“Antier en este diario la Secretaria de Economía declaró: “a nosotros lo que nos interesa es que las empresas que tienen contratos sientan que se están respetando los convenios que se firman”. Ella misma reconoce que falta certeza jurídica para actuales y potenciales inversionistas que tanto requiere el país en estos días.
La cancelación de una cervecera, el denunciado incumplimiento de contratos del ramo energético, la morosidad de Pemex en el pago a proveedores, el revés a las energías limpias para cogeneración eléctrica y la cancelación del aeropuerto de Texcoco, son apenas una muestra del poco respeto que da la 4T al marco jurídico nacional. Esta conducta gubernamental, ahuyenta el capital y provoca caos y desempleo.
México vive tiempos de legalidad empantanada, con notable y creciente incertidumbre jurídica de las inversiones privadas y una cada vez más escandalosa y amenazante inseguridad pública.
Hace poco México era atractivo a las inversiones extranjeras. Hoy según reportes financieros, han salido del país capitales extranjeros e incluso mexicanos que a pesar de menores utilidades encuentran fuera del país, seguridad jurídica a su capital.
Es tanta la ilegalidad con la que se conduce este gobierno, que la propia sociedad a través de las redes sociales ha tenido que salir en defensa de la autonomía del INE y de otros organismos autónomos. Romper las reglas constitucionales y legales es cosa de todos los días que incluso, compromete el presente y futuro inmediato de la democracia mexicana.
El gobierno sin apego a la legalidad rescinde y termina contratos ya celebrados, pretextando corrupción o ventaja de las contrapartes y acude a la amenaza para hacer a un lado el marco jurídico que debería respetar.
La propia ciudad de México es también escenario de los ataques contra la propiedad privada por una propuesta de cambio en la relación arrendataria que, de aprobarse golpearía a un importante sector de la economía inmobiliaria que representa el 25% de los inmuebles destinados a casa-habitación.
Esta propuesta se encuentra “suspendida”, ya que una consulta pública de la Comisión de Justicia del Congreso local, recibió alrededor de 80 mil opiniones, de las cuales 96% desaprobaba la iniciativa. Ahora en la misma legislatura se preparan para discutir una nueva ley de condominios de la ciudad, que pretende prohibir los contratos Airbnb que se han desenvuelto con gran éxito económico y han abierto una nueva ventana de oportunidades de negocios en la ciudad. No hay razón aparente para destruir esta forma de hacer negocios, salvo la de acabar con lo que represente riqueza.
Han sido constantes los ataques en la capital a la propiedad privada por parte de Morena. ¿Es así como quieren fomentar empleos y atraer inversiones?
Además de la incertidumbre jurídica provocada por la 4T, se suma una creciente inseguridad pública con asaltos a casa-habitación, en la vía pública, en carreteras y autopistas, así como secuestros que amenazan seriamente la seguridad física y patrimonial de muchas familias mexicanas.
Hoy la delincuencia ataca a través de comandos armados y uniformados de 10 o más personas a casa-habitación o transporte público federal. La sociedad se siente desamparada.
El gobierno como respuesta a este ambiente que ya se esperaba por la creciente crisis económica que padecemos, ha reaccionado reduciendo los presupuestos de seguridad pública.
El Presidente afirma que no cambiará la estrategia de “abrazos y no balazos”. Ante el reciente video que ha circulado a nivel nacional en el que un cartel hace ostentación de armas de alto poder, el Secretario de la Defensa expresó que más que un desafío al Estado, se trata del festejo del cumpleaños del líder del cartel, como si esto fuese un mensaje que tranquilizara a la sociedad preocupada y angustiada por esta demostración de fuerza de la delincuencia organizada.
El Presidente ha faltado a su protesta constitucional y a su deber de garantizar la legalidad y seguridad pública y jurídica, las desapariciones, asesinatos, secuestros, asaltos y robos continúan a la alza, ante la indiferencia y ausencia gubernamental. Se ha llegado al extremo de condicionar la aplicación de la justicia al estilo Poncio Pilatos; que el pueblo decida. No hay plan o proyecto alguno que busque incrementar la seguridad y la paz social de este país.
Es increíble que se afirme que los mexicanos vivimos felices.
