En México, gobierno y sociedad hemos fracasado en el control de drogas. Lo que se ha intentado no ha funcionado. Ahora gana terreno abogar por la legalización (no confundirla con la despenalización, que ya existe) abusando del término como varita mágica que acabaría con la violencia asociada al tráfico y como estrategia que facilitaría tratar las adicciones.
En cualquiera de los polos del debate (legalizar el consumo o perseguirlo y castigar a sus actores), es fácil perder de vista lo fundamental: el adecuado funcionamiento de la seguridad y la justicia, siguen de largo tiempo dominados por la ineficacia y la corrupción.
Si el país entero es testigo de las pruebas presentadas ante tribunales federales de Nueva York en el caso García Luna ¿por qué no aprovechar esa tonelada de evidencias para conocer y desmantelar la presunta red de corrupción que con muchos indicios de su existencia prevalece en nuestro país? Nadie pide o exige guerras, lo que se requiere es afianzar la certeza, la legalidad y la confianza de que el Estado mexicano tiene capacidad y poder de decisión ante esta coyuntura.
Si se adoptó el proceso oral y el sistema penal adversarial, es preciso asumir que estos facilitan la colaboración a la verdad de los propios delincuentes, aún si esto se logra mediante estímulos como la reducción de penas, pero avanzando siempre en favor del estado de derecho en el difícil camino de desmantelar cárteles y redes de corrupción.
El proceso contra Joaquín Guzmán, Vicente Zambada y otros actores del narcotráfico y ahora contra Genaro García Luna, debe aprovecharlo el país, como tal, para obtener información actualizada en la difícil tarea central de lograr seguridad, sin separarse del estado de derecho. Esa es y será una función del Estado. Habida cuenta de los intentos y los muchos fracasos acumulados en décadas, no parece haber otra ruta para abatir la impunidad y derrotar al crimen organizado. Esa parece la oportunidad que se abre en 2020 para frenar y evitar la derrota del estado de derecho en México.
Salvo algunos insistentes desplantes retóricos, ocurrencias y golpes fallidos que afectan más a quienes los dan que a quienes los reciben, no se observatodavía reacción estructurada del gobierno en el propósito de contener la violencia ligada a las drogas.
Millones de mexicanos reclaman mayor seguridad, una demanda social que va que vuela para transformarse en decepción, y a mediano plazo en coraje, desilusión y en castigo electoral si es que la democracia aún será sensible para expresarse en las urnas.
La guerra contra las drogas fue un concepto instrumentado por el gobierno de EU a principios de los años 90. De haberse puesto en marcha, América Latina habría sido una nueva versión de Vietnam. El concepto bélico fue readaptado por el Presidente Calderón en 2006. Es sabido que el saldo de muertos se multiplicó hasta llegar a ser parte de nuestra actualidad: en varias entidades surgen frecuentes focos de violencia, con su cauda de cementerios clandestinos y zonas de desastre.
El caso Culiacán, del que hasta la fecha no se ha informado el número exacto de víctimas, representó el repliegue del gobierno ante el poder del narco. Bavispe, con el asesinato de seis niños y tres mujeres, exhibe también muchos de los vínculos de corrupción del narco con autoridades, como en su momento lo hizo el caso Ayotzinapa con el gobierno peñista.
Lo único claro es que el gobierno carece todavía de un plan de control de drogas, afianzado en el estado de derecho, y en una lucha eficaz contra la corrupción.
Para enfrentar la ola criminal y la inseguridad, la 4T ha intentado hacer digerible una amnistía sobre fórmulas de perdón y olvido contundentemente rechazadas por la sociedad. Frente a la inseguridad, -el más grave problema que enfrenta el país, junto con el de una economía sin crecimiento- no hay respuesta ni propuesta. Hay un falso debate, afirmando desde el gobierno federal que no habrá más guerra contra los cárteles. El enunciado es correcto pero el papel del Estado es aplicar el Derecho y lograr el abatimiento de la impunidad.
Si el Presidente insiste solamente en lanzar dardos contra el pasado y se limita a decir lo que no funcionó, ya se le acabó la luna de miel y debe ubicarse en el presente para utilizar los recursos del estado, desmantelar efectivamente la enorme red de corrupción en los tres niveles de gobierno y la impunidad del narcotráfico que controla zonas importantes del aparato gubernamental.
El tiempo apremia. Cualquier esfuerzo de pacificación del país, si no está basado en la Constitución y el derecho, será tan quimérico como de inútiles efectos. Urge ver si finalmente se abre paso una colaboración eficiente entre gobiernos, que permita obtener pruebas para fortalecer y rescatar al aparato de seguridad y justicia. Sólo juicios claros y ejemplares abatirán la corrupción donde se encuentre. Lo demás es poesía.
Notario, Exprocurador
General de la República
