Quienes en 2018 advertían un peligroso paralelismo entre México y Venezuela eran considerados exagerados. Sin embargo, 6 años de gobierno de Morena los han reivindicado. Las evidentes similitudes con el modelo venezolano dejaron de ser una advertencia y hoy son un hecho.
La polarización como principal fundamento de legitimación del gobierno; el acoso sistemático a los medios y comunicadores no alineados con la narrativa gubernamental; los señalamientos de corrupción contra los principales opositores; el desmantelamiento de órganos autónomos y poderes independientes a los que se desprestigia día con día; la cooptación del voto de la población vulnerable mediante programas sociales; el control del árbitro electoral que permite al oficialismo violar las leyes; la sumisión y obediencia del ejército en actividades civiles y la acumulación de poder por parte del Ejecutivo en detrimento de la arquitectura republicana, son elementos comunes que Morena parece haber adoptado del chavismo.
Este gobierno ha perfeccionado las directrices generales trazadas por el foro de Sao Paulo. A diferencia de Maduro, que impuso la Asamblea Nacional Constituyente para llevar a cabo sus metas, Morena decidió conquistar primero el Congreso por una vía pseudo legítima como ruta para socavar las instituciones, comenzando por el Poder Judicial. La urgencia de que las disposiciones de la reforma se lleven a cabo antes de 2027 responde a la preocupación de que en las elecciones intermedias Morena pueda perder el control del legislativo.
Las recientes reformas no son la culminación de un proceso, sino su punto de partida. Lo siguiente será la incorporación de las fiscalías de los estados a una estructura encabezada por la Fiscalía General de la República bajo la supuesta intención de ganar eficiencia en la procuración de justicia, estrategia que recuerda la destitución de la Fiscal General venezolana, Luisa Ortega Díaz, para reemplazarla por quien en su momento operaba la “Defensoría del pueblo”.
Una consecuencia de esto sería la formulación de un solo catálogo delictivo centralizado para toda la república y diluiría el pacto federal, que hasta hoy reconoce la soberanía de los estados para fortalecer las facultades del ejecutivo federal.
La hiperconcentración en este sexenio no ha resuelto ni aliviado el aumento exorbitante de las más lesivas conductas delictivas como el homicidio, la desaparición de personas, los asaltos o las extorsiones y el cobro de piso que se desbordan en muchos rincones del país. Tampoco ha podido contener las masacres ni las guerras de cárteles por el control territorial que originan casos como el de Culiacán y Caborca.
La manera vulgar y silvestre con que Morena ha planteado las reformas se describe de cuerpo entero en el 11° transitorio de la reforma judicial: “Para la interpretación y aplicación de este Decreto, los órganos del Estado y toda autoridad jurisdiccional deberán atenerse a su literalidad y no habrá lugar a interpretaciones análogas o extensivas que pretendan inaplicar, suspender, modificar o hacer nugatorios sus términos o su vigencia, ya sea de manera total o parcial”.
Tan atropellado es el proceso legislativo que la formulación anterior se tropieza con ella misma: el artículo 94 establece una duración de 2 años para los presidentes de la corte, pero no modifica el artículo 97 que fija un plazo de 4 años y una elección a cargo de los propios ministros. ¿Cómo llevar a cabo la literalidad ante la contradicción de dos artículos constitucionales? Averígüelo Vargas.
El oficialismo legislativo vive días de euforia y frenesí carentes de la mínima racionalidad y técnica jurídica. En su afán por controlarlo todo, no se detiene ni siquiera para analizar el significado de lo que aprueba. Si hasta hace poco parecía cosa de trasnochados advertir el peligroso paralelismo con Venezuela como ruta posible para México, reconocerlo hoy forma parte del más elemental realismo.
Notario, ex Procurador General de la República