Lo ocurrido en Texcaltitlán hace un par de semanas es una expresión muy grave del problema de inseguridad que lastima a la población y pone en evidencia más de lo que se reconoce a simple vista. El dique de contención que impide a la población civil hacer uso de la fuerza por iniciativa propia se ha fracturado. El tigre está suelto y las consecuencias son más peligrosas de lo que parecen.
Hobbes plantea en el “Leviatán” el surgimiento del Estado a partir de un contrato implícito donde cada persona renuncia a su propia defensa y entrega a esa entidad sociopolítica el monopolio del uso exclusivo de la fuerza para salvaguardar el bienestar y la seguridad de las personas. En Texcaltitlán un grupo de campesinos decide hacerse cargo de su propia defensa, hartos de las extorsiones sufridas durante años y ante el evidente abandono del Estado.
Al no reconocer ni aceptar la enorme crisis de inseguridad que vive el país y la ruptura de ese pacto implícito, la frase presidencial “tenemos que combatir la extorsión entre todos” exhibe al Estado completamente rebasado y en el fracaso absoluto. Si el propio comandante supremo de las fuerzas armadas renuncia al uso legítimo y exclusivo de la fuerza, le abre la puerta a la barbarie.
Es sabido que a las 6 de la mañana el presidente recibe diariamente un reporte de lo que ocurre en el país en materia de seguridad. Si esas valoraciones no son capaces de evitar el baño de sangre que desatan las bandas criminales, ¿cuál es la utilidad de tales reportes? Una semana es Texcaltitlán y la siguiente Salvatierra. El recuento de masacres parece imparable, como si fuera imposible prevenir y atender los focos de la violencia criminal desde las instituciones de seguridad pública.
El gobierno debe admitir que está rebasado si es que aún se permite intentar una estrategia mejor a la medida del problema; de lo contrario, seguirá incluso avanzando la sospecha de una tolerancia aliada entre el gobierno federal y líderes de grupos delincuenciales, documentada hasta en fotos y videos de amplia circulación.
¿Sirve tomar el pulso de la seguridad cada mañana si las tragedias siguen ocurriendo inclusive varias veces a la semana? Ayer fue Texcaltitlán, hoy Salvatierra. Es momento de reconocer que la estrategia de abrazos no funciona y dejar de excusarse en el pasado. Las responsabilidades del gobierno se dan todas en tiempo presente.
Aunque la realidad los alcanza a cada rato, los funcionarios de la 4T se niegan a reconocer errores y prefieren maquillar las cifras, manipulando el registro de homicidios y de personas desaparecidas. Habrá que preguntar si la cifra oficial de 174 mil muertos incluye los más de 52 mil cadáveres sin identificar o se estará incurriendo en un proceder muy parecido a la vieja estrategia usada por los gobiernos dictatoriales de Chile y Argentina, en los que sin cadáver no había homicidio; con la salvedad de que hoy sin identificación del cadáver o del desaparecido se busca no sólo ocultar, sino falsear los números mateniendo en el vacío legal a los cuerpos que no tienen nombre.
Una revisión en los índices oficiales de homicidios y otros delitos graves indican que la trampa metodológica consiste en comparar el mes con más alto número de casos, con otro donde el índice sea menor y establecer como verdad el contraste aritmético entre ambas. En la calle, la gente percibe que la inseguridad galopante gana terreno y hay razones para tener miedo en casi cualquier lugar. El ciudadano lo sabe cuando carga también su cuota diaria de indignación.
Cualquier intento de recomposición implica reconocer que no es posible abandonar a su suerte a la población, la omisión gubernamental es complicidad con la delincuencia. De continuar por ese camino habrá más Texcaltitlanes como expresión de hartazgo, desesperación y abandono a la población civil. La ola de violencia de quienes hacen “justicia por propia mano” ganará fuerza si el próximo gobierno no logra revertirla.