A Enrique Krauze y Héctor Aguilar Camín, con mi reconocimiento
Ante la sed inagotable de recursos fiscales y pese a la promesa de no elevar impuestos antes de 2021, el gobierno federal podría estar estrenando pronto un sistema de espionaje de contribuyentes que —de ser aprobada la adición al artículo 45 del Código Fiscal Federal— incluirá “herramientas” como el uso de cámaras fotográficas, videograbaciones, conversaciones desde teléfonos celulares y “otras” que permitan recabar “información” que sirva de constancia de hechos detectados por una autoridad fiscal.
Zarandeada por malas decisiones desde el inicio de 2019 y por los efectos a corto, mediano y largo plazo de la pandemia, la economía nacional genera cada vez menos actividad y acumula elevados pasivos, comenzando por los de Pemex. No alcanzan los impuestos para financiar programas “sociales” de claro tufo electorero, así que, prepárense contribuyentes para una fuerte escalada recaudatoria del SAT.
Este año actuaron contra algunos grandes contribuyentes que no habían pagado impuestos oportunamente, pero ahora la iniciativa de reformas a leyes fiscales va contra todos, y ya fue presentada al Congreso. El SAT ha estado facultado para revisar los ingresos y los costos y gastos de todos los contribuyentes. Hasta ahí su acción es legal, ¿Por qué podrán ser allanadas y filmadas las oficinas, instalaciones, fábricas y domicilios de los causantes?
Es evidente la intención de investigar el patrimonio de los ciudadanos, aun si para ello se cometen arbitrariedades e incluso se violan la intimidad, la propiedad y los datos reservados que las leyes y la Constitución protegen. Se está exponiendo a las personas a la acción delictiva de quienes puedan obtener y transmitir información sensible del contribuyente. El riesgo será mayúsculo en una sociedad con robos de identidad donde circula más información abierta, democrática, libre y necesitada de más respeto a las leyes y de incentivar las inversiones.
La reforma en ciernes parece una repetición de aquella que facultaba al Inegi a investigar patrimonialmente a los ciudadanos con el pretexto de los censos. De aprobarse este big brother pesquisatorio, será contrario a los derechos humanos contenidos en el Art. 16 de la Constitución, que prohíbe molestar a un ciudadano en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sin mandamiento de autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento.
Todo indica que la autoridad fiscal —facultada para estimar el ingreso real de los contribuyentes— pretende gravar su patrimonio con otro impuesto después de las elecciones, esto es, cobrar dos veces impuestos por los mismos bienes, y para eso servirán las filmaciones y grabaciones.
La evasión fue convertida en 2019, en delito grave, sujeto a la extinción de dominio sobre bienes, aún sin sentencia en contra del ciudadano. Hoy el acoso se perfila, con un gobierno carente de ingresos y con la presión de gobiernos estatales y municipales —más del 90 por ciento de la población nacional reside en ellos— y solo reciben participaciones del 15% y la federación se queda con el 85% restante.
Volvemos hacia la centralización, el absolutismo del gobierno federal, el acoso contra la sociedad y un grave riesgo contra los críticos y opositores al gobierno.
El rumbo que marca el Art. 45 comentado sumado al efecto de otras iniciativas, como el impuesto a la herencia, la investigación patrimonial, el impuesto sobre la riqueza y otras reformas, borra los límites de un régimen democrático que presume de la confianza ciudadana e introduce los modos de una dictadura con un nuevo “gran hermano” que podrá acusar a todos de evasores hasta que no prueben lo contrario.
Notario. Exprocurador General de la República.
