Por la manera aplastante en que fue aprobada y algunos hechos precedentes, la reforma judicial comienza a ser considerada, dentro y fuera de México, en los términos de un golpe de estado técnico orquestado desde dos poderes de la Unión contra la independencia de uno de ellos.
Abona a esta percepción, la reacción inmediata presente ya en el panorama económico y financiero como una fuerte retracción de la confianza hacia nuestro país como un buen destino de inversión.
Planea también en ella la manera en que se abrió para el oficialismo hacerse del 74% del poder de votación en el congreso, y uno de cuyos efectos será dejar en manos de la Presidenta un poder absoluto y sin contrapeso alguno. Estos hechos anticipan quizá un alud de solicitudes de amparo promovidos ante juzgados federales.
El segundo efecto es entrar en la espiral de una crisis constitucional resultado del choque entre poderes, si la SCJN decide echar abajo la reforma judicial. Ojalá este escenario no se dé, porque de llegar a concretarse como tal la tentación del gobierno puede ser la de echar mano del ejército.
Me han preguntado si considero que son punibles las conductas traidoras. Si bien lo ocurrido en la cámara de Senadores es un reflejo más de la crisis profunda de los partidos políticos, el hecho mismo de cambiar de opinión no es ilegal, excepto si ese acto se basa en la coacción o corrupción.
De probarse esa coacción o corrupción, serían igualmente responsables quien coacciona o corrompe (sujeto activo) y el coaccionado o corrompido (sujeto pasivo). Sin embargo, en tiempos tan agitados resulta ingenuo suponer que alguien –desde algún órgano de procuración de justicia o tribunal federal- levantará la mano para investigar la punibilidad de lo sucedido la madrugada del martes.
Si 4 legisladores voltearon la espalda a sus votantes, quedará para la historia registrar el hecho y esperar las consecuencias políticas que de él se desprenden. Más urgente es preguntarnos qué efectos inmediatos o a corto plazo puede tener la aprobación de la reforma judicial.
Si el objetivo real de la reforma es remover a jueces federales, magistrados y ministros -actores incómodos cuyas resoluciones podrían seguir limitando acciones y decisiones del Poder Ejecutivo-, el ciudadano de a pie parece que tendrá poco o nada que perder, aunque tampoco esperanza qué aguardar.
Lo más probable es que las cosas de la justicia común y del fuero de los tribunales locales seguirán como siempre, esto es, igual de mal. En los términos planteados, la reforma carece de integralidad, no toca a las policías ni al ministerio público ni menciona siquiera el cáncer que históricamente invade la readaptación social, ahora con un gobierno que se ufana de seguir ampliando el catálogo de conductas que permiten aplicar la prisión preventiva oficiosa mientras los reclusorios siguen llenos de internos bajo proceso con un promedio de 8 años sin recibir sentencia.
El proyecto tampoco trae regalo alguno para personas de grupos vulnerables. En un país que alcanzó en 2022 la cifra oficial de 100 mil desaparecidos, conmueve en las redes el testimonio de una madre buscadora ante un proyecto que ni siquiera los menciona: “somos los olvidados de siempre”, subraya entre sollozos.
De llevarse a cabo la elección por voto popular de nuevos integrantes del Poder Judicial Federal, está por verse cómo organizarán el INE y el oficialismo (ya casi son lo mismo), ese proceso electivo y la creación del órgano de gobierno y el tribunal de faltas y de conductas judiciales en reemplazo del Consejo de la Judicatura.
Morena ha ganado la contienda electoral y ha logrado su propósito de implantar un nuevo modelo de Poder Judicial, pero falta saber si los ministros serán capaces de representar el control constitucional y el poder con tanta dignidad como lo hizo la actual Corte. Es absolutamente deseable que cualquier conflicto que surja con motivo de la integración del congreso y la aprobación de la reforma no salga del cauce del estado de derecho.
Por lo pronto, y por primera vez desde hace muchos años, miles de jóvenes universitarios, trabajadores, sindicalistas y ciudadanos han ganado la calle. La toma del Senado es un primer símbolo de fractura entre la sociedad y el gobierno. A la nueva presidenta le tocará entender y hacer frente a un tigre que está dando señales de empezar a soltarse.
Notario, ex Procurador General de la República