Por décadas la protección de la seguridad nacional fue usada de pretexto para cometer todo tipo de atropellos. Enfrascados en la Guerra Fría y en el combate a la “amenaza comunista”, los Estados Unidos, de donde proviene el concepto de seguridad nacional, cometieron asesinatos y violaciones a los derechos humanos, hicieron espionaje, intervenciones, y apoyaron dictaduras militares en países de América Latina. Todo esto supuestamente amparado en su Ley de Seguridad Nacional, pero en realidad, enmarcado en lo que se terminó denominando como la Doctrina de Seguridad Nacional, que a la luz del presente se entiende como una herramienta implementada por los EE. UU. para influir militarmente en el exterior y controlar territorios.
En las décadas de los sesenta, setenta y ochenta, fuertemente influenciado por el vecino del norte, el Gobierno de México persiguió a grupos antagónicos de izquierda y permitió a la CIA monitorear “el avance del comunismo”, además de que usó a su propio aparato de inteligencia, la infame Dirección Federal de Seguridad, para hacer el trabajo sucio. Esta orientación de la seguridad nacional condujo al espionaje a partidos y grupos políticos opositores y a eventos tan desafortunados como la masacre estudiantil de Tlatelolco en 1868 y el llamado Halconazo de 1971.
Con la finalización de la Guerra Fría, si bien no se acabó la persecución política a los grupos de izquierda, la seguridad nacional pasó a concentrarse en fenómenos como el terrorismo y el narcotráfico, y se vinculó con la fallida política contra las drogas de Felipe Calderón, quien incrementó estrepitosamente la tasa de homicidios mientras su secretario de Seguridad, Genaro García Luna, se coludía con los cárteles.
La elección presidencial de 2018 en México trajo consigo la esperanza de un cambio principalmente en aspectos como la desigualdad económica y la corrupción; pero Andrés Manuel López Obrador, en su Plan Nacional de Desarrollo, también planteó una nueva visión sobre la seguridad pública que contemplaba un giro al concepto de seguridad nacional para desprender a esta de su orientación al espionaje y a la represión.
En este sentido, se desapareció el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y se creó el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), además de que se designó a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para estar a cargo de la política de seguridad nacional en lugar de la Secretaría de Gobernación.
En diversas ocasiones, el presidente López Obrador ha hecho hincapié en que la nueva dependencia ha adoptado firmemente la política de no perseguir a grupos opositores o partidos políticos, pues él mismo padeció de hostigamiento por parte de los aparatos de seguridad cuando fue candidato; y para sentar las bases de un cambio desde el inicio de su administración, dio una importancia mayor a la protección de los derechos humanos, ahora desde la Secretaría de Gobernación, lo que conllevó un replanteamiento de las funciones de esta dependencia, la cual actualmente, a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración a cargo de Alejandro Encinas, ha entablado lazos con grupos que anteriormente fueron perseguidos bajo pretexto de las políticas de seguridad nacional.
A pesar de los esfuerzos del Ejecutivo, es de reconocerse que aún existen áreas de oportunidad en esta materia debido a las largas inercias que tuvo la política de seguridad nacional en México durante mucho tiempo. Por ello, desde el Senado de la República estamos intentado complementar la actual perspectiva presidencial y en marzo de 2023 propusimos una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública para dotar a la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional de mejores recursos para poder realizar un óptimo control parlamentario de las acciones en materia de seguridad nacional.
Específicamente, se busca que la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional, órgano conformado por legisladores tanto de la Cámara de Diputados como del Senado, tenga más claras sus reglas para la rotación de su presidencia, cuente con mayores recursos financieros y pueda manejar la información clasificada en apego a las leyes de transparencia, pero con el cuidado necesario que implican los temas en la materia.
Igualmente, existen otras reformas que se podrían impulsar desde el Poder Legislativo para continuar con el giro a la visión de seguridad nacional detonado por el presidente, como una reforma sustantiva a la actual Ley de Seguridad Nacional para cerrarle completamente la puerta al espionaje cibernético y fortalecer las acciones tendientes a proteger los derechos humanos.
Sin embargo, estamos convencidos de que vamos en el camino correcto y que no podemos retroceder hacia políticas punitivistas y criminalizantes.
México se encuentra en un momento crucial en muchos sentidos, y por ello es fundamental mantener esta tendencia mediante el compromiso continuo y un trabajo conjunto entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo.
Senadora de Sinaloa por Morena