El ataque presidencial contra ministros y jueces no va a parar. Cualquiera que sea el panorama inmediato es claro que su impulsor seguirá sembrando de aquí a 2024 la necesidad de hacer reformas que le permitan nulificar la Constitución y controlar al Poder Judicial, único contrapeso activo para un ejecutivo autárquico y avasallador.
La resolución de la SCJN pone “media estocada” al manejo discrecional de las obras favoritas del gobierno, cobijadas bajo la divisa de “seguridad nacional”, y lo obliga a cumplir con el deber de transparentar la información de cuanta obra emprenda.
Ante estas artimañas, los ciudadanos nos preguntamos qué se puede hacer para obligar a cumplir la Constitución a quien hoy la atropella. El artículo 105 constitucional establece las consecuencias que debe enfrentar un servidor público si incurre en desacato injustificado de una resolución de la Corte: Separación del cargo.
El embate presidencial contra los ministros que anularon el decreto de 2021 exhibía ya un acto extremo y desesperado por mantener en secreto los contratos, concesiones y gastos en obras emblemáticas del régimen. 40 minutos después se dio a conocer el segundo acuerdo que reiteraba la voluntad de ocultar la mecánica de favoritismos en la planeación y ejecución de obras públicas.
La seguridad nacional es la maraca que acompaña la tonada que el gobierno entona, lo mismo ocurre en la compra de medicinas, vacunas, operación de puertos y aduanas y obras de infraestructura turística.
El decreto de 2021 y su réplica posterior, además de inconstitucionales, son propios de una dictadura y contrarios a la obligación de rendir cuentas sobre el gasto público que caracteriza a las sociedades abiertas y democráticas.
Es un derecho inalienable de los gobernados conocer cómo y en qué se gastan los impuestos, derecho doblemente vapuleado por los decretos difundidos entre insultos y actos de linchamiento público contra ministros y jueces que defienden el derecho a saber; como ocurrió en el Zócalo, donde la conducta fascistoide del gobernador de Veracruz provocó agresiones y amenazas a ministros y reporteros en la manifestación del sábado pasado.
¿Qué podemos esperar? Existen diversos actores políticos que, facultados por la Constitución, podrían combatir este nuevo decreto, entre ellos el Poder Legislativo, la CNDH y por supuesto el Inai, cuyo pleno se encuentra incompleto, pero con posibilidad de gestión y defensa de los intereses ciudadanos, aunque sustenta su inacción repartiendo culpas y olvidando las prerrogativas constitucionales de las cuales goza.
Otra posibilidad es que se denuncie ante la FGR la reiterada conducta presidencial violatoria de la Constitución y se inicie un juicio político en su contra para retirarle el fuero que demagógicamente dice no poseer, y someterlo a un juicio por desacato.
Esta opción requiere la mayoría del Congreso, con la Cámara de Diputados como acusadora y la de Senadores como juzgadora. Podemos anticipar que con ella habría solamente un nuevo circo mediático que fortalecería al propio presidente bajo el aplauso de corifeos e incondicionales, que lo alabarían por “someterse democráticamente a un juicio de procedencia” del que obviamente saldría exonerado.
La tercera opción es que el sucesor del presidente en el próximo gobierno destape la caja de Pandora que oculta los manejos gubernamentales y veamos en el futuro un desfile de funcionarios hoy ultrapoderosos y de empresarios consentidos del actual régimen (y uno que otro familiar) bajo investigación judicial.
Tal vez esta es la fórmula más realista, considerando las circunstancias actuales, con partidos de oposición ensimismados en el cálculo de posibilidades de sobrevivir con simples argucias aritméticas, evadiendo una contienda basada en proyectos, propuestas y nuevas ideas ante un electorado que sigue sin ver liderazgos capaces de enfrentar en las urnas de 2024 a quien resulte señalado(a) por el dedo.
