Costa Rica lleva 73 años sin ejército, por lo que la declaración de guerra del recién nombrado presidente Rodrigo Cháves el pasado 16 de mayo, sorprendió a propios y extraños. Esta declaración no se da en el marco de un conflicto clásico, se da en lo que podría ser de las primeras guerras digitales, en la que vemos cómo un gobierno de un país le declara la guerra a una entidad externa responsable de un ataque cibernético, en este caso el grupo de hackers conocido como Conti. Si bien han ocurrido ciberataques contra diversos gobiernos, es el primero que ocurre con tal magnitud y además con tintes políticos.
Hasta el momento, se tienen reportadas que 27 instituciones del gobierno costarricense han sido afectadas, desde el Ministerio de Hacienda hasta la Caja Costarricense del Seguro Social, pasado por el Instituto Meteorológico. Las afectaciones son variadas, incluyen el cifrado de información, la extracción de información sensible y afectaciones diversas en la funcionalidad de los sistemas. Esto ha obligado a diversos usuarios a regresar al uso del papel para realizar trámites, y se han provocado retrasos incalculables en el rubro de importaciones y exportaciones, mismo que se acaba de restaurar hace apenas cinco días. También se dieron ataques a los hospitales y centros de prueba COVID-19, por lo que cambia el paradigma respecto a las implicaciones de un ciberataque que eventualmente puede tener víctimas fatales. Desde que inició su ataque, en abril, Conti ha solicitado rescate al gobierno, en lo que se le conoce comúnmente como un ataque ransomware o secuestro virtual.
Este ataque lleva a plantearse diversas reflexiones. La primera, y relacionada a temas de manejo de emergencias, es que la Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo, se centra en riesgos de origen natural, con una escasa mención a emergencias con enfoque tecnológico. Por lo que resulta necesario que los países cuenten con un marco jurídico acorde a las necesidades actuales.
En segundo lugar, se plantea la interrogante respecto a que una buena estrategia de gobierno digital, que busque reformar los trámites burocráticos, tiene que ir acompañada de un pilar robusto de ciberseguridad. Si bien Costa Rica se encontraba clasificada como país de “Muy Alto Nivel”, de acuerdo con el Índice de Desarrollo de Gobierno Digital de las Naciones Unidas; en temas de protección a su infraestructura crítica, el Reporte de Ciberseguridad 2020 publicado por el Banco Interamericano de Desarrollo y la Organización de Estados Americanos, ya detectaba áreas de mejora, como lo son en la gestión de riesgos y coordinación para la defensa cibernética.
Un tercer aspecto que se observa es el de la cooperación internacional para prevenir e investigar los ciberataques. En este caso, Estados Unidos, ofreció una recompensa de $10 millones de dólares, a cambio de pistas que llevaran a la captura de miembros criminales de Conti. Tras ese anuncio, Conti incrementó el monto del recate que solicitaba a $20 millones de dólares, junto con un llamado a la revolución y desconocimiento del gobierno actual.
En conclusión, queda para reflexionar si un país como Costa Rica, de tradición pacifista, se encuentra en la encrucijada y con la necesidad de contar con un ejército para su ciberdefensa. De igual forma, se contempla las vulnerabilidades que la digitalización de servicios sin una estrategia integral puede llegar a tener. Es importante que los gobiernos entiendan el valor de los datos que tienen de sus ciudadanos, recordando la frase del científico de datos Clive Humby, respecto a que “los datos son el nuevo petróleo” y parece que las nuevas guerras serán en parte por ellos. Asimismo, esto es un llamado a la acción para que países vecinos implementen los protocolos necesarios para evitar ser víctimas de un ataque similar, además de contar con las herramientas necesarias de resiliencia para mitigar los impactos que se puedan tener.
Sobre el autor
Mauricio Bastién es especialista en temas de seguridad y tecnología. Actualmente es Investigador Técnico Senior para temas de Derechos y Gobernanza Digital con Development Alternatives Inc. (DAI) y la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). Colabora en el proyecto de Análisis Prospectivo de Riesgos del Laboratorio de Investigación Aplicada para Inteligencia y Seguridad de la Universidad de Maryland. Anteriormente trabajó con el Centro de Seguridad y Tecnología Emergente de la Universidad de Georgetown. En el Gobierno de México trabajó en la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Gobernación. Asimismo, se ha desempeñado como consultor en temas de seguridad en el Banco Interamericano de Desarrollo en Washington DC. Ha sido profesor en el Centro de Investigación y Docencia Económicas, el Instituto Mora y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Es licenciado en Relaciones Internacionales por la UNAM y maestro en Derecho Internacional Público por la Universidad de Leiden. Es asociado del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales.
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