Por Georgina Cárdenas Acosta y Edgar Iván Zazueta Luzanilla
Durante la segunda década del siglo XX y los albores del siglo XXI una serie de conceptos como la igualdad sustantiva como un derecho humano, las acciones afirmativas, el empoderamiento, las cuotas de género, la paridad, la interseccionalidad, entre otros, comenzaron a integrarse de forma amplia tanto en políticas públicas como en documentos internacionales, nacionales y locales.
Estos cambios no podrían entenderse sin la influencia del feminismo, que además se ha entrelazado con otros campos como el de las masculinidades y la diversidad sexual. Sin duda, el feminismo es un proyecto ético que ha permeado en las instituciones y en la vida cotidiana de las personas, y no solo tiene un potencial de cambio para la vida de las mujeres sino para toda la humanidad, porque apuesta a la dignidad de las personas, por un cambio civilizatorio y por desmontar los roles y estereotipos de género. Cada día hay más personas convencidas de la imperante necesidad de percibir y vivir el mundo más allá de una visión hegemónica, heteropatriarcal y colonial; que incluya a la diversidad de mujeres, las que viven pobreza, las que están en condición de discapacidad, las disidentes sexuales, las madres y amas de casa, las adultas mayores, en fin, todas las mujeres.
El feminismo, desde sus diferentes corrientes (liberales, marxistas, transfeministas, socialistas, ecofeministas, radicales, interseccionales) han luchado por la obtención de derechos políticos y civiles para las mujeres, y luego visibilizaron la violencia, crearon una epistemología feminista, tipificaron el feminicidio y el transfeminicidio, y han permitido a las mujeres de la CDMX y Oaxaca decidir sobre su cuerpo; asimismo han hecho efectivo el derecho a las mujeres a acceder paritariamente a puestos de elección popular.
Las sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) han posibilitado que la igualdad y la equidad se traduzcan en una efectiva representación política de las mujeres, a pesar de sus diferencias, quienes ahora de forma paritaria construyen y definen la agenda pública y política. De acuerdo con el Informe global sobre brechas de género 2020 del Foro Económico Mundial, México se encuentra en el lugar 14 de entre 153 países en materia de empoderamiento político. Esto nos habla de que el principio de la paridad es efectivo, es una herramienta exitosa para la incorporación cuantitativa de las mujeres.
También nos interesa señalar que, en la academia se hace necesaria la existencia de otros diálogos políticos con varios grupos vulnerables por el patriarcado, en este sentido apostamos a que la democracia, la inclusión y la congruencia teórica deben abrazar el valor de la diversidad en el movimiento feminista y de mujeres e integrarla de tal forma para que sea parte no sólo del imaginario social y el discurso, sino también en acciones del movimiento y, de esta forma, se reconozcan los derechos libres de discriminación y exclusión, además de reconocer a la diversidad como un eje fundamental del desarrollo sustentable y la Agenda 2030, los cuales forman parte de diversos acuerdos que México ha firmado y por los que está comprometido a cumplir.
Las acciones afirmativas que parten del reconocimiento de la histórica y estructural desigualdad de poder y goce de derechos de muchas personas vulnerabilizadas (como las llama Alda Facio) han sido de gran valía porque tienen el objetivo de acelerar el logro de la igualdad.
Este tipo de acciones las podemos ver consolidadas a través de las diversas sentencias, tesis y jurisprudencias de este TEPJF, las cuales se caracterizan por la progresividad de los derechos humanos y por ampliar las definiciones, de forma tal que éstas sean garantías de la igualdad. Y es que la igualdad jurídica es indicativa de la igualdad esencial entre las personas.
Una de estas sentencias progresistas es la sentencia 121/2020 que se suma a las acciones garantistas de la igualdad, se caracteriza por su perspectiva interseccional y de género. Luz Galindo dice que la interseccionalidad es una herramienta de análisis que permite reflexionar sobre el poder porque muestra las desigualdades y su impacto en las condiciones de las personas, pero también muestra un vacío, una ausencia de algo que debería estar.
La sentencia 121/2020 debe leerse en el marco de la construcción de una sociedad, más justa e incluyente que busca garantías civiles y políticas a las personas vulnerabilizadas que han vivido diferentes formas y dimensiones de la desigualdad y discriminaciones cruzadas como, por ejemplo, las personas indígenas, afromexicanas, las personas con discapacidad, las personas de la diversidad sexual no heterosexual.
Con esta sentencia se amplían obligaciones a los partidos políticos para postular candidaturas indígenas a diputaciones por el principio de mayoría relativa y se considera la paridad de género como un eje primordial; además de que tiene una perspectiva incluyente y tienen cuotas de diversidad sexual.
Aunque en México avanzamos en la paridad, todavía falta mucho por hacer porque se necesita de personas desertoras del orden patriarcal. Hace falta deconstruir las relaciones de poder que soportan la ideología de la superioridad masculina, contrarrestar el menor poder simbólico de las mujeres, la subvaloración de lo femenino y la subordinación de las mujeres. Se requiere eliminar la tensión y la lucha que hay para escatimar derechos porque, como dice Joan Scott, ninguna ley puede transformar instantáneamente una situación en la cual el género y el poder han estado entrelazados durante tanto tiempo.
Sigamos trabajando juntas, juntos y juntes.