Pese a declaraciones triunfalistas, mil veces repetidas desde el podio mañanero, la seguridad pública sigue hundida en el más rotundo abandono y fracaso: Con 121 mil homicidios intencionales, las cifras superan las de tres gobiernos anteriores: hoy, la criminalidad avanza escandalosamente en la extorsión y los cobros de piso, de paso y encienden otra vez la luz roja por la república.
La cifra negra del delito es cada día más abultada. La desmoralización y el miedo a denunciar se extienden porque el intento de lograr justicia puede incluso pagarse con la vida; 95 de cada 100 delitos denunciados quedan impunes. Y lo peor, nos estamos acostumbrando a vivir así, en la inseguridad: esa forma de hacer normal lo inadmisible, que diluye incluso la noción y los fundamentos del Estado.
Desde la absoluta y contumaz negación de la realidad, el presidente no cambiará su programa de “abrazos, no balazos”. En el cajón de los “otros datos”, la 4T no cuenta con nada parecido al ejercicio analítico y crítico del auge criminal.
Pero el hartazgo sigue creciendo. Si se abre paso y sale del cerco del miedo y la desesperanza, este gobierno tendrá que rendir cuentas de varias maneras, una de ellas con el castigo electoral.
El llamado a las fuerzas policiales y militares para mantenerse en la omisión ha demostrado ser inútil ante el avance delincuencial, pero además es ilícito y contrario al mandato constitucional de investigar, esclarecer y perseguir los delitos. El cumplimiento de la Constitución y de la ley no es optativo, sino obligatorio.
Parte del descontento social lo comparten también soldados y marinos. Centralizar en la federación las funciones de la seguridad ha cortado de un tajo la división de competencias federales. La competencia más frágil sigue siendo la municipal, bajo cuya jurisdicción habita 90% de la población.
La pretensión de fusionar la Guardia Nacional con el Ejército ¿significa que los municipios deberán depender de las fuerzas armadas y los gobernadores también? ¿Dónde queda la autonomía municipal? ¿La soberanía de los estados irá a la basura? ¿Un ciudadano víctima de la violencia tendrá que presentar su denuncia ante la comandancia militar? Si la iniciativa presidencial que impulsa esos cambios se aprueba, el fracaso será mayor y arrojará nuevos factores de desprestigio para las fuerzas armadas y más exposición a la corrupción y violaciones a los derechos humanos.
Las conductas antisociales de dimensión transnacional también siguen creciendo, casi hasta desbordar la capacidad de los países latinoamericanos e incluso de Estados Unidos, incapaz de contener el mercado de la cocaína y el fentanilo y su cauda de miles de muertes. Sin un frente hemisférico coordinado será imposible remontar ese cuadro, que incide en la relación bilateral. El vecino del norte nunca estará de acuerdo con un gobierno mexicano que voltea la espalda a los ciudadanos y los deja a expensas del crimen organizado.
Con la mezcla terrible de políticos permisivos ante el avance de la delincuencia organizada; procesos electorales infiltrados por ésta; frecuentes homicidios de periodistas y aumento de feminicidios, la narco-realidad seguirá amenazando y avasallando más y más a la sociedad.
En el lado de las soluciones posibles queda el dar dimensión, argumento, proyecto, programa y acción a una gran obra política y administrativa que rescate al país de seguir el actual naufragio ante el crimen organizado. Pienso incluso en programas que pudieran partir del fortalecimiento municipal. El fracaso puede superarse y revertirse en éxito, sólo si hay voluntad de corregir las cosas. En un escenario correctivo, las cámaras legislativas tendrían que asumir la evaluación del gobierno y ocuparse, si es necesario, de fincar el juicio político por los deberes incumplidos. Esa posibilidad parece distante ahora, cuando ni la contraloría ni otras autoridades reaccionan frente a la tragedia que golpea al país.
