La noticia corrió como pólvora el 28 de enero: a primera hora del día, el profesor brasileño Diego de Oliveira Souza fue deportado desde el aeropuerto de la Ciudad de México junto con sus pequeños hijos, esposa y suegra, quienes llegaron un día antes provenientes de Río de Janeiro con visa autorizada por el consulado mexicano en esa ciudad. La familia planeaba pasar una corta temporada en México aprovechando la estancia posdoctoral que realizaría el Dr. Souza en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM). Todos sus gastos estaban cubiertos por el CNPQ, organismo brasileño equivalente al Conacyt mexicano. No obstante, la autoridad migratoria mexicana lo separaron de su familia, lo aislaron e incomunicaron durante más de 12 horas, no le dieron derecho a llamar ni a sus familiares, su embajada o la institución anfitriona que lo esperaba. Decretaron que su visa era falsa sin mayor revisión y le aplicaron una deportación exprés, que es violatoria de toda norma de derechos humanos de acuerdo con los principios internacionales que México enarbola. Si el caso es grave en sí mismo, lo es aún más porque éste es sólo un ejemplo de lo que se ha vuelto cotidiano desde agosto del 2022 cuando el Gobierno mexicano, de manera unilateral, decidió ponerle visa a los nacionales brasileños para ingresar a México. El argumento de la autoridad mexicana es que podría haber brasileños entre los miles de migrantes que buscan llegar a la frontera norte de nuestro país, pero dicho supuesto se cae por su propio peso dado que esa nacionalidad no represente ni el 1% del tránsito sin documentos que registra el Instituto Nacional de Migración (INAMI). Por el contrario, el mayor número de visitantes desde ese país es por turismo e intercambios comerciales, académicos, amistosos y amorosos, por cierto, de perfil económico bastante alto y dispuestos a gastar en nuestro país.
El caso del Dr. Souza no es un incidente aislado ya que en junio del año pasado también se dieron detenciones y algunas deportaciones de profesores e investigadores extranjeros que viajaron a México para participar en el congreso de la Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales (CLACSO). Entonces, la movilización desde las redes académicas logró visibilizar algunos casos e incluso demandar a la autoridad migratoria, lo mismo que al Gobierno de la Ciudad de México, su intervención inmediata en esta arbitrariedad dado que, en todos los casos, los colegas tenían visa autorizada por la Secretaría de Relaciones Exteriores. Sumado a este ejemplo, otro caso que también se conoció por que logró hacerse mediático, fue la expulsión de un matrimonio afgano que llegó a México en octubre del 2021 y que fue deportado a Turquía sin mayor consideración, no obstante, hacia muy poco que habían llegado los Talibanes al poder en Afganistán y regresar a la pareja a su país implicaba enviarlos a morir, cuando el protocolo internacional indica que podían acogerse a la figura jurídica de solicitantes de refugio. Ante la presión que tuvo ese caso, el propio gobierno mexicano, en la representación del Canciller Ebrard, resolvieron traer de regreso a México a la pareja y brindarles la protección humanitaria que corresponde. El trago amargo no se lo deben haber quitado ni aún pasado el tiempo, lo mismo que estará pasando el Dr. Souza, que desde Brasil demanda se pueda resarcir el dañovivido, porque no solo sufrió emocionalmente junto con su familia, sino que tuvo una afectación económica considerable dado el alto costo de un viaje de esta naturaleza.
Este tipo de casos están lejos de ser aventuras de turistas, y por el contrario han sido documentados no sólo en la prensa mexicana, sino en medios de comunicación de cada uno de los países cuyos nacionales, Colombia, Brasil los principales, relatan el mismo esquema de detención, aislamiento, incomunicación y tortura psicológica ante la incertidumbre personal y sobre el destino de los seres queridos de los cuales los separan. En el caso de las personas que cuentan con redes de apoyo, los testimonios se han hecho muy visibles e incluso ya han generado sitios en la web donde las personas narran sus experiencias, lo mismo que se dan tips entre posibles viajeros para tratar de no ser maltratados por la autoridad migratoria mexicana. Aún así, hay cientos de historias que, aunque no cuentan con la misma visibilidad, han padecido la misma experiencia al llegar a la ya temida zona de migración del Aeropuerto de la Ciudad de México. En casos como los nacionales de Brasil, no hay duda que la situación se agravó por la decisión de imponerles visa para visitar México, pero en casos de los nacionales de Colombia, aunque no requieren visa, hay una serie de documentos poco claros que nunca dan total certeza al viajante de que está en orden para entrar a México. La migración también es geopolítica regional y francamente no se entiende cuál es el mensaje que el gobierno mexicano pretende enviar a través del trato que estamos dando a quienes, desde distintos países de latinoamericana, eligen viajar a nuestro país.
Leticia Calderón Chelius es Doctora en Ciencias Sociales por FLACSO-México. Es Profesora e investigadora del Instituto Mora especializada en el estudio de los procesos migratorios y de las relaciones México-Estados Unidos. Presidenta del Patronato de la asociación Sin Fronteras I.A.P.
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