En mi caso, tengo observaciones que van más allá del pronunciamiento emitido a nombre del Colegio de Investigadores de mi propio centro de trabajo y de algunos textos que colegas y analistas han publicado sobre la iniciativa de Ley General en Materia de Humanidades, Ciencia, Tecnología e Innovación (Ley HCTI), que presentó el Poder Ejecutivo al Congreso de la Unión y que en breve abrirá un mayor debate para su eventual aprobación.
En primera instancia me parece que hay una confusión de origen en este debate, ya que en el discurso público se tiende a equiparar como lo mismo la producción científica diferente a la dirección desde el estado sobre los centros públicos donde se trabaja para producir resultados científicos en gran diversidad de áreas. Esto implica que, si bien la producción científica es una actividad que puede ser profesional y remunerada, también y muchas veces, se realiza sin estar adscrito a una institución y sin retribución económica alguna desde ámbitos más domésticos, comunitarios o incluso comerciales. Es decir, ni todos los que son científicos están en centros de investigación ni toda la ciencia se limita a lo que se coordina desde CONACyT. Parece obvio, pero presentar este punto como lo mismo ha llevado a algunos a omitir el hecho de que quienes trabajamos como científicos en instituciones públicas estamos sometidos a normas y principios que siempre se han considerado estratégicas para apoyar el devenir del país. Así ha sido durante décadas y en eso no hay ninguna novedad. Trabajar para una institución pública implica ser parte de la estructura laboral del propio estado y siempre ha significado sujetarse a ciertas pautas y lineamientos diseñadas desde quien dirige la política científica. Sin duda, dicha dirección trae consigo el sesgo del proyecto político del grupo que está en el poder, lo que ha ocurrido siempre, y quien diga que anteriormente no ocurría así, tal vez simplemente no se dio cuenta entonces.
Otro punto que se repite en algunas comunidades científicas y que vale la pena rescatar es que, se afirma, no se tomó en cuenta la opinión de los científicos para elaborar la iniciativa de la ley hoy a debate. Sin embargo y, por el contrario, probablemente esta es la primera vez que se tomaron en cuenta muchas voces que antes fueron silenciadas. Entre esas voces tal vez no están muchos de quienes hoy sólo ven retrocesos y ningún avance, pero para serles sincera, anteriormente los órganos de dirección de las distintas gestiones del CONACyT, sobre todo para las instituciones ubicadas como no estratégicas para el modelo económico que tuvimos por décadas, eran poco consideradas e incluso menospreciadas públicamente (en gestiones como la de Carlos Bazdresch, Juan Carlos Romero y Enrique Cabrero hay ejemplos).
Desde esta misma lógica también se repite que la iniciativa de Ley restringirá la libertad de investigación. Esta idea parte de una falsa dicotomía que sostiene que si desde la Dirección de la política de la Ciencia se plantea una Agenda que “identifique las necesidades y problemas locales y regionales y recoja las propuestas generadas por la propia comunidad, incluyendo a los pueblos, comunidades, indígenas, afromexicanos, campesinos y equiparables (art 11)” esto provocará una falta de libertad de investigación. Francamente, por lo menos para mí, ni el parafraseo permite entender esta deducción. ¿A mayor claridad de la problemática nacional como líneas sugeridas de investigación menor libertad de investigación? Este punto, además, muestra que muchos miembros de la comunidad científica no tienen memoria, porque la idea de que los proyectos de investigación consideren la agenda de Los Grandes Problemas Nacionales, tiene por lo menos 20 años, cuando la política de Ciencia desde el Conacyt de esos años, abrió opciones para presentar proyectos, tanto de ciencia dura como aplicada, en un intento de motivar a los científicos a acercarse a lo que hoy sería “prevenir, atender y solucionar problemáticas nacionales”. Esto no implica que cada uno en lo personal y desde sus intereses esté obligado a cambiar su línea de expertisse científico, pero como ocurrió antes, sí hay una intención explicita de perfilar proyectos que consideren de manera más estratégica la realidad nacional en el marco del entorno global, lo que de facto ocurre siempre con la ciencia por más abstracta que ésta sea.
Uno de los puntos que se menciona como preocupación desde los Centros Públicos de Investigación, pero no tanto como para exigir más democratización en los propios CPI es la iniciativa dentro de la ley, de crear una Junta de Gobierno que designará a los Directores de dichos Centros Públicos de Investigación. El detalle es que, hasta ahora, la designación de Directores es una atribución directa de la presidencia de la república a través del Director en turno del CONACyT. Nada de participación de la comunidad salvo a nivel consultivo. Así que en realidad esta sería una oportunidad para solicitar que los miembros de cada centro sean considerados formalmente en estas designaciones, lo mismo que mantener la vida funcional administrativa plenamente autónoma para evitar la burocracia excesiva, en eso coincido con voces que alertan sobre generar nuevos mecanismos e instancias de designación externa.
Dos últimos puntos que no me resisto a mencionar porque son como el cuento de Pedro y el lobo. El primero, la mención acrítica de que la Iniciativa de Ley elimina el aporte del 1% del PIB que la legislación tuvo establecido por años sin que se pida se explicite cómo se sustituirá esta responsabilidad. Si bien es importante exigir el compromiso de financiamiento del estado de manera clara, lo único malo es que este argumento parte de omitir que, por décadas de política del estado hacia la ciencia, jamás se cumplió ni con el 10% de ese compromiso y cuando el presupuesto llegó a tener cierta holgura, se desvió a estructuras fuera de la dinámica de los propios CPI e incluso a empresas privadas y trasnacionales. Finalmente, el segundo punto de inferencia sin sustento (salvo que alguien tenga información veraz y no sólo suposiciones maliciosas) es que la propuesta de articular los CPI en grupos para coordinarnos con mayor agilidad, nos llevará irremediablemente a perder autonomía e incluso, la desaparición de algún CPI. Aseverar esto último es de tal gravedad que no puede mencionarse simplemente como una posibilidad, sin decir en qué se sustenta dicha opinión a partir del texto de la propia ley. Sobra decir que desde el inicio del sexenio ha habido voces que mencionan esta posibilidad en un afán de alarmar, preocupar y, sobre todo, descalificar un proceso que, en todo caso, hay que exigir se afinen y aclaren dudas, pero no creo que pueda ponerse en duda la intención de que la ciencia que se produce con financiamiento desde el estado deba buscar vincularse de manera más directa a la propia nación a la que se debe.
Leticia Calderón Chelius
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