El embate del oficialismo mexicano contra la Corte ha comenzado a provocar reacciones. Universidades, foros y colegios de abogados de todo el país se manifiestan en las plazas públicas en contra de la reforma al Poder Judicial. La propia UNAM, otrora enclave lópezobradorista, se une a las protestas en un escenario que recuerda al movimiento estudiantil de 1968. Hasta el icónico Marcos, símbolo por antonomasia de la izquierda mexicana, ha acusado a López de ser más autoritario que Díaz Ordaz. A punto de terminar su sexenio, “El tigre” se voltea contra quien presumía ser su domador.
A pesar de todo, los promotores de la 4T se empeñan en seguir madurando la indigerible manzana envenenada, sin importar el rechazo hacia la iniciativa que trae consigo la pérdida de derechos ciudadanos y un inminente peligro: la consolidación y formalización de un régimen autoritario.
Las reformas propuestas han sido enarboladas por el gobierno como una supuesta estrategia para combatir la corrupción, sin que exista relación causa–efecto entre elegir a los juzgadores por voto popular y erradicar un fenómeno que no es privativo del mundo judicial, sino que crece y se percibe cada vez más en la administración pública.
Esta medida puede incluso convertirse en un factor que la profundice: ¿Qué pasará si al quedar expuestos a las presiones y ofertas de bufetes de abogados, de contribuyentes que busquen evadir impuestos, de la delincuencia organizada y de otros grupos de interés; surgen jueces dispuestos a retribuir lo invertido en sus campañas con sentencias y actuaciones a modo?
Es claro que las verdaderas motivaciones de la reforma judicial son la acumulación de poder y la venganza por resoluciones de la Corte que declararon inconstitucionales varias leyes impulsadas por el gobierno, como la eléctrica, la incorporación de la Guardia Nacional a la Sedena y la reforma electoral. Durante 6 años hemos visto una Corte que se ha enfrentado al ejecutivo en defensa de los Derechos Humanos y de la Constitución.
Culiacán es sólo una expresión más de la ausencia de justicia y de estado de derecho que impera en el país y un ejemplo de lo que podría representar la desaparición o cooptación creciente del Poder Judicial ¿Es eso lo que quiere la mayoría legislativa negada a analizar sus decisiones y dispuesta a seguir otorgando poder absoluto al Ejecutivo?
Asomados a la historia, vemos cómo este escenario se ha repetido en diversas ocasiones. Lázaro Cárdenas fue uno de los que metió la mano en el poder judicial bajo el argumento de que la Corte había sido cooptada por Calles, por lo cual hizo que todos renunciaran como un acto necesario para liberar al país del Maximato.
También en Estados Unidos, tras la Gran Depresión, Roosevelt buscó impulsar el New Deal, del cual la Corte rechazó puntos centrales. El presidente invocó que el país vivía circunstancias extraordinarias; sin embargo, el tribunal supremo le respondió que, si bien era cierto, eso no le concedía a él facultades extraordinarias. Para evadir el freno, Roosevelt emprendió una campaña en contra de los ministros e intentó tomar control del Poder Judicial; sin embargo, los legisladores advirtieron el peligro y se lo impidieron.
Caso contrario a lo que ocurrió en la Argentina de Perón, quien ante el freno que representaba la Corte decidió ampliar el número de ministros para diluir el contrapeso de los que ya estaban. A diferencia de lo ocurrido en EUA, aquí los legisladores no frenaron la ambición peronista y todos sabemos en qué acabó aquello, una Argentina que pasó de potencia económica a un país empobrecido y sumido en una dictadura militar por años.
Hoy millones de venezolanos han huido hacia otros países como Perú, Colombia, Panamá, México y Estados Unidos. Hace unos días me reuní con un empresario venezolano en esta situación. Al despedirnos se me quedó mirando y me dijo, “veme bien, porque estás viendo tu futuro”. Más de uno ve con temor el camino por el que la 4T conduce a México a la par
de Venezuela, una estrategia calcada que siembra la duda de si acabaremos en ese mismo fracaso.
Las primeras reacciones internacionales son indicativas de la incertidumbre que se cierne sobre México. Estados Unidos y Canadá, que históricamente se habían abstenido de emitir opiniones, decidieron por primera vez emitir una advertencia ante el peligro inminente que ven de aprobarse la reforma.
Al final lo mejor para México sería replantear la reforma judicial por una propuesta que de seguridad, fortaleza constitucional, confianza nacional e internacional y sobre todo justicia y un verdadero combate a la corrupción.