los pueblos originarios esté a la orden del día. Entre los varios casos de agresión y asesinatos de
defensores del agua en el país, destaca el hecho de que el pasado 20 de febrero se cumplieron cinco años del asesinato de Samir Flores Soberanes y persiste la total impunidad. Integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua (FPDTA) Morelos, Puebla y Tlaxcala, y del Congreso Nacional Indígena (CNI), Samir Flores fue defensor del territorio nahua, del agua, de la vida. Lucho contra los megaproyectos que se han apropiado vorazmente del agua en Morelos-Puebla-Tlaxcala para convertir a esta región en un enclave maquilador e hidroextractivo tutelado por las grandes corporaciones trasnacionales.
En esta misma región, hace poco más de dos años (el 15 de febrero de 2022), la Guardia Nacional desalojo con lujo de violencia “la casa de los pueblos Altepelmecalli” que resultó de la ocupación de las instalaciones de Bonafont que, bajo la consigna de “defensa y cuidado del agua” tenían pueblos nahuas de la región de Los Volcanes. Frente a la creciente sequia del río y los pozos en la región, los pueblos de esta región cholulteca decidieron ocupar los pozos de agua de las plantas de Bonafont para dejarlos respirar y revivir. El gobierno, en lugar de tomar este caso como ejemplo para impulsar una política histórica que socializara el agua, decidió reprimir y desalojar.
Estos son solo algunos ejemplos que demuestran a quién responde la política del agua en el país y a quién se le da la espalda. ¡Democratización y socialización del agua ya!
Mateo Crossa Niell
Profesor investigador del Instituto Mora. Doctor en Estudios Latinoamericanos y en Estudios del Desarrollo. Sus líneas de investigación giran en torno a la economía política, desarrollo y dependencia en América Latina, poniendo especial énfasis en la reestructuración productiva internacional y el mundo del trabajo.
