Lourdes Melgar
Imposible imaginar peor escenario: en medio de la pandemia por el COVID-19, el acuerdo de estabilización petrolera de la OPEP más Rusia se derrumbó. El virus acabó de colapsar la demanda de petróleo, mientras que la guerra comercial por el mercado petrolero redujo los precios del crudo en un 80%. Los analistas internacionales preven que Brent ronde los $12 dólares por barril en 2020. La mezcla mexicana caería por debajo de $10 dólares por barril, lo que supondría un duro golpe al presupuesto federal y a Pemex, a pesar de las coberturas adquiridas. Aún con un nuevo acuerdo, la volatilidad se ha instalado en el mercado petrolero.
El presidente López Obrador afirma que México está preparado para la crisis: tiene reservas, un fondo de estabilización y una base económica sólida. No hay sentido de urgencia. Sin embargo, esta percepción podría no estar del todo alineada con una realidad que podría socavar la estabilidad económica y social de México. De hecho, el gobierno tiene la oportunidad de convertir un inminente tsunami en justificación para reorientar su política energética. El marco legal vigente brinda la flexibilidad necesaria para realizar ajustes y tomar el camino de la cuarta revolución industrial, alineada con la sostenibilidad ambiental y social.
A pesar de ser un crítico acérrimo de la reforma energética, el Presidente López Obrador se ha comprometido a no revocarla antes del 2021. No obstante, su administración ha cancelado elementos clave, como las rondas petroleras y las subastas de energía eléctrica, ha debilitado a los reguladores y modificado reglas del juego. En la práctica, la política energética se ha enfocado a limitar los espacios ganados por el sector privado, en aras de restablecer el poder monopólico de las Empresas Productivas del Estado, minando la competencia. Sin embargo, en un contexto complejo, ni Pemex ni la CFE tendrían los recursos suficientes para garantizar la seguridad energética, es decir, la disponibilidad de energía a precios competitivos.
México, país consumidor de energía con recursos petroleros, podría sortear la crisis que se avecina tomando medidas enfocadas a redirigir la inversión, promover la participación privada conforme a lo establecido en la Constitución, y fomentar la transición energética. La soberanía energética, piedra angular de la administración, se fortalecería mediante el desarrollo de los recursos renovables y convencionales del país.
Considerando los desafíos que hoy enfrenta Pemex, la construcción de la refinería Dos Bocas debería postergarse. La petrolera tendría que enfocarse a su negocio primordial: la exploración y producción. Las actividades de transformación industrial deberían evaluarse sobre la base de su viabilidad económica. Con el fin de garantizar la seguridad energética, se promovería la inversión privada en el transporte, almacenamiento y venta al público de petrolíferos. De la crisis, surgiría un Pemex más sólido y viable.
Por otro lado, no es momento de reactivar las rondas petroleras. Las empresas petroleras están recortando inversiones y la cancelación de proyectos de infraestructura, aunada a cambios regulatorios en México, ha minado la confianza de los inversionistas. En cambio, a fin de inyectar recursos frescos y mantener la ejecución de sus proyectos, Pemex podría identificar alianzas estratégicas (¨farm-out”) a celebrar en 2021. Para ello, las Secretarías de Energía y de Hacienda habrían de definir modelos de contratos y la CNH alistaría las licitaciones.
México tiene la oportunidad única de adquirir gas natural a precios históricamente bajos para sus plantas de generación eléctrica y su industria. La infraestructura está lista. Consumir gas barato permitiría reducir las tarifas eléctricas sin subsidios y mitigar emisiones, algo que la sociedad agradecería, además de que impulsaría la competitividad de la industria.
Es menester también reanudar las subastas eléctricas y avanzar en la construcción de líneas de transmisión. México se beneficiaría con la creación de empleo y con el desarrollo de cadenas de suministro, estableciendo requerimientos sólidos de contenido nacional. El cumplimiento de las evaluaciones del impacto social y de la consulta previa, libre e informada a las comunidades indígenas, proporcionaría al gobierno una narrativa alineada a la 4T y llevaría beneficios concretos a las comunidades.
Una estrategia innovadora que preserve la rectoría del Estado e impulse el desarrollo sostenible del país es posible. El desafío es transitar de una visión idiológica al pragmatismo que requiere el presente.
Investigadora Nacional, SNI1.
Este texto forma parte de la colaboración entre EL UNIVERSAL y el Instituto México del Wilson Center
